Rahway, NUEVA JERSEY.- La última vez que sus hijos lo vieron en persona fue la mañana del 30 de enero, frente a su escuela en Rahway, Nueva Jersey. Minutos después de despedirse, Gerardo Postigo, de 54 años, fue detenido por agentes de ICE. Desde entonces, la comunicación se limita a llamadas y videollamadas.
“Me agarró el ICE”: padre es detenido tras dejar a sus hijos en la escuela y familia queda sin sustento
Así le dijo Gerardo Postigo a su hija mayor minutos después de dejar a sus hermanitos en la escuela y antes de ser detenido por agentes de ICE. Sus hijos, dice su esposa, “todos los días se levantan y lloran”, mientras esperan volver a verlo fuera de custodia.
Días después, su hija menor celebró su cumpleaños número seis a través de una pantalla. Su padre estaba al otro lado de la línea, bajo custodia.
“Los dejó y saliendo lo agarraron”, relata Liliana Quispe, su esposa. “Yo creo que por ser latino de repente lo agarraron”.
La noticia llegó primero a la hija mayor. “Me dijo: ‘me agarró el ICE’. Yo le dije: ‘¿cómo vas a jugar con eso, papá?’. Él siempre es muy bromista. Y me dijo: ‘hija, te lo juro, me agarró el ICE’”, afirmó Astrid Postigo.
Ese momento marcó un quiebre en la rutina familiar. “Ahí cambió nuestra vida para siempre”, dice Quispe.
De acuerdo con su esposa, Postigo no tenía antecedentes penales ni infracciones de tránsito. La familia ingresó al país hace cuatro años y solicitó asilo. “Él no tenía orden de deportación. Trabaja, hace sus taxes, no es una carga para el gobierno. No tiene antecedentes ni en Perú ni acá”, afirma.
En la casa de la familia Postigo, el efecto ha sido inmediato. La ausencia del padre ha dejado un vacío económico y emocional.
“No tengo dinero para poder ponerles un psicólogo porque ellos están mal, están devastados. Todos los días se levantan y lloran”, dice Quispe.
Describe a su esposo como una figura central en la vida de sus hijos. Como si fuera un niño, jugaba con sus hijas y a su hijo le enseñó el fútbol.
Recursos limitados y apoyo comunitario
Ante la detención, la familia ha buscado opciones legales. Una de las vías posibles es solicitar una audiencia de fianza o presentar un recurso de habeas corpus para cuestionar la legalidad de la detención. Sin embargo, estos procesos requieren representación legal especializada y costos que pueden alcanzar varios miles de dólares.
“Sabemos que conseguir un abogado que le pueda hacer un habeas corpus sería lo mejor, pero es más costoso”, explica Quispe.
Sin acceso a defensa pública garantizada en casos migratorios, muchas familias recurren a redes comunitarias. En este caso, la organización Cosecha ha brindado apoyo.
“Nos dan toda la semana tarjeta de víveres, nos orientan porque hay muchas estafas con abogados”, dice.
El riesgo de fraude es uno de los problemas frecuentes en estos procesos. Autoridades federales han advertido sobre personas que ofrecen servicios legales sin licencia o garantizan resultados a cambio de pagos elevados.
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Para reunir fondos, la familia ha recurrido a la venta de comida. A través de grupos de WhatsApp y redes sociales, organizan actividades para cubrir los costos legales.
“Para poder pagar el abogado, para que él salga bajo fianza”, explica Quispe mientras coordina la preparación de platos típicos como las polladas peruanas.
La prioridad, dice Quispe, es sostener a sus hijos. “Tu papá va a regresar pronto. Va a venir tu papá. Hay que ser fuertes”, les repite.
Aumento de arrestos en áreas públicas
Datos recientes muestran que la mayoría de las personas detenidas por autoridades migratorias no tiene condenas penales.
Según el centro de investigación TRAC, alrededor de 68,000 personas estaban bajo custodia de ICE en febrero de 2026, y más del 73 % no tenía antecedentes penales, o solo enfrentaba infracciones menores.
En los últimos meses, además, se ha registrado un cambio en la forma en que se realizan los operativos. Reportes indican de un aumento en los arrestos fuera de cárceles, incluyendo detenciones en comunidades, lugares de trabajo y espacios públicos como escuelas o barios residenciales.
A pesar de tener procesos activos, algunas de estas personas son detenidas. Este 2026, ya se han documentado casos de solicitantes de asilo retenidos durante semanas sin una base legal clara, hasta que jueces ordenaron su liberación.
Las opciones legales incluyen solicitar fianza, continuar el proceso de asilo o pedir liberación por razones humanitarias, especialmente cuando hay menores involucrados. Sin embargo, el acceso a estos recursos depende en gran medida de la capacidad de pagar los abogados.
“Creo que es algo muy injusto lo que le hacen a esas personas. Son tantas familias las que están pasando eso. Cuando veo a mi papá, digo qué pena, porque no tiene antecedentes y lo tratan como un criminal”, concluye su hija.
















