ORLANDO, Florida.- La Corte Suprema de Florida autorizó que se utilicen en las elecciones de medio término de 2026 los nuevos distritos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobados por la mayoría republicana estatal, una decisión que representa una victoria política para el gobernador Ron DeSantis y podría fortalecer las posibilidades del Partido Republicano de ampliar su representación en Washington.
Florida usará nuevos distritos electorales en 2026 tras fallo de la Corte Suprema
La decisión mantiene vigentes los distritos congresionales aprobados por los republicanos mientras continúa una batalla judicial que podría extenderse hasta 2028
Video Florida redefine distritos electorales y desata choque político por presunta ventaja
En una votación de 6-1, el máximo tribunal estatal rechazó una solicitud de grupos de votantes y organizaciones civiles que buscaban suspender temporalmente el nuevo mapa electoral mientras se resuelve una demanda que cuestiona su constitucionalidad.
Los demandantes argumentan que los nuevos límites distritales violan la prohibición de manipulación partidista de distritos electorales establecida en la Constitución de Florida. Sin embargo, los jueces determinaron que no tienen jurisdicción para intervenir en esta etapa del proceso, mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.
La decisión llega apenas días antes de la fecha límite para que los aspirantes al Congreso se inscriban para las primarias del 18 de agosto, aportando certeza al proceso electoral.
Actualmente, los republicanos controlan 20 de los 28 escaños que Florida tiene en la Cámara de Representantes federal. De acuerdo con análisis citados en el litigio, el nuevo mapa podría mejorar las posibilidades del partido de ganar hasta cuatro escaños adicionales en noviembre.
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Grupos como Equal Ground y Common Cause Florida reaccionaron con críticas a la decisión judicial y anunciaron que continuarán impugnando el mapa electoral en los tribunales.
Genesis Robinson, directora ejecutiva de Equal Ground, calificó la resolución como una renuncia del tribunal a su responsabilidad de proteger la democracia en el estado.
Por su parte, Amy Keith, directora ejecutiva de Common Cause Florida, sostuvo que los nuevos distritos constituyen un ejemplo evidente de manipulación partidista y aseguró que la organización seguirá intentando evitar que el mapa influya en futuras elecciones.
Los abogados de los demandantes afirman que la redistribución fue diseñada para beneficiar a los republicanos. Según documentos presentados ante la Corte Suprema estatal, los nuevos distritos se encuentran entre los ejemplos más extremos de gerrymandering partidista aprobados en Estados Unidos durante las últimas décadas.
Como parte de sus argumentos, señalaron que el 82% de los votantes que actualmente viven en distritos representados por republicanos permanecerán en las mismas circunscripciones, mientras que solo el 41% de quienes residen en distritos representados por demócratas conservarán sus actuales límites electorales.
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El caso ocurre en medio de un esfuerzo impulsado por el presidente Donald Trump para que estados gobernados por republicanos revisen sus mapas electorales antes de las elecciones de medio término, con el objetivo de preservar la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
La Legislatura de Florida aprobó el nuevo mapa el pasado 29 de abril durante una sesión especial convocada por DeSantis.
La administración estatal ha defendido los cambios argumentando que el mapa fue elaborado sin utilizar criterios raciales y que cumple con principios de igualdad ante la ley. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró la decisión judicial y la calificó en redes sociales como una "victoria total y completa".
La disputa también involucra el futuro de la enmienda constitucional conocida como Fair Districts, aprobada por los votantes de Florida en 2010. Esa reforma prohíbe tanto la manipulación partidista de distritos como la reducción de la capacidad de minorías raciales y lingüísticas para elegir a sus representantes.
Abogados de la administración DeSantis han sostenido que algunas de esas disposiciones podrían entrar en conflicto con la Constitución federal, un argumento que podría tener implicaciones para las reglas de redistribución electoral en Florida.
