TUCSON, Arizona – Las redadas que tuvieron lugar el 5 de diciembre pasado en sucursales de la cadena de taquerías Taco Giro en Arizona hicieron visible la afectación que están provocando las redadas migratorias en negocios hispanos.
Taco Giro y otros negocios hispanos afectados por las redadas de ICE en Arizona
En las redadas del 5 de diciembre pasado del ICE en Taco Giro fueron arrestados 46 trabajadores, todos de origen mexicano. “De un momento a otro perdimos al 10% de nuestros empleados”, aseguró el director de operaciones de la cadena.

En entrevista con EFE, César Rodríguez, director de operaciones de la cadena, aseguró que siete de los 10 establecimientos debieron cerrar de manera indefinida, tras un operativo de ICE en las que arrestaron a 46 trabajadores, todos de origen mexicano. “De un momento a otro perdimos al 10% de nuestros empleados”, sostuvo.
Rodríguez detalló que la operación fue efectuada por agentes que iban fuertemente armados; no solo se desplegaron en las sucursales, sino que, a decir del director, acudieron al domicilio de varios empleados.
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De acuerdo con ICE, el operativo siguió a una larga investigación sobre contratación de trabajadores indocumentados, asuntos fiscales y tráfico de drogas, una aseveración que César Rodríguez considera “ridículas”.
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El problema crece porque la contratación y capacitación, a decir del directivo, toma tiempo, y porque incluso los inmigrantes con ciudadanía han expresado temor a las redadas migratorias.
El efecto de las redadas
En la protesta que siguió al operativo del pasado 5 de diciembre, la congresista Adelita Grijalva afirmó haber sido afectada por el gas pimienta que se roció para dispersar a los manifestantes.
If federal agents are brazen enough to fire pellets directly at a Member of Congress, imagine how they behave when encountering defenseless members of our community.
— Rep. Adelita Grijalva (@Rep_Grijalva) December 5, 2025
It’s time for Congress to rein in this rogue agency NOW. pic.twitter.com/ufckcoRVLE
Aquel día, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Arizona, así como otras agencias, ejecutaron 16 órdenes de registro en nueve restaurantes y en siete sitios que denominaron “casas de seguridad”. Fueron detenidos 46 inmigrantes indocumentados.
ICE informó, en un comunicado emitido cinco días después, que el objetivo del operativo fue una “organización criminal transnacional involucrada en explotación laboral, infracciones fiscales y violaciones migratorias”.
Añadió que “en uno de los locales, más de 100 agitadores irrumpieron e intentaron obstaculizar las operaciones policiales, cerrando una puerta para atrapar a los agentes dentro del perímetro del restaurante”.
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Según ICE, “los agitadores rápidamente se tornaron violentos, agrediendo a los agentes y pinchando neumáticos. Se movilizó un Equipo de Respuesta Especial del HSI para recuperar el control, mismo que se vio obligado a implementar contramedidas”.
Por relación con estos hechos, HSI arrestó a dos ciudadanos estadounidenses.
Tras otra redada, ningún empleado volvió al trabajo
Precisamente el 10 de diciembre, ICE realizó una orden de registro en la empresa Noemi Transportation LLC, ubicada en el área de Grant Road y Flowing Wells Road.
Al respecto, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, dijo en sus redes sociales que las personas tienen el derecho a documentar las actividades federales y a protestar contra ellas siempre que esto se haga de manera pacífica, y acusó a la administración Trump de pretender “crear miedo y caos en nuestra comunidad”.
EFE también entrevistó a Marco Antonio López, propietario de Beef Master Meat Market en Tucson. López asegura que su negocio vivió una experiencia similar en marzo pasado, al ser objeto de una redada de ICE.
Y aunque en aquel operativo nadie resultó detenido, al día siguiente se quedó sin un solo empleado, pues nadie se presentó a trabajar.
López afirma que se necesitaron meses y mucho trabajo de toda la familia para que su negocio volviera a andar, una aseveración que se hace patente al ver prácticamente vacías –de empleados y de clientes— las sucursales de Taco Giro que permanecen abiertas.
Romero dijo a EFE que las redadas no hacen la ciudad más segura, sino que generan “serios daños colaterales” a las pequeñas empresas, al tiempo que afectan la actividad comercial legal, lo que incrementa los problemas “para la economía de las comunidades, las cuales se han visto duramente impactadas por el incremento en los precios de las rentas y de los alimentos básicos”.
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