SAN JUAN, Puerto Rico. - El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1984 que permitirá a los empleados de Gobierno llegar a acuerdos voluntarios con las agencias para reducir su jornada laboral.
Ley permitirá reducción voluntaria de jornada laboral a empleados de Gobierno
El Gobernador firmó el proyecto que permite a empleados negociar con sus patronos trabajar cuatro días a la semana y tomar uno libre para hacer trámites personales.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firma proyecto de ley.
Mediante la medida, el servidor público dispone de flexibilidad en su jornada, equivalente a un día por semana, para atender situaciones particulares y personales sin que se afecte su jornada de trabajo ni los servicios que ofrezca su empleador a la ciudadanía.
Es decir, trabajarían cuatro días a la semana, pero quienes se acojan a ello, cobrarían solo el 80% de su ingreso bruto.
La medida detalla que “cualquier empleado interesado tendrá la opción de solicitar reducir voluntariamente, mediante acuerdo previo con su patrono, su jornada de trabajo por un periodo equivalente a un día de su jornada laboral semanal”. También establece que “el acuerdo podría disponer que la reducción se verifique por un día completo a la semana o mediante la reducción de las horas correspondientes a un día de trabajo a distribuirse proporcionalmente en cinco días, ya sea en la hora de entrada, la de salida o ambas”.
Esta medida se convierte en ley en tiempos de profunda contracción económica y dos días después que el Gobierno anunciara que no pagará las obligaciones que vencían el 1 de agosto, porque de lo contrario no podía continuar con las operaciones gubernamentales y la prestación de servicios básicos al pueblo
Ejecutivo sanciona varias medidas económicas
García Padilla firmó además el Proyecto de la Cámara 2607, que introduce enmiendas a la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) para que las agencias prioricen las remesas que deben dirigir a la Administración del Sistema de Retiro (ASR) sobre cualquier otro gasto, pago o desembolso de cualquier beneficio marginal discrecional.
En declaraciones escritas, García Padilla indicó que la medida “representa un esfuerzo adicional para brindar mayor protección al Sistema pues actualmente enfrenta atrasos en sus obligaciones administrativas ya que las agencias, corporaciones públicas y municipios tardan en remitir las partidas correspondientes”.
La morosidad en las remesas perjudica la ASR al afectar su liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras e impide generar informes actuariales y fiscales “realistas” ya que no cuenta a tiempo con información actualizada de los participantes activos como sueldos, ajustes y descuentos de nómina de los empleados.
Con las enmiendas a la Ley del Sistema de Retiro, se pretende resarcir cualquier desventaja que tuviera que enfrentar el Sistema por incumplimiento de pago por parte de las entidades gubernamentales y así velar por los ingresos de los presentes y futuros pensionados.
En cuanto al desarrollo económico, el Gobernador convirtió en ley el Proyecto del Senado 1551 y el Proyecto del Senado 1496. El P del S 1551 enmienda la “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico” a los fines de ampliar el uso de los créditos contributivos otorgados bajo la misma.
Al aumentar los tipos de contribuciones contra los que se pueden aplicar los créditos contributivos de la industria fílmica, se promueve un mercado más competitivo y atractivo para la producción de proyectos cinematográficos y televisivos en Puerto Rico.
Por su parte, el P del S 1496 ordena a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a crear la “ Ruta de la Industria Lechera de Puerto Rico” para promover como alternativa, al turista foráneo y local, visitas guiadas a vaquerías e industrias relacionadas con productos lácteos establecidas en la región de Arecibo.
Para reforzar otro pilar de la política pública, el primer ejecutivo también firmó el Proyecto de la Cámara 486 que faculta al superintendente de la Policía a que apruebe reglamentación para que se requiera y provea a los integrantes de los Consejos Comunitarios de Seguridad programas, adiestramientos y educación continua en justicia criminal y seguridad pública.
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