455 acusados por intentos para defraudar más de $6,700 millones en servicios médicos y Medicare

Un inmenso operativo de distintas agencias policiales y de justicia ha dejado unas 455 personas detenidas acusadas de planificar esquemas para defraudar más de 6,700 millones de dólares en reclamos fraudulentos de seguros médicos y atención sanitaria, según información divulgada por el departamento de Justicia.

Este número de personas incluye 90 doctores y otros profesionales de la salud con licencia, por su supuesta participación en los esquemas de fraude al sistema de salud y de mal uso de opioides.

La oficina del Fiscal del Distrito Central de California informó que en el sur del estado 10 personas fueron acusadas intentos de estafas al sistema de salud público estatal por valor de casi $300 millones de dólares, y que forman parte de los 455 acusados mencionados.

"La operación de hoy marca el inicio de una nueva era en la cooperación federal, estatal e internacional para combatir el fraude en el sector de la salud: se han presentado casos en 56 distritos federales y 45 estados y territorios de EEUU, con la participación de 50 unidades estatales de control del fraude en Medicaid, la cifra más alta en la historia del Departamento", indica el comunicado de la oficina del Fiscal del Distrito Central de California.

Algunos de los acusados se hallaban en Europa y Asia: "un acusado en Kyrenia (Chipre) en relación con una estafa de más de 3,700 millones de dólares; dos acusados en Estonia en relación con una estafa de 10,600 millones de dólares por la que ya se habían presentado cargos; y, en Filipinas, uno de los estafadores más buscados por el FBI en relación con una estafa de telemedicina de 1,200 millones de dólares por la que ya se habían presentado cargos".

La operación —que duró dos semanas— incluyó "el uso de tecnología de vanguardia en el análisis de datos para identificar a los peores delincuentes; la incautación de más de 182 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, joyas y otros activos; y la rendición de cuentas integral de todos los participantes en actividades delictivas, desde consultorios médicos hasta salas de juntas corporativas".

Médicos, enfermeras y empresarios

Entre los acusados se encuentra una enfermera especializada a quien se le imputa en Texas haber cobrado a Medicare por procedimientos de cuidado de heridas médicamente innecesarios y haber utilizado los ingresos para comprar joyas de lujo y autos de alta gama; el dueño de una empresa de salud mental que, según los fiscales, se aprovechó de las personas sin hogar al cobrarles por servicios de estabilización en situaciones de crisis que nunca recibieron; y el dueño de un centro de cuidados paliativos al que se le acusa de haber pagado sobornos a un empleado de una funeraria a cambio de información sobre beneficiarios fallecidos de Medicare.

Por su parte, un cardiólogo está acusado en Florida de participar en una estafa de salud por 89 millones de dólares; se le acusa de facturar a las aseguradoras pruebas de detección cardiovasculares médicamente innecesarias para estudiantes universitarios atletas y luego aprobar automáticamente los resultados como normales sin revisarlos personalmente.

El médico, Jason Finkelstein, de 53 años, enfrenta cargos de fraude en el sector de la salud y conspiración en lo que los fiscales describen como una trama de varios años que se aprovechaba del temor de los atletas a morir en los campos de juego o canchas por un paro cardíaco repentino. A los atletas sin afecciones preexistentes que estaban preocupados por obtener la autorización para competir se les realizaron pruebas que no necesitaban y, en un caso, un paciente cuyos resultados fueron falsamente certificados como normales falleció más tarde porque no se detectaron sus graves problemas cardíacos, según la acusación.

El fraude en el sector de la salud ha sido una prioridad de larga data para el epartamento de Justicia, y las conferencias de prensa en las que se anuncian redadas y medidas de represión han sido habituales a lo largo de los años. La administración de Trump se ha esforzado por enfatizar la aplicación de la ley durante el último año, incluso mediante el nombramiento de un nuevo fiscal general adjunto, Colin McDonald, para ayudar a supervisar los procesos judiciales por fraude en el sector de la salud en un Departamento de Justicia que cuenta con múltiples grupos de trabajo especializados.

"Los casos de hoy denuncian más que el robo del dinero de los contribuyentes. Muchos denuncian el robo de la dignidad humana", dijo McDonald en una conferencia de prensa en la que anunció la campaña de este año, que abarca casos en los que se presentaron cargos o se hicieron públicos desde el 8 de junio. "Nuestros enfermos, necesitados y adultos mayores, que depositaron su confianza en el don de la medicina, fueron descuidados, ignorados y utilizados para obtener ganancias personales".

El departamento afirma que el caso de Finkelstein, con acusaciones no solo de servicios no prestados sino también de una atención médica deficiente que puso en riesgo a los pacientes, representa el tipo de esquema sofisticado que los fiscales se esfuerzan por desarticular.

Un abogado de Finkelstein, un médico con sede en Texas que se declaró inocente durante una comparecencia judicial en Florida el lunes, no respondió a los mensajes en los que se le solicitaban comentarios.

El presunto fraude se llevó a cabo entre 2019 y finales del año pasado y, según los fiscales, involucró a Finkelstein y a un par de cómplices no identificados en una clínica de pruebas y tratamientos cardiovasculares con sede en Florida, donde él se desempeñaba como director médico.

Medidas administrativas y procedimientos civiles

Entre las acciones coordinadas figuran la suspensión de más de 2,400 proveedores de servcios por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y la concreción de 48 acuerdos de pago de sanciones monetarias civiles por un monto superior a los 73 millones de dólares, más de 1,400 exclusiones de proveedores y 25 acciones emprendidas por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG) para recuperar más de 10,000 millones de dólares para el Fondo Fiduciario de Medicare.

También se entablaron demandas civiles contra 13 acusados por estafas en el sector de la salud por un valor de 14.8 millones de dólares, así como acuerdos civiles con 31 acusados por un total de 23 millones de dólares.

Asimismo, la Administración para el Control de Drogas (DEA) abrió 928 casos administrativos para revocar la autorización para manejar y/o recetar sustancias controladas desde el 1 de octubre de 2025.

"La Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica de este año representa el mayor esfuerzo de todo el gobierno para combatir el fraude en la atención médica en la historia de nuestra nación", afirmó el fiscal general interino Todd Blanche.