ANNAPOLIS, Maryland.- El gobernador Wes Moore firmó el martes 17 de febrero de 2026 una ley que impide a las agencias policiales estatales y locales de Maryland participar en el programa federal 287(g), utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para delegar funciones migratorias a autoridades locales.
Moore firma ley que prohíbe a Maryland colaborar con ICE; alguaciles defienden 287G
La defensa de los inmigrantes es parte de la agenda del gobernador demócrata de Maryland, que asegura que se ha detenido a personas sin antecedentes criminales.
Gobernador de Maryland firma ley que limita cooperación de policías locales con ICE.
Imagen RICHARD DREW/AP.
En una carta dirigida a líderes locales, el gobernador afirmó que el ICE no está cumpliendo su función de fortalecer la seguridad comunitaria y cuestionó la rendición de cuentas del gobierno federal.
“También hemos sido testigos de una profunda falta de responsabilidad por parte del gobierno federal: sus acciones no se alinean con la vigilancia constitucional que practicamos y honramos en el estado de Maryland”, escribió Moore.
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¿Qué cambia con la nueva ley?
La legislación prohíbe a las jurisdicciones del estado suscribir o mantener acuerdos bajo la sección 287(g), un mecanismo que permite designar a agentes locales para aplicar leyes migratorias federales en centros de detención.
La medida no impide que las agencias cooperen con el gobierno federal en prioridades compartidas de seguridad pública. Según el gobernador, esto incluye la expulsión de extranjeros que representen un riesgo para la comunidad. Tampoco prohíbe notificar al ICE sobre la liberación de una persona ni coordinar transferencias de custodia.
Moore sostuvo que la aplicación federal se ha enfocado en personas sin antecedentes graves.
“En Maryland, la mayoría de las personas arrestadas por el ICE nunca han sido condenadas ni acusadas de ningún delito. De las personas con condenas, la mayoría han sido por delitos menores”, escribió.
Contexto nacional y oposición demócrata
La decisión subraya la resistencia de estados liderados por demócratas frente a la política migratoria del presidente Donald Trump. Diez estados gobernados por ese partido han adoptado políticas que limitan la cooperación con uno de los principales programas utilizados para impulsar deportaciones, reporta The Associated Press.
Medidas similares fueron promulgadas recientemente en Nuevo México y entraron en vigor en Maine. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul respalda una iniciativa con el mismo objetivo. En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger revocó acuerdos estatales firmados por su antecesor republicano, aunque no anuló los convenios de alguaciles locales.
Moore afirmó tras la firma que el ICE debe rendir cuentas. “En este momento, la operación ICE de Trump-Vance no está actuando con las medidas de rendición de cuentas adecuadas”, declaró a periodistas.
Reacción de los alguaciles
De acuerdo con un reportaje de Fox 45, la medida generó críticas entre varios alguaciles republicanos del estado. En el condado de Frederick, el sheriff Chuck Jenkins advirtió que la terminación del acuerdo obligará a liberar a personas que podrían reincidir.
“Estoy sumamente decepcionado con la legislación porque, en realidad, pondrá al público en riesgo de muchas maneras”, dijo.
Nueve jurisdicciones de Maryland mantienen actualmente acuerdos 287(g), que permiten a los centros de detención identificar a reclusos que podrían estar en el país sin autorización. El condado de Frederick figura entre ellas.
Jenkins anunció que impugnará la ley si entra en vigor. “Nuestro desafío como sheriffs es encontrar representación legal para llevar esto a los tribunales”, afirmó, al considerar que la medida vulnera atribuciones constitucionales de las fuerzas del orden.
En el condado de Harford, el sheriff Jeff Gahler calificó el programa como una herramienta de seguridad pública. Señaló que eliminar los acuerdos no expulsará al ICE del estado y podría incrementar su presencia en vecindarios.
“El ICE no va a desaparecer. Seguirán viendo a ICE, probablemente en mayor número, cumpliendo la misión que legalmente se les exige”, dijo.
Por su parte, el sheriff del condado de Carroll, Jim DeWees, aseguró que continuará colaborando con el ICE aun si se prohíben los acuerdos formales. Criticó a los legisladores por no ofrecer alternativas y sostuvo que su oficina mantendrá canales de comunicación con la agencia federal.
Los alguaciles también argumentaron que existe respaldo público para mantener los convenios y acusaron a legisladores estatales de actuar sin considerar la seguridad ciudadana.
La ley fue presentada como una medida de emergencia y entrará en vigor de inmediato tras su promulgación.
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