Una propuesta federal para modificar las reglas de acceso a vivienda pública ha sembrado mayor incertidumbre entre familias con estatus mixto en el condado de Los Ángeles, quienes ahora temen ser desalojadas de sus hogares.
Familias con estatus mixto podrían ser desalojadas de viviendas públicas en Los Ángeles
Una propuesta exigiría prueba de ciudadanía o estatus legal a todos los residentes de vivienda pública y del programa Sección 8, lo que podría dejar sin hogar a miles de familias de estatus mixto en el condado de Los Ángeles.
Video Propuesta federal amenaza con desalojar a miles de familias inmigrantes en Los Ángeles
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) plantea exigir que toda persona que resida en vivienda pública o reciba apoyo del programa Sección 8 demuestre ciudadanía estadounidense o estatus legal en el país.
De aprobarse, esto impactaría directamente a familias de estatus migratorio mixto, donde algunos integrantes, como los hijos nacidos en Estados Unidos, son ciudadanos, mientras que los padres carecen de documentos.
Riesgo de desalojos y separación familiar
Organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos advierten que la propuesta podría derivar en desalojos masivos y en la separación de familias.
“¿Qué va a pasar? Van a dividir las familias, porque hay niños que sí tienen estatus legal, pero los papás no, y no van a poder vivir ahí. Entonces, vamos a ver más familias sin hogar”, señaló Lupe González, de la organización ACCE.
Muchas familias dependen de estos apoyos federales para poder cubrir la renta, más en un mercado inmobiliario como el de Los Ángeles, donde los precios se mantienen entre los más altos del país.
“Mi esposo y yo no tenemos documentos. Mis hijos son ciudadanos. Tienen el derecho al apartamento, pero yo no. Mi miedo es que me separen de mi familia”, dijo Josefina Estrada, miembro de una familia con estatus migratorio.
Agencias migratorias accederían a la información
Otro punto alarmante para defensores comunitarios es que, la información de quienes no cumplan con el requisito podría compartirse con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Esta es otra manera en que el gobierno federal está tomando acción muy cruel para aterrorizar a nuestras familias”, declaró la concejal de Los Ángeles Eunisses Hernández.
De acuerdo con la organización Keep Families Together, al menos 11,000 inmigrantes en el condado de Los Ángeles podrían verse afectados si la medida entra en vigor.
Aunque la propuesta se encuentra actualmente en fase de comentarios públicos, el solo planteamiento ha generado preocupación generalizada.
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