Un juez federal emitió el viernes 4 de septiembre una orden de restricción temporal que prohíbe a siete agentes de ICE tomar represalias durante dos semanas contra un hombre de Springfield, Ohio, después de que este los grabara y denunciara actos de intimidación y agresión por parte de los agentes.
Juez prohíbe a agentes de ICE tomar represalias contra un hombre que los grabó en Ohio
El gobierno federal argumenta que la demanda presentada por el hombre debe ser desestimada debido a que el ICE ya trasladó fuera de Springfield a la mayoría de los agentes señalados
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Por su parte, el gobierno federal argumenta que la demanda presentada por el hombre, basada en la Primera Enmienda, debe ser desestimada debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) ya trasladó fuera de Springfield a la mayoría de los agentes señalados.
¿Por qué el hombre grababa a los agentes de ICE?
Sean Moorman se ofreció como voluntario para vigilar y documentar las operaciones de los agentes de ICE en Springfield. Sin embargo, pocos días después de comenzar con esta actividad, denunció que los agentes comenzaron a seguirlo mientras conducía, pasar frente a su casa y tomarle fotografías.
Un detalle a destacar es que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y agentes de inmigración han acusado a videógrafos y observadores legales de obstrucción de la justicia y de realizar “doxing”, término utilizado para describir la recopilación y publicación maliciosa de información privada o identificable de una persona en internet sin su consentimiento.
Los defensores de las libertades civiles sostienen que el DHS incurre en un grave error al cuestionar esta actividad, pues consideran que las personas tienen derecho a grabar a las fuerzas del orden cuando actúan en espacios públicos.
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Moorman busca obtener los nombres de los siete agentes que, según su denuncia, lo intimidaron y agredieron. Sin embargo, ICE señaló que seis de los siete agentes ya fueron trasladados fuera de Springfield.
Con este argumento, el gobierno federal sostiene que Moorman ya no tiene legitimidad para continuar con la demanda y, además, solicitó al juez que revoque la orden de restricción temporal que impide a los agentes tomar represalias contra él.
El gobierno también argumentó que revelar las identidades de los agentes podría exponerlos a un “daño grave”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Ohio, que representa a Moorman, sostiene que el gobierno federal está intentando proteger a los agentes para evitar que rindan cuentas por sus acciones contra el hombre.
“Resulta profundamente decepcionante ver que la respuesta del gobierno consiste en intentar ayudar a estos agentes a eludir la rendición de cuentas ante los tribunales”, dijo David Carey, director jurídico de la ACLU de Ohio.
Sin embargo, en el escrito presentado ante el tribunal para solicitar que se revoque la orden de restricción temporal, el gobierno federal sostiene que las acciones de los agentes no afectaron a Moorman ni vulneraron sus derechos protegidos por la Primera Enmienda.