La campaña de revocatoria de ciudadanía por naturalización por parte de la administración Trump se amplió a acusados de delitos como apoyo a grupos terroristas, crímenes de guerra y abuso sexual de menores, de acuerdo con demandas de desnaturalización presentadas por el Departamento de Justicia contra 12 individuos en distintas cortes.
DoJ intenta revocar la ciudadanía a acusados de terrorismo, espionaje y crímenes sexuales, entre otros delitos
Se amplía la campaña de desnaturalización con acciones legales para revocar la ciudadanía a estadounidenses naturalizados acusados de haber obtenido su estatus mediante fraude, falsificación de información u otros delitos graves, en una serie de casos que se tramitan en tribunales federales.
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"Las personas implicadas en la comisión de fraudes, delitos atroces como el abuso sexual o que hayan expresado su apoyo al terrorismo nunca deberían haber sido naturalizadas como ciudadanos de los Estados Unidos", afirmó el fiscal general interino Todd Blanche.
El Departamento de Justicia (DoJ) reconoce que están presentando demandas de desnaturalización "a un ritmo sin precedentes" para lo que llaman "restablecer la integridad de nuestro proceso de naturalización", según expresó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DoJ.
Los doce casos presentados ante jueces por la administración Trump corresponden a personas originarias de Colombia (dos ciudadanos), Irak, Marruecos, Somalia, Gambia, Bolivia, Uzbekistán, Kenia, India, China y Nigeria.
Destacan el exembajador estadounidense ante Bolivia, Manuel Rocha, nacido en Colombia, y quien se declaró culpable de espiar para Cuba durante décadas, por lo que fue sentenciado a 15 años de prisión en 2024; y Óscar Alberto Pelaez, sacerdote católico romano colombiano de 75 años que entre 1998 y 2000 abusó sexualmente de un menor en múltiples ocasiones, desde que este tenía 14 años hasta que cumplió los 17.
Pelaez se declaró culpable en 2002 por 13 cargos de asalto sexual contra un menor y dos cargos de sodomía de un menor de edad.
El Departamento de Justicia explica que la ley prevé que se puede revocar la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado y anular su certificado de naturalización si la naturalización se obtuvo de manera ilegal, mediante el ocultamiento de un hecho relevante o mediante una declaración falsa intencional.
Masiva revisión de inmigrantes
La intención del gobierno federal de escrutar la conducta o antecedentes de los naturalizados ha sido parte del discurso oficial durante semanas o meses. Esta semana Blanche dijo que quienes recurrieron a métodos ilícitos para obtener su ciudadanía estadounidense "deberían estar preocupados".
Durante una entrevista con CBS, Blanche afirmó que la administración de Donald Trump está tramitando un volumen de casos de desnaturalización superior al registrado en los últimos nueve años. Blanche argumentó que el fraude en el proceso de naturalización no debe ser tolerado, señalando que "hay muchas personas que son ciudadanas y no deberían serlo".
La ofensiva ha causado que se paralicen miles de trámites migratorios, en medio del temor de los inmigrantes.
Otro ejemplo de la campaña es que casi 400 personas con ciudadanía estadounidense por naturalización están siendo objetivo de una investigación judicial del Departamento de Justicia, por haber cometido un presunto fraude en el trámite para obtener ese estatus migratorio.
El número es mucho mayor que en años previos: entre 2017 y 2025, el número de personas a quienes se les impuso esa medida de revocación fue de apenas 120, lo que coincide con la afirmación del DoJ sobre aumento del ritmo de demandas de revocatoria de ciudadanía.
Entre 1990 y 2017, las desnaturalizaciones sumaron 305 casos, con un promedio de 11 por año.
Otro frente en la batalla migratoria de los republicanos es que el ala radical del partido del presidente Trump impulsa una iniciativa de ley para desnaturalizar y deportar a migrantes "socialistas e islamistas". El proyecto de ley, bautizado como Ley de Medidas contra los Peligrosos Adheridos al Marxismo y los Nocivos Islamistas (Ley MAMDANI, como el alcalde de Nueva York), busca la expulsión sistemática de ciudadanos naturalizados y residentes extranjeros basada en sus afiliaciones políticas y religiosas.