Pasan los días y los terratenientes de Big Bend resisten en la batalla contra la construcción del muro fronterizo de Trump

El mensaje de la administración Trump ha sido claro: sigue adelante con un proyecto de muro fronterizo de $46 mil millones de dólares que se extiende desde el océano Pacífico hasta el golfo de México.

Pero en la región de Big Bend, en Texas, la administración se ha topado con una intensa oposición por parte de propietarios de tierras, muchos de los cuales no están dispuestos a ceder partes de su propiedad para lo que consideran un desperdicio del dinero de los contribuyentes.

Esa resistencia está complicando el proyecto de infraestructura insignia del presidente Donald Trump, en una disputa que se ha convertido en una prueba de qué tan lejos llegará el gobierno para hacer realidad su visión de una frontera sur fortificada.

El gobierno ha destinado miles de millones de dólares y ha eximido normativas ambientales y de otro tipo para avanzar con el proyecto a pesar de los cruces ilegales históricamente bajos en la región, sus imponentes barreras naturales y un vertiginoso rechazo bipartidista que ha desordenado la política fronteriza tradicional.

El gobierno federal cuenta con amplias facultades para imponer el proyecto. Sin embargo, un juez ha pausado la construcción en toda la región, lo que representa un gran impulso para los propietarios que han buscado obstaculizar el muro al negarse a cooperar con los topógrafos del gobierno, protestar en reuniones del condado y prepararse para batallas judiciales.

“La resistencia de los propietarios ha frenado este proyecto hasta dejarlo a paso de tortuga”, dijo David Keller, un propietario que interpuso una demanda para detener los planes del muro en Big Bend. Agregó que la administración estaba “lamentablemente poco preparada para el avispero que alborotaron”.

Trump ha prometido durante mucho tiempo construir el muro fronterizo

Construir un muro a lo largo de la frontera entre EEUU y México ha sido durante mucho tiempo una promesa clave de campaña para Trump. Y la administración siguió adelante con él después de que los republicanos aprobaran el año pasado $46 mil millones de dólares para el muro fronterizo como parte de un amplio paquete de medidas de control migratorio.

Aunque los cruces ilegales cayeron drásticamente bajo el mandato de Trump, el gobierno asegura que los muros, las barreras para vehículos, la tecnología de vigilancia y los caminos de patrullaje son necesarios para mantenerlos bajos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que está construyendo un promedio de unas 12 millas (20 kilómetros) de barrera a la semana y que recientemente alcanzó el hito de más de 200 millas (320 km) de nuevos muros levantados durante la segunda administración de Trump.

En Big Bend, donde la construcción comenzó en septiembre, el gobierno planea gastar $7.5 mil millones de dólares para fortificar la frontera a lo largo de un área que abarca más de 500 millas (800 km).

En agosto, la Patrulla Fronteriza arrestó a 8,870 personas a lo largo de la frontera sur. En Big Bend, que representa aproximadamente una cuarta parte de toda la frontera entre EE. UU. y México, arrestó a 161 personas.

“El pueblo estadounidense ya ha visto las consecuencias de una frontera desprotegida”, afirmó el comisionado de la CBP, Rodney Scott, tras una demanda interpuesta por propietarios de tierras contra el proyecto de Big Bend. “No podemos permitir que ninguna región, incluida Big Bend, vuelva a ser explotada”.

Los propietarios se preparan para batallas judiciales

A diferencia de otras zonas fronterizas, gran parte del terreno en Texas es de propiedad privada o estatal.

El gobierno debe obtener autorización de los propietarios para realizar estudios de topografía y construir, y si se niegan, puede llevarlos a los tribunales. El proceso mediante el cual el gobierno toma la propiedad de alguien para uso público a cambio de una compensación se conoce como dominio eminente ( expropiación forzosa), y los tribunales generalmente fallan a favor del gobierno en estos casos.

Eso no ha detenido a Dianna y Dan Burbach.

Los Burbach comenzaron a recibir documentos en julio solicitando permiso para inspeccionar su propiedad, junto con un mapa que mostraba por dónde pasaría el proyecto detrás de su casa. Una carta enviada en agosto señalaba que el gobierno tenía una “necesidad inmediata” de ingresar y advertía que podría acudir a los tribunales en un plazo de 90 días.

Dianna, de 63 años, y su esposo, de 79, llegaron hace 25 años y criaron a cuatro hijos en su casa de adobe color naranja en un terreno que se extiende hasta el Río Grande ( Río Bravo). Ahora retirados, les preocupa que la construcción empeore las inundaciones y deje 15 acres (6 hectáreas) de su tierra detrás del muro.

“Vamos a dejar que nos lleven a juicio, que usen el dominio eminente”, dijo Dianna. “Daremos la pelea por esa vía”.

Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que la CBP ha alcanzado acuerdos con docenas de propietarios en Big Bend, pero que la administración ha contratado abogados especialistas en dominio eminente en Texas en previsión de los litigios. A lo largo de la frontera sur, se han remitido unos 70 casos de este tipo al departamento durante el segundo mandato de Trump, y 50 ya han sido resueltos —ninguno requirió ir a juicio—, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato respetando las reglas impuestas por el gobierno.

La coalición No Big Bend Wall, que afirma que su red incluye a más de 200 propietarios de tierras, demandó recientemente para bloquear la construcción. Los demandantes argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional está haciendo un uso indebido de su autoridad en una región con escasa actividad ilegal transfronteriza.

Las demandas que buscan detener o frenar los proyectos del muro fronterizo han sido en su mayoría infructuosas. Sin embargo, en una victoria importante para los opositores, una jueza federal prohibió temporalmente la construcción del muro en el área de Big Bend. Los demandantes argumentaron que la administración se había extralimitado en su autoridad congresional al emitir exenciones masivas para eludir normativas ambientales y de otra índole.

Keller dijo que el fallo de la jueza fue una “noticia excelente sin reservas”, pero que la incertidumbre sobre el futuro significaba que los propietarios continuarían su lucha.

No queda claro de inmediato cuánto tiempo frenará al gobierno la orden de la jueza; la noche del jueves, las autoridades solicitaron a la magistrada dejar en suspenso su orden mientras apelan.

El gobierno también argumentó en la solicitud judicial que dejar tramos a lo largo de la frontera sin una infraestructura de seguridad adecuada podría provocar un "efecto embudo", donde la inmigración ilegal o el contrabando se desplazarían hacia la zona menos fortificada, específicamente la región de Big Bend.

Protestas a contratistas y cabildeo con funcionarios locales

Otros opositores están presionando a los gobiernos locales para que no presten ayuda a los contratistas. Charlie Angell, un operador turístico notificado de que el gobierno quería acceso a su terreno para el proyecto del muro, y su pareja, Bibiana Gutiérrez, asisten a reuniones del condado en toda la región.

Ellos y otros dueños de tierras y negocios han realizado protestas, patrullado áreas donde trabajan los contratistas para vigilar posibles infracciones y colgado carteles donde informan a los contratistas que no son bienvenidos en los hoteles ni restaurantes locales.

En el condado de Terrell, los residentes urgieron sin éxito a las autoridades a no arrendar terrenos del aeropuerto a un contratista de las barreras. En el condado de Jeff Davis, un acuerdo propuesto para permitir que otro contratista use un camino del condado aún no ha sido aprobado.

Los incentivos financieros para algunos de estos condados con escasos recursos son evidentes, y algunos funcionarios locales argumentan que tienen muy poco margen de maniobra frente a un plan federal.

“Nosotros no controlamos el muro fronterizo. No lo hacemos”, dijo la jueza del condado de Terrell, Dale Lynn Carruthers, ante un salón abarrotado de personas que habían acudido a pronunciarse en contra del arrendamiento en el aeropuerto. Explicó que si no les arrendaban el terreno, el contratista simplemente lo compraría en otra parte. “Solo somos el pequeño condado de Terrell”.

Sin embargo, Angell y Gutiérrez sostienen que la oposición local tiene más fuerza de la que algunos creen.

“Si nos hubiéramos rendido, el muro ya estaría en pie”, afirmó Gutiérrez.

La CBP indicó que continúa buscando acuerdos de acceso voluntario mientras completa el diseño del proyecto, pero que remitirá las disputas al Departamento de Justicia cuando sea necesario. Los propietarios recibirán una compensación independientemente de cómo se obtenga el acceso, señaló la agencia.

La oposición cuenta con apoyo bipartidista

Tras un aumento de años en los cruces en la frontera sur, la seguridad fronteriza y la inmigración fueron razones clave por las que los republicanos votaron por Trump, y sus índices de aprobación en esos temas se encuentran entre los más sólidos.

Pero con la drástica caída en los cruces ilegales, incluso algunos republicanos que votaron por Trump impulsados por el tema de la seguridad fronteriza han cuestionado la necesidad de una infraestructura multimillonaria a través de Big Bend.

Los alguaciles locales se opusieron al proyecto desde el principio, y el paso de la maquinaria pesada en el Parque Nacional Big Bend llevó al senador republicano John Cornyn a presionar a Seguridad Nacional sobre las preocupaciones de los texanos.

Laura Allen, una ganadera republicana que votó dos veces por Trump, está recibiendo notificaciones de que una barrera para vehículos cruzará la propiedad donde su familia cría ovejas y cabras. Le reconoce a Trump el mérito de haber cerrado la frontera, pero dice que gastar miles de millones en barreras en Big Bend es innecesario.

“Yo no voté por un muro”, afirmó. “Quería que se asegurara nuestra frontera. Él logró eso”.

El alguacil republicano del condado de Terrell, Thad Cleveland, quien pasó 26 años en la Patrulla Fronteriza, es uno de los que se ha manifestado en contra del proyecto en Big Bend. Comentó que en el accidentado condado que patrulla, los drones y las torres de vigilancia tienen más sentido que un muro para rastrear y detener a quienes cruzan la frontera de manera ilegal.

“Aquí afuera tenemos la ventaja del tiempo y la distancia”, señaló.

El terreno en sí es un disuasivo natural, afirman los críticos

En algunas zonas, el río está flanqueado a ambos lados por empinados acantilados de piedra caliza, y a lo largo de toda la región, las personas tienen que caminar por un terreno desértico e inhóspito para llegar a la carretera pavimentada más cercana o pasar por los puntos de control de la Patrulla Fronteriza.

Para llegar al terreno de Gary Grabowske es necesario avanzar con dificultad por senderos montañosos rocosos y atravesar cauces secos moldeados por inundaciones repentinas. Desde la cima de un acantilado de 450 pies (137 metros), el Río Grande se observa a lo lejos, en el fondo. No hay electricidad, agua corriente ni internet y, según argumenta Grabowske, tampoco hay una ruta plausible para que ingrese un vehículo desde México.

“Ni siquiera se puede bajar en una bicicleta de montaña hasta el fondo”, dijo Grabowske, haciendo un gesto hacia el cañón. “No se puede bajar en una mula. Hay que bajar trepando con manos y pies”. Y añadió: “No hay vehículo en el mundo que pueda cruzar nada de esto”.

Los opositores afirman que la batalla va más allá de si un muro tiene sentido o no en Big Bend. Lo ven como una prueba de qué tan lejos puede llegar el gobierno federal cuando los propietarios de tierras se interponen en una de sus prioridades.

“Somos un grupo bastante resistente”, dijo Allen. “Pero si nuestro propio gobierno nos va a pasar por encima y nos va a quitar nuestra tierra, ¿qué le hace pensar a cualquier otra persona en este país que está exenta?”.

Los ganaderos intentan resistir

El rancho Zuberbueler, en el condado de Val Verde, fue fundado en 1898. Los hermanos Bill y Patrick poseen y arriendan miles de acres de este terreno escarpado que se extiende hasta el río. Sus cabras de Angora y ovejas Rambouillet deambulan por la propiedad, deteniéndose en una red de bebederos.

Bill recuerda cuando, allá por febrero, recibió por primera vez la carta en la que le daban cinco días para responder a una solicitud de acceso a su propiedad para la construcción y se planteaba la posibilidad de que el gobierno recurriera al dominio eminente. Le preocupa cómo afectará la construcción a su ganado, especialmente al suministro de agua. Y aunque sus animales podrían pasar a través de las barreras para vehículos, los vaqueros que los arrean no podrían hacerlo.

“No hay mucho pasto aquí afuera, pero cada pie cuadrado es importante para mis ingresos”, dijo Bill.

Hasta ahora se han negado a permitir el ingreso de cualquier persona a su terreno para realizar estudios o construir. Sienten el peso del legado familiar y los sacrificios que hicieron las generaciones anteriores para sacar adelante el rancho.

“Independientemente de lo que suceda, tenemos que poder decir que lo intentamos”, concluyó Patrick.