¿Cuál es la propuesta de los asesores religiosos de Trump sobre la libertad de culto?

Un miembro pide que se le conceda la Medalla Presidencial de la Libertad a un pastelero que se negó a preparar un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo.

Otro pide que el departamento de Justicia intervenga judicialmente en nombre de unos padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de unas monjas católicas que impugnan la exigencia de ese estado de que acepten las identidades de género de los pacientes de cuidados paliativos.

Y el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa pide que se establezca una línea directa federal con este mensaje grabado: "No existe separación entre Iglesia y Estado".

Estas son solo algunas de las recomendaciones que los miembros del panel asesor formado por el presidente Donald Trump el año pasado quieren que se incluyan en el informe final de la comisión.

La misión de la Comisión consiste en asesorar a la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca y al Consejo de Política Interna sobre las políticas de libertad religiosa de los Estados Unidos, "lo que incluye recomendar medidas para garantizar la libertad religiosa en el país e identificar oportunidades para promover la causa de la libertad religiosa en todo el mundo", señala el gobierno federal.

Ese informe aún está en proceso, pero los comisionados tuvieron la oportunidad de describir sus listas de deseos durante su reunión más reciente en abril. Hubo poca disidencia mientras los comisionados, la mayoría provenientes de la base de partidarios cristianos conservadores de Trump, abordaban los puntos que desean incluir en el informe.

Sus ideas reflejan las perspectivas predominantes sobre la definición de libertad religiosa entre muchos activistas católicos y evangélicos conservadores: aumentar las vías de expresión religiosa en las escuelas públicas; ampliar las oportunidades para que las organizaciones religiosas reciban fondos públicos; y permitir exenciones por motivos religiosos en ámbitos que van desde la legislación laboral hasta las clases en las aulas y los mandatos de salud.

Tales puntos de vista también se han reflejado en las decisiones del Tribunal Supremo emitidas en los últimos años por su mayoría conservadora.

Comisión criticada por sus puntos de vista estrechos

Los críticos de la comisión afirman que esta encarna una perspectiva unilateral de los partidarios de Trump y que está amenazando la separación constitucional bien establecida entre Iglesia y Estado, a pesar de las afirmaciones del presidente.

Una demanda presentada por una coalición interreligiosa progresista sostiene que la comisión no cumple con la ley federal que exige que los paneles consultivos cuenten con miembros y puntos de vista diversos.

La demanda se hace eco de las críticas de que la mayoría de los comisionados son clérigos y comentaristas cristianos conservadores; uno de ellos es un rabino judío ortodoxo. La coalición afirma que los miembros han sostenido que Estados Unidos es específicamente una nación judeocristiana o cristiana y señala que la mayoría de las reuniones de la comisión tuvieron lugar en el Museo de la Biblia en Washington, una institución con liderazgo cristiano.

La administración republicana está solicitando a un tribunal federal que desestime la demanda. El gobierno alega tecnicismos legales y sostiene que la ley no define cómo debe estar equilibrada una comisión de manera justa ni qué puntos de vista deben estar representados.

Otra entidad creada por Trump —el Grupo de Trabajo para Erradicar el Prejuicio Anticristiano— publicó un informe en el que afirmaba que los cristianos sufrían discriminación bajo la administración del presidente demócrata Joe Biden en áreas como la educación, la legislación fiscal y el enjuiciamiento de manifestantes contra el aborto. Los grupos progresistas afirmaron que ese informe no documentaba una discriminación sistémica, se centraba en causas favorecidas por los cristianos conservadores y equivalía más a una campaña de defensa que a una investigación.

En una nueva interrelación de iniciativas relacionadas con Trump, está previsto que varios miembros de la Comisión de Libertad Religiosa participen en un evento de oración el 17 de mayo para conmemorar el próximo 250.º aniversario del país. Varios de ellos también participaron en un reciente maratón de lectura de la Biblia organizado en gran parte en el Museo de la Biblia.

Armonía y tensión dentro de la comisión

En general, la comisión se ha caracterizado por el consenso entre sus miembros, con una excepción notable. Una de las comisionadas, Carrie Prejean Boller, fue destituida en febrero tras una polémica audiencia sobre antisemitismo.

El presidente de la comisión, Dan Patrick, dijo que Prejean Boller intentó "secuestrar" la audiencia, en la que tuvo acalorados intercambios con los testigos sobre la definición de antisemitismo y defendió a la comentarista Candace Owens, negando su historial de declaraciones antisemitas. Prejean Boller, que es católica, sostuvo que fue destituida injustamente por expresar sus creencias.

En otras audiencias, los testigos describieron cómo desafiaron las normas del lugar de trabajo que, según ellos, entraban en conflicto con sus valores religiosos conservadores sobre género, aborto, vacunas contra el COVID-19 y otros temas. Algunos dijeron que se les impidió, al menos temporalmente, exhibir un símbolo religioso en el trabajo o intentar cantar una canción cristiana en un concurso de talentos escolar.

En la audiencia dedicada al antisemitismo, testigos judíos hablaron de haber sido acosados y amenazados en protestas propalestinas contra Israel en el campus. La comisión también ha escuchado a algunos testigos hindúes, musulmanes, sijs y de otras religiones.

Aun así, los críticos dijeron que la comisión se centró principalmente en las quejas de los cristianos conservadores y de la derecha política.

El reverendo Paul Brandeis Raushenbush, presidente de la progresista Interfaith Alliance, uno de los grupos que ha presentado una demanda por la composición de la comisión, dijo que las omisiones del panel son tan significativas como aquello en lo que se enfoca.

Dijo que la comisión no ha abordado adecuadamente temas como las campañas antimusulmanas en Texas y otros lugares, y también el aumento del antisemitismo en la derecha, no solo en la izquierda.

Debate sobre la separación entre Iglesia y Estado

Raushenbush dijo que le preocupa especialmente que el presidente de la comisión cuestione la noción misma de la separación entre Iglesia y Estado.

Patrick, un republicano que es vicegobernador de Texas, denunció repetidamente un concepto que está arraigado en la jurisprudencia de la Corte Suprema.

"Tenemos que decir que no hay separación entre Iglesia y Estado", dijo Patrick en la reunión de abril. "Eso es una mentira". Sugirió imprimir "un millón de pegatinas para el parachoques" de los carros con ese mensaje.

Nadie en la reunión de la comisión se mostró en desacuerdo.

Trump hizo comentarios similares en un evento de oración en la Casa Blanca en 2025. "Dicen que hay separación entre la Iglesia y el Estado", dijo Trump. "Yo dije: muy bien, olvidémonos de eso por una vez".

Si bien la frase "separación entre Iglesia y Estado" no aparece en la Constitución, las decisiones del siglo XX de la Corte Suprema citaron la descripción de Thomas Jefferson de la Primera Enmienda como la creación de "un muro de separación entre Iglesia y Estado". La corte aplicó la prohibición de la Primera Enmienda de cualquier "establecimiento" de una iglesia a los estados, además del gobierno federal, citando la prohibición de la 14.ª Enmienda de que los estados nieguen los derechos de los ciudadanos.

Desde entonces, los tribunales han debatido cómo equilibrar la libertad de religión y la libertad frente a la religión patrocinada por el gobierno.

Las preocupaciones abarcan las escuelas, las vacunas, los lugares de trabajo y más

Patrick ha abogado por la oración y la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.
"No tengo ninguna malicia hacia nadie que no crea en ningún tipo de fe", dijo Patrick a sus colegas comisionados. "Está bien. De eso se trata Estados Unidos. Pero ¿esas organizaciones impulsadas por alguna ideología y por la cuenta bancaria de alguien que quiere eliminar a Dios de nuestro país? Tenemos que hacerles frente".

En cuanto a otros temas, varios comisionados pidieron que se exija a las escuelas y los lugares de trabajo que publiquen avisos sobre los derechos de expresión religiosa y las exenciones.

Algunos pidieron que se restablecieran los salarios y las prestaciones de jubilación completas para los miembros del servicio militar que fueron dados de baja por negarse a recibir las vacunas contra el COVID-19.

El obispo Robert Barron, de la Diócesis Católica de Winona-Rochester, Minnesota, pidió que se permita a grupos religiosos como Catholic Charities recibir fondos federales sin comprometer las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre la familia.

También dijo que los inmigrantes católicos detenidos deberían recibir un trato humano y tener acceso a los sacramentos, y que los agentes de inmigración no deberían interrumpir los servicios de culto durante las acciones de control. El año pasado, la administración eliminó una política contra la aplicación de la ley de inmigración en los santuarios, algo que, según otros líderes religiosos, no debería ocurrir en ningún momento.

Kelly Shackelford, presidente y director ejecutivo de la organización legal First Liberty Institute, pidió que se establezcan nuevos requisitos para que los gobiernos paguen todos los gastos legales si pierden un caso de libertad religiosa. Dijo que muchas personas carecen de los recursos económicos para enfrentar al gobierno en los tribunales.

"Eso supondría un enorme cambio de poder a favor de los ciudadanos", afirmó.