HOUSTON, Texas- La tensión política entre el Capitolio de Texas y la alcaldía de Houston ha escalado de la retórica a la asfixia financiera.
"Es hipocresía y acoso político": Concejales de Houston estallan contra el gobernador de Texas
Bajo la consigna de que se trata de un acto de “hipocresía y acoso político”, el concejal Edward Pollard lideró las críticas contra la Gobernación de Texas tras el anuncio de la retirada de 110 millones de dólares en fondos de seguridad para Houston. El recorte, impulsado por Abbott y el procurador Paxton, castiga a la ciudad por limitar la cooperación de la policía con ICE.
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Este 13 de abril, el Gobernador Greg Abbott notificó que Houston deberá devolver los 110 millones de dólares que recibió en fondos destinados a la seguridad pública, además de no poder volver a calificar a estos beneficios, bajo el argumento de que la ciudad ha aprobado la Proposición A.
El centro de la disputa es la SB4 y el concepto de "cooperación" con las autoridades federales. La ordenanza local busca establecer que el Departamento de Policía de Houston (HPD) no tiene jurisdicción sobre órdenes administrativas civiles de ICE, limitando su rol a asuntos estrictamente criminales.
Sin embargo, para el gobernador Greg Abbott y el procurador general Ken Paxton, esta distinción es un desafío directo a la ley estatal, lo que ha motivado una investigación abierta y el recorte inmediato de recursos.
Un ayuntamiento dividido
El alcalde John Whitmire, quien inicialmente votó a favor de la ordenanza, parece haber dado un giro ante la presión económica.
Whitmire ha calificado la pérdida de fondos como una "situación de crisis" que afecta directamente a los departamentos de Policía y Bomberos, así como a los preparativos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Según el alcalde, él ya había advertido a los patrocinadores de la medida, los concejales Salinas, Kamin y Pollard, sobre los riesgos financieros que implicaba este enfoque.
"Hipocresía y bullying político"
Por su parte, los defensores de la ordenanza no han tardado en reaccionar. El concejal Edward Pollard calificó la maniobra del estado como " hipocresía y bullying político", señalando que es irónico que el estado retire fondos de seguridad alegando precisamente que quiere protegerla.
Pollard sostiene que el HPD simplemente no debe ir más allá de su mandato en asuntos civiles federales.
"Las órdenes administrativas de ICE son civiles, no penales. El Departamento de Policía de Houston (HPD) no tiene jurisdicción sobre ellas. Esta ordenanza no impide que los oficiales contacten a ICE cuando sea apropiado", mencionó Pollard.
En la misma línea, la concejal Alejandra Salinas ha defendido la legalidad de la ordenanza, apelando a la Cuarta Enmienda de la Constitución y acusando al gobernador de utilizar un "manual de acoso escolar" para intimidar a la ciudad.
Salinas insiste en que la SB4 no puede pasar por encima de los derechos constitucionales y que la amenaza de retirar recursos a los socorristas antepone la política a la vida de los residentes.
"Estoy lista para trabajar con el alcalde Whitmire y el Concejo Municipal para defender las leyes de la ciudad y proteger a los residentes de Houston", mencionó la líder.
Consecuencias en el horizonte
Mientras el alcalde Whitmire asegura estar "considerando todas las opciones" para mitigar el golpe, la ciudad se encuentra atrapada en un fuego cruzado legal: por un lado, la presión de proteger a su comunidad inmigrante y mantener la autonomía local; por el otro, la dependencia de unos fondos estatales que ahora se usan como moneda de cambio política.
