Una corte federal de apelaciones se alineó esta semana con el fallo de un juez de primera instancia contra los intentos del gobierno del presidente Donald Trump por poner fin al Estatus de Protección Temporal ( TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 350,000 haitianos que viven en Estados Unidos.
Corte federal frena intento de Trump de cancelar el TPS para 350,000 haitianos en Estados Unidos
El Estatus de Protección Temporal puede ser concedido por el secretario de Seguridad Nacional estadounidense si se considera que las condiciones en los países de origen no son seguras para el retorno.
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La Corte Federal de Apelaciones en Washington, DC, transmitió el fallo de 2-1 el viernes.
“El hecho de que el gobierno no haya cumplido con su carga de demostrar un daño irreparable, por sí solo justifica negar el alivio de emergencia que alterará el statu quo y aumentará la incertidumbre cuando esta apelación sigue su curso”, destacó.
Se dejó un mensaje el sábado al Departamento de Seguridad Nacional en busca de comentarios.
El Estatus de Protección Temporal puede ser concedido por el secretario de Seguridad Nacional estadounidense si se considera que las condiciones en los países de origen no son seguras para el retorno debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros peligros. Aunque otorga a los titulares de TPS el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos, no ofrece una vía legal hacia la ciudadanía.
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El estatus de TPS de Haití se implementó inicialmente en 2010 tras un sismo catastrófico y se ha extendido en múltiples ocasiones. El país está azotado por la violencia de las pandillas, que ha desplazado a cientos de millas de personas.
El gobierno de Trump ha buscado de manera agresiva eliminar la protección, lo que hará que más personas queden expuestas a la deportación. Estas forman parte del esfuerzo más amplio del gobierno por realizar deportaciones masivas.
Además de los migrantes de Haití, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem —cuyo despido fue anunciado el jueves por Trump—, ha puesto fin a las protecciones para unos 600,000 venezolanos, 60,000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal, más de 160,000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún. Algunos procesos tienen demandas pendientes en las cortes federales.
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