El plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump atraviesa un momento clave ante cambios en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y crecientes tensiones políticas en Washington, comentaron expertos en el tema a AP.
Plan de deportaciones de Donald Trump entra en fase crítica por cambios en Seguridad Nacional
La política migratoria enfrenta presión política, cambios en el DHS y críticas por redadas y muertes en Estados Unidos.
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La salida de Kristi Noem y la próxima comparecencia del senador Markwayne Mullin para asumir la titularidad del DHS abren la posibilidad de redefinir o endurecer la estrategia migratoria del actual gobierno estadounidense.
El debate se intensificó tras redadas en ciudades como Minneapolis que derivaron en la muerte de al menos tres ciudadanos estadounidenses, lo que llevó a legisladores demócratas a condicionar la aprobación de fondos para Seguridad Nacional a que hubiera cambios en estas políticas.
A la par, dentro del Partido Republicano hay señales de división: algunos líderes reconocen que los operativos agresivos han generado costos políticos, mientras que sectores más duros exigen acelerar las deportaciones.
Pese a los llamados a una "corrección de rumbo", la política migratoria de Trump no muestra señales de desaceleración. Por el contrario, el gobierno destina miles de millones de dólares para ampliar la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), construir centros de detención y cumplir la meta de detener y expulsar a cerca de un millón de migrantes en un año.
En tanto, la Casa Blanca sostiene que no hay cambios en la estrategia contra los migrantes y que las medidas ya han reducido los cruces fronterizos, incluso mediante salidas voluntarias.
Organizaciones defensoras de derechos civiles, como la ACLU, advierten que el gobierno está intensificando medidas que consideran más severas, mientras que grupos conservadores presionan para ir más allá y ampliar las deportaciones a personas sin antecedentes criminales. Esta postura es impulsada por nuevas alianzas como la Coalición de Deportación Masiva.
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¿Cuánto dinero ha destinado el Congreso para la política migratoria?
El Congreso también ha sido clave al aprobar el año pasado un paquete de alrededor de 170 mil millones de dólares para reforzar la política migratoria, lo que incluye un aumento significativo de recursos para el ICE, cuyo presupuesto prácticamente se ha triplicado.
Sin embargo, incluso entre republicanos surgen dudas sobre la viabilidad y el impacto económico de una deportación a gran escala, especialmente en sectores que dependen de mano de obra migrante.
En este contexto, el gobierno estadounidense podría apostar por estrategias como la "autodeportación", creando condiciones más restrictivas para que los migrantes abandonen el país por cuenta propia, incluyendo la posible eliminación de permisos temporales.
Legisladores demócratas alertan que esto podría traducirse en más detenciones de personas sin historial delictivo.
Así, la política migratoria de Trump se encuentra en una fase crítica, marcada por presiones políticas, cuestionamientos por abusos y una disputa sobre hasta dónde debe llegar la estrategia de deportaciones masivas.
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