El Departamento de Justicia tomó medidas este viernes para permitir que más personas puedan comprar silenciadores de armas de fuego, rifles de cañón corto y ciertas otras armas sin necesidad de registrarlos ante el gobierno federal, tras un fallo judicial que invalidó disposiciones de una ley clave.
El Departamento de Justicia no aplicará requisitos de registro de silenciadores y ciertas armas tras un fallo judicial en Texas
La decisión del Departamento de Justicia permitirá a la ciudanía estadounidense comprar silenciadores, rifles de cañón corto, entre otras armas, sin necesidad de registrarlas ante el gobierno federal.
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La administración Trump anunció los cambios en las políticas de aplicación de la ley después de que un juez de Texas dictaminara en agosto que el proceso de permisos era inconstitucional. Aunque la decisión del juez se limitaba únicamente a las partes involucradas en ese caso, el Departamento de Justicia declaró el viernes que dejaría de exigir los requisitos de registro de manera generalizada.
“La dirección del presidente, el Congreso y los tribunales es clara”, afirmó Rob Cekada, director de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), en un comunicado enviado por correo electrónico. “La ATF se está alineando ahora con nuestra postura de cumplimiento, mientras continúa enfocada donde más se necesita: combatiendo el crimen violento en las comunidades estadounidenses”.
El gobierno de
Trump suaviza las restricciones sobre armas de fuego
Se trata del paso más reciente de la administración Trump para flexibilizar las restricciones a las armas de fuego, medidas a las que se oponían los grupos defensores de los derechos de portación. Dichos activistas han argumentado durante mucho tiempo que los requisitos de registro —que implicaban llenar un formulario, tomar huellas dactilares y esperar la aprobación del gobierno— resultaban excesivamente onerosos.
En el caso de Texas, el asunto central eran las regulaciones de la Ley Nacional de Armas de Fuego (National Firearms Act), aprobada en la década de 1930 en respuesta a la preocupación por la violencia de la mafia.
El juez de distrito estadounidense James Hendrix, en Texas, dictaminó que las normas para adquirir un silenciador, un rifle de cañón corto, una escopeta de cañón corto y ciertas otras armas de fuego debían anularse, luego de que el Congreso, controlado por los republicanos, y el presidente Donald Trump eliminaran un impuesto de $200 para la adquisición de dichos dispositivos. El Departamento de Justicia optó por no apelar la decisión del juez.
Cekada dijo a The Associated Press este viernes que, tras el fallo, las fuerzas de seguridad federales se vieron abrumadas por preguntas del público y de miembros del Congreso sobre cómo abordaría el gobierno el cumplimiento de estas normas a nivel nacional. La administración Trump consideró que lo “mejor y más justo” era abordar las normas en todo el país para evitar una red confusa y fragmentada de regulaciones, señaló Cekada en una entrevista.
Condenan fallo del Departamento de Justicia sobre restricciones de armas
Grupos que respaldan las restricciones de armas condenaron tanto el fallo del juez como la decisión del Departamento de Justicia de dejarlo firme, calificándolos de irresponsables y sosteniendo que estas normas son fundamentales para la seguridad pública.
En un comunicado publicado el viernes, John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, afirmó que Cekada se había sumado a la “ilegalidad vertiginosa de la administración Trump al intentar elegir qué leyes federales sobre armas aplicar y cuáles no”.
Bajo las nuevas directrices, la ATF ya no exigirá el registro a menos que el comprador resida en uno de los aproximadamente 15 estados que cuentan con leyes locales que obligan a realizar el proceso de permiso federal. El proceso de registro se mantendrá para las ametralladoras y lo que se considera “dispositivos destructivos” bajo la ley federal, precisó el Departamento de Justicia.
Asimismo, los funcionarios señalaron que, en todos los casos, los compradores aún deberán completar el formulario estándar para la adquisición de armas de fuego —el cual incluye preguntas sobre factores que inhabilitarían a una persona para poseer armas legalmente— y tendrán que someterse a una verificación de antecedentes.