HOUSTON, Texas - Joseph A. Montes, un médico de Houston, fue detenido y acusado de participar en un esquema que cobró al gobierno federal unos $30 millones por consultas y otros servicios a pacientes que, en su mayoría, nunca se realizaron.
Médico de Houston enfrenta cargos por presunto fraude de $30 millones con pruebas de COVID-19
Más de 9,000 consultas atribuidas a un solo médico en un día figuran entre los cobros que llevaron a la acusación contra Joseph A. Montes, un doctor de Houston señalado por un presunto fraude contra un programa federal de atención por COVID-19.
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El programa federal al que se enviaron las facturas pagó aproximadamente $20 millones, según la acusación.
Montes enfrenta 12 cargos: uno por conspiración para defraudar a Estados Unidos; cinco por fraude electrónico; y seis por realizar transacciones con dinero presuntamente obtenido mediante actividades delictivas.
Un gran jurado federal presentó la acusación en su contra el 30 de septiembre, en el Distrito Sur de Texas. Montes fue puesto bajo custodia y compareció inicialmente el 6 de octubre ante la jueza federal Christina Bryan.
Pruebas gratuitas y consultas facturadas
De acuerdo con la acusación en su contra, Montes era propietario y también trabajaba como médico de Joseph A. Montes MD & Associates, P.A. y Montes Medical PLLC, dos clínicas ubicadas en Houston.
La acusación sostiene que el médico de 66 años permitió que otras personas organizaran puntos temporales de pruebas de COVID-19 bajo su nombre, entre ellos en establecimientos en gasolineras y supermercados de Houston.
Los trabajadores anunciaban pruebas gratuitas, recopilaban datos personales de los pacientes y realizaban hisopados nasales. Sin embargo, según el documento judicial, a la gran mayoría de quienes acudían no les preguntaban si tenían seguro médico.
Los puntos de pruebas tampoco ofrecían tratamiento a quienes obtenían un resultado positivo.
Con esos datos, los presuntos participantes enviaban solicitudes de reembolso al programa para personas sin seguro de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, conocida como HRSA, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Ese programa cubría pruebas, atención relacionada con diagnósticos positivos de COVID-19 y vacunación, pero no gastos de pacientes asegurados.
La fiscalía afirma que se facturaban consultas de evaluación y manejo con Montes identificado como el profesional que había atendido al paciente. En realidad, sostiene la acusación, esas consultas no ocurrieron ni de forma presencial, ni por telemedicina, y los pacientes rara vez tuvieron contacto con él o con otro profesional médico autorizado.
El documento atribuye a Montes conocimiento y consentimiento del uso de los datos para presentar los cobros. También señala que acordó recibir el 20% de los ingresos provenientes de HRSA con una persona identificada únicamente como 'Co-Conspirador 1', quien trabajaba para él y administraba la operación de pruebas.
Más de 9,000 consultas en un día
Los registros de facturación citados en la acusación muestran unas 29 fechas de servicio con más de 3,000 solicitudes de reembolso por consultas de evaluación y manejo. Para el 1 de diciembre de 2021, las clínicas presentaron más de 9,000: el equivalente a una consulta aproximadamente cada nueve segundos durante las 24 horas del día.
Los cargos sitúan el presunto esquema entre 2020 y 2022. Los cinco cargos de fraude electrónico corresponden a reclamaciones individuales por servicios fechados entre octubre y diciembre de 2021, con pagos de HRSA de entre $58.37 y $116.54.
Transferencias y pagos a comercios
Los reembolsos ingresaban a cuentas empresariales de Wells Fargo y Bank of America en las que Montes figuraba como firmante. De acuerdo con la acusación, la mayor parte de esos fondos fue transferida posteriormente a otras cuentas empresariales y personales controladas por él y por el presunto coconspirador.
Cuatro de los cargos por transacciones con fondos de presunto origen delictivo se refieren a transferencias desde una cuenta de su clínica a una cuenta personal de Montes: $43,000 el 20 de octubre de 2021; $200,000 el 7 de febrero de 2022; $341,839.91 el 21 de abril de 2022; y $1,253,413 al día siguiente.
Los otros dos cargos corresponden a pagos desde esa cuenta personal: $112,541.71 a Audi West Houston el 13 de abril de 2022 y $609,952.50 a Tiffany & Company el 6 de mayo de ese año. Aunque el comunicado describe compras costosas, la acusación no detalla qué bienes se adquirieron.
Las penas y la investigación
Según el Departamento de Justicia, si Montes es declarado culpable, enfrenta hasta cinco años de prisión por conspiración, hasta 20 años por cada cargo de fraude electrónico y hasta 10 años por cada cargo de lavado de dinero. El comunicado también señala una posible multa máxima de $250,000.
La fiscalía notificó, además, que buscará el decomiso de bienes vinculados con los delitos en caso de una condena y una sentencia monetaria contra Montes. Bajo las condiciones previstas en la ley citada en la acusación, también podría solicitar otros bienes del acusado hasta cubrir el monto de esa sentencia.
La investigación estuvo a cargo del FBI en Houston, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de la Fiscalía General de Texas. La fiscal federal adjunta Kathryn Olson lleva el caso.
En el comunicado, el Departamento de Justicia también recordó que el 7 de abril anunció la creación de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude, dedicada a investigar y procesar a quienes defraudan recursos públicos.
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