¿Se pueden limpiar los antecedentes migratorios? Respondemos tus preguntas de inmigración
Una deportación queda registrada para siempre en el expediente de inmigración. Pero en algunos casos, como por ejemplo si el gobierno le envió un citatorio judicial a una dirección equivocada, puede apelar, revertir la orden y seguir el proceso para permanecer legalmente en EEUU.
El inmigrante Juan Pérez, cuyo nombre es otro y pidió mantener su identidad en el anonimato, cuenta que vivió varios años indocumentado en Estados Unidos hasta que lo agarró "la migra". “Sólo me tomaron los datos y me dijeron que me vaya. Di una dirección y me enviaron unos papeles para que me presente a corte (ante un juez), lo cual hice. Asistí un par de veces, pero luego me cambié de domicilio y no supe más del caso”.
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A medida que se fortalece la política migratoria de ‘tolerancia cero’, seguimos respondiendo las preguntas de usuarios que llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: jcancino@univision.net
Pérez explica que luego de ese incidente contrajo matrimonio y su esposa le pidió la residencia (Green card). “Como el trámite siempre comienza dando el permiso de trabajo, me lo dieron. Pero cuando quise sacar el Número de Seguridad Social apareció otra nacionalidad distinta a la mía. Y cuando fui a la cita por la tarjeta verde, cuál fue mi sorpresa cuando me entero de que tenía una orden de deportación en ausencia”.
“Ahí mismo me arrestaron y deportaron”, señaló.
“Luego traté de ingresar ilegalmente, pero 'la migra' me agarró y no volví a intentarlo más. Tengo una hija ciudadana estadounidense, tiene 13 años, está enferma, tiene un marcapasos. ¿Será posible limpiar mi récord de inmigración con todos los años que han pasado?”, pregunta.
Los individuos que abandonan sus casos de inmigración y no se presentan a sus citas en corte, reciben automáticamente una orden de deportación en ausencia.
“El récord migratorio no se limpia, queda para siempre”, advierte el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami Florida.
“Lamentablemente este tipo de falta, como la orden de deportación en ausencia, no se quita. Cada vez que esa persona trate de pedir una visa o un ajuste de estatus, le dirán que no. Ya está en el expediente y es para toda la vida”.
En cuanto al regreso no autorizado una vez que la persona fue deportada, “está sujeta a una penalidad permanente por haber tratado de entrar nuevamente a Estados Unidos sin permiso del servicio de inmigración”, dice Jaime Barrón, un abogado de Inmigración que ejerce en Dallas (Texas).
Si bien el gobierno ciertamente tiene el derecho de deportar a personas con órdenes legítimas de deportación final o en ausencia, algunas “pueden estar sujetas a impugnación”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell (Nueva York). "Los inmigrantes tienen derechos", agregó.
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Por ejemplo, explica, “dadas las ineficiencias en el sistema de tribunales de inmigración muchas personas pudieron haber recibido una orden de deportación ilegalmente porque ICE no tenía su dirección correcta para notificarles sobre su fecha en el tribunal de inmigración”.
Yale-Loehr indica que, “en estos casos, las personas afectadas pueden tener el derecho de reabrir su caso de inmigración”. Si es su caso, “busque un abogado ahora”.
“Las personas que tienen orden final de deportación en ausencia y nunca se enteraron de que debían presentarse a la corte de inmigración, tienen un plazo de seis (6) meses para reabrir su caso y explicar por qué no se presentaron y el juez emitió entonces una orden de expulsión de Estados Unidos”, explica Lilia Velásquez, una abogada de inmigración y profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California, en San Diego.
“Pueden explicar y demostrarle al tribunal por qué no se presentaron, por ejemplo, que el gobierno emitió la orden de comparecencia con una dirección equivocada, o sin un lugar físico donde acudir ni una hora específica. Y que por esa razón no fueron y la corte decidió expulsarlos en ausencia”, agregó.
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Pero en general, “cuando el juez emite una orden de deportación final no hay vuelta de página”, previene Velásquez. “Las personas que tienen estas órdenes y no tienen argumento para impugnarlas, tienen que saber que van a ser deportados. Y si los arrestan no tienen derecho a comparecer nuevamente ante un juez”.
En cuanto a los inmigrantes deportados por permanencia indocumentada, estos deben cumplir un castigo de 3 años fuera si la presencia ilegal supera los 180 días, pero el castigo aumenta a 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días.
Si regresan antes de ese tiempo sin autorización y son arrestados, enfrentan cargos criminales y luego son deportados de por vida.
Al respecto, el abogado Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, indicó que el reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación “es una falta demasiado grave porque no permite a los ciudadanos o residentes hacer nada por sus familiares inmediatos”.
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“No hay nada qué hacer porque regresó sin permiso sin haber cumplido con la Ley del Castigo”, precisa.
Le Ley del Castigo, también denominada Ley de los 10 años, fue aprobada por el Congreso en 1996 durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
Pablo Martinez Monsivais/Ap
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Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
Crédito: Pablo Martinez Monsivais/Ap
Spencer Platt/Getty Images
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Veto musulmán, menos asilados y menos refugiados. Después de asumir la presidencia, firmó una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
En junio de 2018 la Corte Suprema decidió que ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela tendrían restricciones de distintos tipos, algunas más severas que otras. En abril de 2018 el gobierno anunció que
acelerará los casos de asilo para darle menos tiempo a los solicitantes de preparar sus casos y en septiembre informó que reducirá la cuota de refugiados de
45,000 a 30,000 en el año 2019.
Crédito: Spencer Platt/Getty Images
David Zalubowski/AP
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Castigo a las ciudades santuarios. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2017 decreta que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esto creó un conflicto entre el Ejecutivo y los estados que se niegan a compartir
información sobre los indocumentados con las autoridades federales. En octubre de 2018, Trump amenazó con cortar fondos a las ciudades santuario como Denver, Colorado (en la fotografía).
Crédito: David Zalubowski/AP
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JIM WATSON/AFP/Getty Images
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Plan de reforma migratoria del Partido Republicano. El 2 de agosto de 2017, Trump anunció su
respaldo al proyecto de ley S.354 de los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia). Esta nueva legislación propone aumentar los arrestos, acelerar deportaciones, restringir el asilo, establecer un sistema migratorio por méritos y reducir la inmigración legal en un 50% en 10 años. En enero de 2018 trump rechazó un plan migratorio bipartidista que incluía una
solución para los dreamers.
Crédito: JIM WATSON/AFP/Getty Images
ERIC BARADAT/AFP/Getty Images
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El fin de DACA. El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de
Trump de
anular la Acción Diferida de 2012 (DACA), un programa de la era
Obama que protege de la deportación y permite obtener permisos de trabajo a unos 800,000
Dreamers que llegaron a Estados Unidos como menores. Ese mismo día los afectados protestaron en Washington DC (en la fotografía) y en el resto del país. El 31 de agosto de 2018 un juez federal de Houston dictaminó que
la acción diferida es legal y continuará otorgando permisos de trabajo renovables cada dos años.
Crédito: ERIC BARADAT/AFP/Getty Images
Marco Ugarte/Ap
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Fuerza para deportar. El gobierno federal ha logrado acuerdos con administraciones locales para
trabajar en colaboración y aumentar las expulsiones de inmigrantes indocumentados. En marzo de 2018 el fiscal general anunció que busca revertir fallos que han frenado unos
200,000 casos de deportación y en junio el presidente sugirió que se debería deportar
sin jueces ni cortes o procesos judiciales. Según cifras de ICE, en los primeros meses del año fiscal 2018 hubo más expatriados que en
los últimos tres años de Obama en el mismo período. En la fotografía Lucio Cervantes, un ciudadano mexicano deportado después de vivir 25 años en EEUU, a su llegada a la Ciudad de México en febrero de 2017.
Crédito: Marco Ugarte/Ap
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Susan Walsh/Ap
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“Compra estadounidense, contrata estadounidense”. El presidente firmó en abril de 2017 una orden ejecutiva con la que pretende
controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales. Aseguró en un evento en Kenosha, Wisconsin, que las visas H-1B “deberían ser dadas a los solicitantes más preparados y mejor pagados, y nunca deberían ser usadas para reemplazar a estadounidenses".
Crédito: Susan Walsh/Ap
David Maris
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Fin de los TPS. Desde finales de 2017 Trump ha anunciado el fin de varios programas TPS (que conceden estatus legal temporal a extranjeros que no pueden regresar a sus países debido a un conflicto armado o un desastre natural).
Cuando concluya el tiempo que ha dado el gobierno a los inmigrantes de regularizarse quedarán en riesgo de deportación al menos 2,500 nicaragüenses, 200,000 salvadoreños, 56,000 hondureños, y 60,000 haitianos. En la fotografía de enero de 2018 Saccha Etienne, una mujer de origen haitiano
que protestó contra la medida en la Pequeña Haití, Miami, al sur de Florida.
Crédito: David Maris
John Minchillo/Ap
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Redadas masivas. En octubre de 2017 Trump envió una carta a los líderes del Congreso donde detalló su intención de aumentar las redadas, uno de los objetivos de su reforma migratoria. Desde enero de 2018 han sido intervenidas por ICE entre otras la cadena de tiendas
Seven Eleven en 17 estados, una fábrica de
trailers en Texas, una
planta de tomate con sedes en Nebraska y Minnesota, una
empresa de carne en Ohio y otra de
jardinería en ese mismo estado (en la fotografía, tomada el 5 de junio de 2018).
Crédito: John Minchillo/Ap
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KEVIN LAMARQUE/Reuters
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El muro por los Dreamers. En enero de 2018 la Casa Blanca publicó los
principios básicos del plan migratorio de Trump: más poder para el departamento de Seguridad Nacional, la criminalización de indocumentados, la expulsión expedita de inmigrantes, el fin de la reunificación familiar y $25,000 millones para planes de seguridad fronteriza, entre ellos el muro en la frontera con México. A cambio de esto incluiría la legalización de 1.8 millones de
Dreamers.
Crédito: KEVIN LAMARQUE/Reuters
Joe Raedle/Getty Images
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Revisión de ciudadanías, reapertura de casos de deportación y aceleración de los procesos migratorios. Un operativo activado el 19 de septiembre de 2017 por el Departamento de Justicia
puso bajo sospecha alrededor de 315,000 ciudadanías por naturalización. En junio de 2017 el gobierno confirmó que está reabriendo en las cortes de inmigración
casos de deportación que habían sido cerrados. En enero de 2018 el fiscal general Sessions anunció que se activaría un sistema que evaluará el desempeño de los jueces para
acelerar los casos acumulados.
Crédito: Joe Raedle/Getty Images
John Moore/Getty Images
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Fin de la política de ‘catch and release’. En abril de 2018 Trump firmó un memorando con una serie de órdenes para acabar con
la política de 'capturar y liberar', que consistía en que luego de ser capturados los inmigrantes eran procesados y liberados con un grillete mientras avanzaba el proceso con las autoridades migratorias. La medida busca establecer nuevos espacios para mantener encerrados a los indocumentados y acelerar los procesos de deportación.
Crédito: John Moore/Getty Images
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CAITLIN O'HARA/AFP/Getty Images
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Militares contra la caravana de migrantes. En marzo de 2018 unos
1,000 centroamericanos comenzaron a recorrer juntos el territorio de México con el fin de alcanzar la frontera con EEUU.
Trump respondió a la caravana
firmando en abril un memo donde ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con México. En la foto, la Guardia Nacional de Arizona cuando fue enviada a apoyar a la Patrulla Fronteriza. Su asistencia, coordinada por los gobernadores de estado, solo puede ser logística ya que el personal militar no puede hacer labores policiales.
Crédito: CAITLIN O'HARA/AFP/Getty Images
CBP/Handout via REUTERS
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Indocumentados
criminalizados y niños detenidos. A principios de junio de 2018, más de 2,000 niños inmigrantes estaban detenidos sin sus padres, luego que estos fueran
procesados como criminales.
Luego de un sinnúmero de críticas, Trump revirtió la medida con una
orden ejecutiva. El gobierno elabora un plan para salir del
acuerdo Flores de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad. La fotografía del 17 de junio,
distribuida por la Patrulla Fronteriza, muestra a varios grupos de niños sin sus padres en un centro de procesamiento de inmigrantes en Río Grande City, Texas.
Crédito: CBP/Handout via REUTERS
Boston Globe via Getty Images
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Rechazar a los que sean una 'carga pública'. En septiembre de 2018 la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció un plan para dificultar las residencias y ciudadanías a inmigrantes que no puedan costear sus gastos básicos.
Salvo en determinadas excepciones, el uso de beneficios ofrecidos por el estado en salud, vivienda o alimentos serán considerados en los procesos migratorios para garantizar que
“los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes". En la fotografía dos inmigrantes hispanas de compras en una tienda de Roxbury, Boston, en 2017. El 70% de los clientes de ese local se abastece con cupones de alimentos.
