El movimiento ocurre tras el fallo de un tribunal de apelaciones que levantó la protección de emergencia sobre el área, dejando al pueblo Apache de San Carlos con una única y última esperanza: la Corte Suprema de Justicia.
El destino de Oak Flat: Se completa transferencia de tierras sagradas mientras los Apache apelan a la Corte Suprema
En un giro decisivo para uno de los conflictos territoriales más prolongados de Estados Unidos, el gobierno federal completó hace unos días la transferencia de miles de hectáreas de tierras forestales en Arizona a la empresa Resolution Copper.
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Un conflicto de fe frente a la industria
En el corazón de la disputa se encuentra Chi’chil Bildagoteel, conocido en inglés como Oak Flat. Para los apaches, este terreno no es simplemente tierra baldía; es un santuario donde durante siglos se han llevado a cabo ceremonias de mayoría de edad, oraciones y recolección de medicina tradicional. Sin embargo, bajo la superficie de estas tierras sagradas yace uno de los yacimientos de cobre más ricos del planeta. La técnica de extracción planeada por Resolution Copper —una filial de los gigantes mineros Rio Tinto y BHP— implica el "hundimiento por bloques", un método que inevitablemente provocará el colapso del terreno, creando un cráter masivo y alterando la geografía del sitio de forma permanente.
Una trampa legal
A pesar de reconocer que la mina causará "graves perjuicios" a las prácticas religiosas indígenas, el tribunal de apelaciones determinó que sus manos estaban atadas. La raíz del problema legal se remonta a 2014, cuando el entonces presidente Barack Obama promulgó una ley de gastos de defensa que incluía una cláusula —insertada discretamente— que ordenaba el intercambio de estas tierras. Los abogados del Servicio Forestal han argumentado durante años que la agencia no tiene discreción para detener el proyecto, ya que el Congreso fue quien dictó la orden.
Visión estratégica y economía
La actual administración ha respaldado con fuerza la medida. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó este lunes que el proyecto es una pieza clave para la independencia energética promovida por el presidente Donald Trump. “Desbloquear esta fuente de cobre es esencial para la defensa, la modernización de la red eléctrica y la energía de próxima generación”, señaló Rollins en un comunicado. Por su parte, Resolution Copper estima que la mina inyectará mil millones de dólares anuales a la economía de Arizona y generará miles de empleos. Vicky Peacey, presidenta de la empresa, instó a poner fin a los "litigios sin fundamento", subrayando que el proyecto ha superado revisiones exhaustivas durante tres administraciones presidenciales distintas.
La resistencia continúa
Para los líderes indígenas, la batalla no ha terminado. Wendsler Nosie Sr., del grupo Apache Stronghold, advirtió que más allá de la fe, el proyecto plantea riesgos ambientales críticos, especialmente respecto al uso excesivo de agua y la posible contaminación en una región ya golpeada por la sequía. “Es una batalla por nuestra tierra sagrada y el derecho a que nuestras tradiciones sean respetadas”, declaró Nosie. El grupo ahora busca que la Corte Suprema intervenga antes de que las máquinas comiencen los trabajos definitivos en el sitio que consideran el centro de su universo espiritual.