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Trabajadores agrícolas en California.
Arturo Sarukhan
Opinión

Consultor internacional, exembajador de México en Estados Unidos.

¿Es hoy posible la movilidad laboral entre México y Estados Unidos?

¿Es hoy posible la movilidad laboral entre México y Estados Unidos?

“En momentos en que la Casa Blanca pretende colocar un dique a flujos futuros de migración, tanto calificada como no calificada, sectores de la economía estadounidense –sobre todo la agrícola y de servicios– comienzan a experimentar una falta severa de mano de obra”.

Trabajadores agrícolas en California.
Trabajadores agrícolas en California.

México y Estados Unidos carecen de un acuerdo bilateral para regular la movilidad laboral circular (de ida y vuelta) desde 1965 cuando el malogrado Programa Bracero fue suspendido. Desde entonces, la migración indocumentada de México a Estados Unidos creció exponencialmente, llegando a alcanzar un pico de cerca de 500,000 cruces indocumentados anuales en 2000. Hoy, casi la mitad de los cerca de 11.7 millones de personas nacidas en México que viven en Estados Unidos no tienen autorización migratoria o un estatus legal. Este vasto mercado negro de mano de obra ha dañado a ambos países por igual; México ha perdido enormes reservas de capital humano –personas trabajadoras, emprendedoras, responsables, valientes y talentosas– y el debate en torno a la migración en Estados Unidos se polarizó, envenenó y mexicanizó, nutriendo en gran medida la narrativa anti-México que alimentó a –y que fue alimentada a su vez por– Donald Trump. Estos dos países vecinos, con un destino indisputablemente compartido e interdependiente, requieren forzosamente encontrar maneras de destrabar este ambiente toxico, que afecta la relación entre ambas naciones y el bienestar de millones de personas.

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Y es que lo que hoy está en juego para la prosperidad, diversidad y tolerancia en Estados Unidos no es menor. Hoy, más que nunca, habría que recordarle al núcleo de xenófobos y nativistas empoderados en la Casa Blanca y a sus aliados en organizaciones como Numbers USA que a lo largo de la historia las naciones han tenido éxito gracias a las conexiones humanas, y que hoy el paradigma central que nos jugamos todos en el siglo XXI es el de sociedades abiertas vs sociedades cerradas.

Con la marca del primer semestre de la Administración Trump, la Casa Blanca anunció la semana pasada su apoyo a una iniciativa de ley (la llamada Raise Act) de dos senadores Republicanos, Tom Cotton y David Perdue, que de llegar a ser aprobada, reduciría en 50% la migración legal a Estados Unidos y modificaría de tajo premisas fundacionales de su política migratoria. Montada en la plataforma nativista que postula desde hace más de dos décadas que el país está inundado por la inmigración –tanto la autorizada como la indocumentada– la Casa Blanca busca vender la reducción en niveles de migración, privilegiando a migrantes altamente calificados y que hablan inglés, como paliativos a la falta de empleo y caída salarial de votantes blancos sin educación universitaria.

El resentimiento del votante blanco puso a Trump en la Casa Blanca. Y todo apunta, particularmente ante la embestida de medios, la mayoría del electorado y las recientes encuestas desfavorables, a que el presidente va a seguir alimentando ese rencor en las semanas y meses por venir a través de políticas que buscan capitalizar la incertidumbre, la dislocación socioeconómica y el miedo demográfico irracional a un Estados Unidos más diverso; podrá, así, alcahuetear la ansiedad racial y de clase de su base de voto duro. Si hay un hilo conductor consistente en la vida pública del ahora mandatario estadounidense es su empatía con el chovinismo blanco. Eso explica, por ejemplo, su obsesión con el tema de la supuesta acta de nacimiento falsa de Barack Obama, lo cual le confirió además la legitimidad que ningún otro candidato Republicano obtuvo con ese sector del electorado durante la primaria del GOP.

El principio toral de Trump y de sus asesores en el ala oeste de la Casa Blanca, sobre todo Steve Bannon y Stephen Miller, es canalizar el resentimiento socioeconómico y demográfico del electorado blanco para torpedear un país pluriétnico y diverso. Pero también tiene un propósito político-electoral. El paradigma fundacional de la política migratoria estadounidense hasta ahora ha sido la reunificación familiar. Y es esa la premisa que aterra a sectores amplios de la extrema derecha; saben que la reunificación familiar alimenta en gran medida el voto demócrata, como ya ha pasado en estados que hasta hace una década eran sólidamente republicanos, como Nevada, Carolina del Norte o Colorado, o como podría ocurrir eventualmente en Texas. No les falta razón; el número de nuevos votantes hispanos elegibles para votar pasó de los 3.3 millones que había en 2000, a cerca de 6.6 millones de votantes adicionales para 2016. Y todos, incluyendo a quienes militan en el GOP, sabemos lo que pasa en el momento en que Texas, quizá en el transcurso de la próxima década, se convierta en un estado púrpura o bisagra; es “punto, set y juego” para las aspiraciones republicanas en el Colegio Electoral.

Sin embargo, los datos duros y la realidad económica van a contrapelo del restriccionismo. De entrada, basado en números actuales, la inmigración autorizada en Estados Unidos hoy se encuentra un 30% por debajo de su promedio histórico; ya no se diga, por ejemplo, lo que ha ocurrido también con la actual tasa neta cero de migración mexicana a Estados Unidos. Y todos los análisis económicos apuntan a que la migración no solo no deprime salarios ni quita empleos sino que detona el crecimiento económico. Y aquí es donde existe una oportunidad, no sólo para nivelar el marcador contra la xenofobia, sino para México y el bienestar de millones de sus paisanos en Estados Unidos.

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Uno de los temas que pasó relativamente inadvertido de la reunión que sostuvieron los presidentes mexicano y estadounidense en el marco de la Cumbre G20 en Hamburgo, en julio pasado, fue una breve mención a la posibilidad de explorar un acuerdo para trabajadores temporales.

En 2016 un grupo diverso y plural de mexicanos y estadounidenses elaboramos un informe promovido por el think tank washingtoniano Center for Global Development –coordinado por el expresidente Ernesto Zedillo y el exsecretario de Comercio Carlos Gutiérrez y divulgado en septiembre pasado– cuyo propósito fue diseñar un esquema para la movilidad laboral circular entre México y Estados Unidos.

Desde hace una década, cuando la reforma migratoria integral cogió tracción en Estados Unidos con la iniciativa de ley bipartidista presentada en 2006 por los Senadores Edward Kennedy y John McCain, programas de trabajadores temporales, junto con la regularización legal de los 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, se convirtieron en los dos vectores esenciales para resolver la disfuncionalidad de la política migratoria estadounidense. Alcanzar un acuerdo político en tándem para la movilidad laboral –vía un mecanismo de trabajadores temporales– y para la regularización del estatus de los millones que hoy viven en las sombras y el temor a lo largo y ancho de Estados Unidos, se convirtió en la manera de garantizar un quid pro quo político e ideológico en materia de política migratoria.

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El Partido Republicano, acicateado primordialmente por el sector agrícola, que requiere de un nuevo acuerdo de trabajadores temporales, se comprometía a regañadientes a apoyar un camino hacia la legalización del estatus migratorio de 12 millones de personas. A cambio, el Partido Demócrata, con base sobre todo en los intereses de sindicatos de buscar la legalización de un universo potencial de millones de nuevos trabajadores sindicalizados, dejaría de lado su ya añeja oposición a un programa de trabajadores temporales. Ese acuerdo estuvo muy cerca de cuajar y producir resultados, primero en 2007 con la iniciativa de Kennedy y McCain –que fuera torpedeada en el Senado, con la deplorable campaña de “ Build a Wall, Deport Them All!”, precisamente por el entonces Senador Jeff Sessions (a cuyo equipo se uniría en 2009 Stephen Miller, ahora en la Casa Blanca), y luego seis años después cuando la iniciativa bipartidista de ocho Senadores (los republicanos John McCain, Marco Rubio, Jeff Flake y Lindsey Graham, y los demócratas Bob Menéndez, Richard Durbin, Michael Bennet y Chuck Schumer) aprobada en el Senado en 2013 fue bloqueada posteriormente en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano.

Nunca hay que desperdiciar una crisis, ni siquiera una como la que hoy acecha a Estados Unidos, amenazando desgarrar con consecuencias imprevisibles el tejido social, político e ideológico del país.

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En momentos en que la Casa Blanca pretende colocar un dique a flujos futuros de migración, tanto calificada como no calificada, sectores de la economía estadounidense –sobre todo la agrícola y de servicios– comienzan a experimentar una falta severa de mano de obra. Si México y sectores de la derecha y la izquierda en Estados Unidos logran articular de manera paralela y vinculada a la negociación del TLCAN una propuesta basada en los criterios contenidos en el informe que emitimos con el Center for Global Development para la circularidad legal, ordenada y segura de mano de obra, protegiendo derechos y estándares laborales en ambos lados de la frontera –y con ello volteando la página al capítulo de la memoria y narrativa negras del Programa Bracero– no solo podrían transformarse de manera radical las perspectivas para millones de jornaleros y trabajadores indocumentados mexicanos en Estados Unidos, sino también abonar a un nuevo paradigma de movilidad laboral circular en el mercado norteamericano que abone a la prosperidad y el bienestar de México y Estados Unidos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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