El fallo unánime, emitido por un panel del Tribunal de Apelaciones del 2.º Circuito en la ciudad de Nueva York, prepara el terreno para una posible apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto se debe a que paneles de los tribunales de los circuitos 8vo y 5to ya han respaldado la política implementada por el gobierno de Trump en julio pasado.
Un tribunal de apelaciones rechaza detenciones migratorias sin fianza de Trump
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el martes que el gobierno del presidente Donald Trump no puede encarcelar a inmigrantes sin fianza, citando “serias cuestiones constitucionales” relacionadas con lo que, de otro modo, sería el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia del país para millones de no ciudadanos
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“Hoy, aunque discrepamos de otros dos circuitos que han abordado esta cuestión, nos sumamos a la abrumadora mayoría de jueces federales de todo el país que la han considerado y concluimos que la novedosa interpretación de la ley de inmigración por parte del gobierno contradice su texto”, escribió el juez Joseph F. Bianco en nombre del panel, integrado también por los jueces Alison J. Nathan y Jose A. Cabranes.
Según la política, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha negado audiencias de fianza a inmigrantes arrestados en todo el país, incluso a aquellos que han vivido en Estados Unidos durante años sin antecedentes penales. Esto supone un cambio respecto de la práctica en gobiernos anteriores, cuando la mayoría de los no ciudadanos sin historial delictivo que eran detenidos lejos de la frontera tenían la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos avanzaban en el tribunal de inmigración.
En esos casos, a menudo se concedía la fianza a personas que no representaban riesgo de fuga, y la detención obligatoria se limitaba a quienes acababan de ingresar al país.
El nuevo enfoque ha tensionado a los tribunales federales, y jueces de todo el país enfrentan más de 30.000 demandas de inmigrantes encarcelados en el marco de la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump. Al no tener manera de solicitar fianza en el tribunal de inmigración, muchos inmigrantes han recurrido en su lugar a los tribunales federales, pidiendo fianza mediante un proceso conocido como petición de hábeas corpus.
Abogados del gobierno de Trump sostienen que la política de detención obligatoria es legal en virtud de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, aprobada en 1996. Esa ley agilizó el proceso para deportar a personas que llegaban recientemente a Estados Unidos sin permiso, pero a los inmigrantes que ya estaban en el país aún se les permitía solicitar fianza ante un juez de inmigración en virtud de otra ley.
Eso cambió en julio, cuando Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), manifestó que todos los inmigrantes señalados para deportación serían tratados de la misma manera que los recién llegados.
El panel de tres jueces determinó que la interpretación del gobierno de la ley de 1996 contradice el texto claro de la norma, su propósito y su historia, y señaló que el Congreso había establecido un sistema escalonado para los casos de inmigración basado, en parte, en cuánto tiempo llevaba un inmigrante en el país.
Hasta ahora, más de 370 jueces federales —o alrededor del 90%— que han considerado esos casos de hábeas corpus también han rechazado el nuevo enfoque del gobierno, escribió Bianco. Bianco fue nominado por Trump, Nathan por el expresidente Joe Biden y Cabranes por el expresidente Bill Clinton.
El caso del 2.º Circuito se relaciona con un hombre de Brasil que ingresó a Estados Unidos alrededor de 2005, solicitó asilo en 2016 y recibió autorización de trabajo mientras su solicitud estaba bajo revisión.
Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha nunca ha sido arrestado ni acusado de un delito, es propietario de su vivienda en Massachusetts, donde vive con su esposa y dos hijos ciudadanos estadounidenses, y dirige una pequeña empresa de construcción. Fue arrestado con una orden administrativa en septiembre de 2025, quedando sujeto a un proceso de expulsión, y presentó una petición de hábeas corpus cuando un juez de inmigración determinó que estaba sujeto a detención obligatoria.
La detención obligatoria durante un periodo sustancial de no ciudadanos como Barbosa da Cunha “plantearía serias cuestiones constitucionales, especialmente porque el gobierno no ha logrado explicar cómo guardaría una ‘relación razonable’ con cualquier propósito legítimo y no punitivo”, escribió Bianco.
“El fallo de hoy confirma, con razón, que la política del gobierno de Trump de detener a inmigrantes sin ningún proceso es ilegal y no puede sostenerse”, afirmó Amy Belsher, directora de Litigio por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York. “El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, sin una oportunidad de solicitar su liberación. Contraviene la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la decencia humana básica”.
En un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional señaló una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración que respaldó la política de detención obligatoria, y sostuvo que Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, “ahora hacen cumplir esta ley tal como fue escrita realmente para mantener a Estados Unidos seguro”.
“En cuanto a las decisiones de tribunales federales sobre la detención obligatoria, activistas judiciales han sido impugnados repetidamente por la Corte Suprema en estas cuestiones. El ICE tiene la ley y los hechos de su lado y será reivindicado por tribunales superiores”, añadió el Departamento de Seguridad Nacional.