La Corte Suprema falló en contra de la ley federal que prohibía a personas consumidoras de marihuana poseer armas de fuego.
Corte Suprema de EEUU rechaza prohibir la posesión de armas a consumidores de marihuana
El máximo tribunal estadounidense protegió la posesión de armamento en usuarios consumidores de cannabis al considerar inconstitucional desarmarlos de forma generalizada, manteniendo el castigo solo ante peligro real o intoxicación
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Los magistrados votaron unánimemente a favor de la propuesta que beneficia a Ali Danial Hemani, ciudadano de Texas que argumentó que una ley que prohíbe las armas a cualquier persona que use regularmente drogas viola la Segunda Enmienda constitucional.
El juez Neil Gorsuch consideró que la sentencia limita el poder del gobierno para quitarles las armas a consumidores de drogas que no son considerados peligrosos.
El abogado de Ali Danial Hemani dijo que su cliente está agradecido de que “por fin cierra un ciclo”.
La Ley de Control de Armas de 1968 establece que es un delito grave que cualquier persona que sea "consumidora ilegal o adicta a cualquier sustancia controlada" posea un arma de fuego.
Un consumo generaizado
Gorsuch considera que no se puede incluir en la norma a todas las personas que consumen marihuana por el simple motivo de hacerlo. Aunque el uso recreativo es ilegal bajo la ley federal, mencionó, que aproximadamente la mitad de los estados lo permiten y el consumo de cannabis con fines de salud está generalizado.
“Sea lo que sea que uno piense de estos acontecimientos, el gobierno federal no solo los ha tolerado; ayudó a impulsarlos”, escribió Gorsuch.
“Esto deja en una posición incómoda para insinuar que los millones de estadounidenses que ahora consumen marihuana regularmente son categórica e inusualmente peligrosos”, consideró.
La medida también se utilizó en un caso contra Hunter Biden, quien fue condenado en Wilmington, Delaware, por comprar un arma mientras era adicto a la cocaína en 2018. Después fue indultado el expresidente Joe Biden.
Aunque el fallo fue unánime, una persona adicta a una droga ilegal aún podría ser procesada después de la decisión del jueves.
“No abordamos los esfuerzos por prohibir que los adictos, o quienes estén actualmente intoxicados, posean un arma de fuego”, escribió Gorsuch.
Los fiscales pueden acusar a un consumidor de marihuana si tienen pruebas de que es peligroso, dijo.
El uso recreativo sigue siendo ilegal a nivel federal, sin embargo, incluso después de que el gobierno de Trump reclasificara la marihuana medicinal como una droga menos peligrosa en abril.
Grupos a favor de los derechos de las armas y del cannabis unen fuerzas
La Unión Americana de Libertades Civiles y la Asociación Nacional del Rifle respaldaron el caso de Hemani, al igual que grupos a favor de la legalización del cannabis, como NORML.
En contra estaban grupos del uso responsable de armas como Everytown, que por lo general se oponen al gobierno de Trump en asuntos relacionados con la Segunda Enmienda.
La ACLU aplaudió el fallo, diciendo que casi la mitad de los estadounidenses reportaron un consumo de marihuana en algún momento de sus vidas.
“El tribunal envió un mensaje contundente de que el gobierno no puede criminalizar la conducta de grandes cantidades de personas haciendo suposiciones categóricas e infundadas sobre si son peligrosas”, declaró Cecillia Wang, directora legal de la ACLU.
NORML consideró la decisión como una “r eivindicación de la libertad personal” y la Fundación de la Segunda Enmienda la calificó como una “ gran victoria para los propietarios de armas”.
El grupo Smart Approaches to Marijuana, que se opone a la legalización de la droga, condenó la decisión.
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“Aunque los magistrados en este caso parecen estar más preocupados por batallas históricas sobre los derechos de la Segunda Enmienda, la salud y la seguridad públicas son el daño colateral en esta decisión”, indicó el director ejecutivo Kevin Sabet.
Los grupos de control de armas fueron más moderados, y Everytown dijo que aún reconoce que “ las drogas y las armas pueden ser una mezcla peligrosa”.
Es raro que se presenten cargos penales independientes contra personas acusadas únicamente de poseer armas y consumir drogas, aunque más a menudo se presentan contra personas que también están acusadas de otros delitos.
La opinión es la más reciente en una serie de casos sobre armas de fuego que han llegado a la Corte Suprema desde que un fallo histórico de 2022, que amplió los derechos sobre armas, desencadenó una oleada de impugnaciones en todo el país.
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Desde entonces, el máximo tribunal ha ratificado una ley destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica y regulaciones estrictas sobre kits de armas fantasma, pero ha anulado una prohibición de los bump stocks, un accesorio que permite disparos rápidos. Los magistrados también están considerando en este periodo un segundo caso sobre armas de fuego por regulaciones estrictas sobre portar armas en Hawái.