La Corte Suprema emitió este miércoles un falló en contra de una empresa penitenciaria privada que enfrentaba una demanda en la que se alegaba que los detenidos por motivos migratorios eran obligados a trabajar y solo recibían un dólar al día en Colorado.
Corte Suprema falla contra empresa penitenciaria que enfrenta demanda por trabajos forzados presentada por inmigrantes
La Corte Suprema falló en contra de una empresa penitenciaria privada que enfrenta una demanda en la que se alega que los detenidos por motivos migratorios eran obligados a trabajar y solo recibían un dólar al día como remuneración.
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El fallo unánime supone una derrota procesal para GEO Group, pero no es una decisión definitiva. La empresa se enfrenta a una demanda de 2014 en la que se alega que los detenidos en Aurora tenían que realizar trabajos de limpieza no remunerados y otros trabajos por un salario mínimo para complementar sus escasas comidas.
GEO defendió sus prácticas y argumentó que el caso debía desestimarse porque, como contratista del gobierno, goza de inmunidad frente a demandas judiciales.
Después de que un juez se mostrara en desacuerdo, la empresa solicitó al Tribunal Supremo que le permitiera apelar rápidamente el fallo. Pero los magistrados se negaron.
"Si finalmente se le declara responsable, GEO podrá, por supuesto, apelar... pero GEO debe esperar hasta entonces", escribió la jueza Elena Kagan. Los nueve jueces estuvieron de acuerdo con el resultado, pero dos de ellos, Clarence Thomas y Samuel Alito, discreparon en el razonamiento.
Un abogado que defendió a los detenidos de Colorado aplaudió la sentencia. "La decisión unánime del Tribunal Supremo reafirma una norma clara: los contratistas del Gobierno como GEO no tienen derecho a la inmunidad soberana y deben seguir el mismo principio de "un caso, una apelación" que rige para todos los demás litigantes", afirmó Jennifer Bennett.
El GEO Group, con sede en Florida, es uno de los principales proveedores privados de centros de detención del país, con la gestión o propiedad de unas 77,000 plazas en 98 instalaciones. Entre sus contratos se incluye un nuevo centro federal de detención de inmigrantes en el que el alcalde de Newark (Nueva Jersey), Ras Baraka, fue detenido durante una protesta en mayo de 2025, antes de que se retiraran los cargos contra el demócrata.
Se han presentado demandas similares en nombre de detenidos por motivos de inmigración en otros lugares, como en el estado de Washington, donde se condenó a la empresa a pagar más de 23 millones de dólares.
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