ORLANDO, Florida.- Un juez del Circuito del Condado de Leon rechazó una demanda presentada por cinco legisladores demócratas que buscaban obligar al Estado a permitirles el acceso al centro de detención migratoria conocido como Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz).
Juez de Florida rechaza demanda de demócratas para acceder al Alcatraz de los Caimanes
Un tribunal estatal rechazó este martes una demanda para obligar el ingreso de legisladores a la controvertida instalación de inmigración en los Everglades, tras serles denegado el acceso durante una visita sin aviso previo.
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Los demócratas argumentaron que durante una visita sin previo aviso en julio de 2025 fueron impedidos de entrar al lugar por autoridades estatales, lo que, según su demanda, violó leyes que permiten a representantes supervisar prisiones y cárceles.
Sin embargo, el juez dictaminó que esas leyes no aplican al centro, pues Alligator Alcatraz, ubicado en una pista aérea remodelada en los Everglades, no cumple la definición legal de prisión estatal ni cárcel bajo la normativa que garantiza acceso legislativo.
El controvertido centro de detención fue construido rápidamente por el estado de Florida en 2025 para alojar y procesar a inmigrantes en procedimientos de deportación.
Está situado en un terreno remoto en medio de los Everglades, con infraestructura temporal y tiendas de campaña, lo que ha generado críticas sobre sus condiciones y propósito.
El gobernador Ron DeSantis ha defendido la instalación como parte de las medidas estatales para responder a flujos migratorios y ha promovido la expansión de instalaciones similares, incluso con espera de aprobación federal para nuevos centros en otras áreas de Florida.
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Críticas y denuncias sobre condiciones y derechos humanos
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado repetidamente condiciones inhumanas dentro de Alligator Alcatraz. Grupos como Amnistía Internacional y varios abogados han hablado de hacinamiento, exposición al calor extremo, falta de atención médica adecuada y escasez de agua potable o instalaciones sanitarias apropiadas, describiendo situaciones que algunos califican como violaciones de derechos humanos.
Además, se ha señalado un problema de transparencia y seguimiento de los detenidos: al no estar plenamente integrados en sistemas federales de datos, familias y abogados enfrentan dificultades para localizar a las personas bajo custodia, lo que ha sido calificado como un riesgo grave de desapariciones administrativas.
Las autoridades estatales, respaldadas por la decisión judicial, sostienen que la instalación no es una cárcel tradicional y que las leyes de supervisión penitenciaria no se aplican a ella, por lo que no están obligadas a permitir ingreso de legisladores bajo esa normativa.
Sin embargo, el caso se da en medio de múltiples litigios relacionados con la legalidad, condiciones sanitarias y derechos de los detenidos, tanto a nivel federal como estatal, mientras Florida continúa impulsando medidas restrictivas en su política migratoria.
