La administración Trump ha presentado una solicitud por primera vez ante un tribunal secreto y latente, creado hace 30 años para evaluar las peticiones del gobierno para deportar a los llamados "terroristas extranjeros" de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia activa un tribunal de hace 30 años buscando la deportación de "terroristas extranjeros"
Las facultades del tribunal surgieron de la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, la cual permite al fiscal general presentar bajo sello solicitudes para la deportación de un presunto "terrorista extranjero"
El Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) se estableció en 1996, pero nunca había recibido una solicitud hasta el pasado miércoles, cuando el Departamento de Justicia presentó una petición buscando la expulsión de un individuo cuyo nombre se mantiene bajo reserva en el documento de una sola página publicado en el sitio web del tribunal.
La jueza presidenta del tribunal de cinco miembros, Joan Ericksen, señaló en una respuesta escrita a la solicitud que el jueves se llevó a cabo una audiencia en la que el tribunal tuvo "preguntas sobre el nexo que el gobierno alega entre las acciones del demandado y las secciones y subsecciones específicas que invoca con respecto a esas acciones".
"Las respuestas persuadieron al Tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de realizar una consideración más reflexiva", escribió Ericksen, jueza federal en Minnesota.
La jueza ordenó al Departamento de Justicia proporcionar más información a más tardar el miércoles.
Las facultades del tribunal surgieron de la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, la cual permite al fiscal general presentar bajo sello solicitudes para la deportación de un presunto "terrorista extranjero". Si se concede la solicitud, el tribunal debe celebrar una audiencia pública en la que el gobierno tiene la carga de la prueba para demostrar que el individuo cumple con dicha definición. Las solicitudes deben ser aprobadas por el fiscal general o el fiscal general adjunto.
La ley federal establece que un individuo podría calificar como "terrorista extranjero" por, entre otros factores, haber "participado en una actividad terrorista", respaldar o apoyar actividades terroristas y por pertenecer a un grupo político o social que fomente la actividad terrorista.
Un tribunal para deportaciones por motivos de seguridad nacional
El tribunal ha permanecido inactivo desde su creación, ya que —hasta la semana pasada— no había recibido solicitudes ni celebrado audiencias, según un resumen publicado en el sitio web del Centro Judicial Federal. Está integrado por cinco jueces seleccionados por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
La administración Trump ha actuado de manera agresiva durante el último año para llevar a cabo deportaciones, lo que incluye invocar una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar a migrantes venezolanos a quienes los funcionarios acusan de formar parte de una banda terrorista. Durante una audiencia sobre ese caso el año pasado, el juez de Washington que lo presidía, James Boasberg, indicó que el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros sería el foro natural para considerar una solicitud de deportación por motivos de seguridad nacional.
"De hecho, el Congreso tiene una respuesta para nosotros, ¿no es así? Porque crearon el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros", dijo. "Así que, si hay una preocupación de seguridad nacional con la celebración de estas audiencias... siempre se puede acudir al ATRC, lo cual sería una novedad, pero para eso está ahí, ¿verdad?".









