Carlos Lauría: El gobernador de Veracruz debe renunciar

Por Carlos Lauría, Director de Programa y coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

El estado de Veracruz se ha convertido en una de las regiones más letales para la prensa en todo el mundo. Según las investigaciones del Comité la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) incluyendo el reciente caso de Anabel Flores Salazar, cuyo cadáver fue hallado el martes, al menos 12 periodistas fueron asesinados en Veracruz desde la asunción del gobernador Javier Duarte de Ochoa en 2010 mientras otros tres han desaparecido y su paradero es desconocido. Otros grupos de defensa de la libertad de prensa, utilizando criterios distintos, han documentado cifras superiores.

Veracruz ha sido durante largo tiempo un punto central para el trasiego de drogas en México y por eso sería injusto apuntar al gobernador Duarte como único responsable por el alto nivel de violencia en el estado. En cambio, el mandatario sí puede ser considerado responsable por el fracaso para impartir justicia en cualquiera de estos casos y por el ambiente tan viciado para ejercer el periodismo.

El gobernador es, sin lugar a dudas, un personaje polémico. Durante su gestión ha sido seriamente cuestionado por distintos sectores: sobre el mandatario estatal pesan sospechas de corrupción administrativa y supuestos vínculos con organizaciones del crimen organizado.

Duarte ha negado enérgica y repetidamente todas estas acusaciones. Sin embargo, en el interés público del pueblo de Veracruz, los periodistas deberían ser capaces de cubrir estas cuestiones sin temer por su vida. De hecho, ese es uno de los roles centrales de la prensa: hacer responsables a los funcionarios públicos por sus actos.

Por desgracia, el miedo hace que el trabajo informativo sea una tarea imposible en Veracruz. En el caso más publicitado, el fotógrafo Rubén Espinosa huyó del estado rumbo a la Ciudad de México en julio pasado tras recibir amenazas de muerte. El fotoperiodista apareció asesinado junto a cuatro mujeres en un departamento en la Ciudad de México, en un caso que generó conmoción a nivel internacional. Colaborador de AVC Noticias, el semanario Proceso y la agencia de fotos Cuartoscuro, Espinosa se desempeñaba cubriendo movimientos sociales, en especial las manifestaciones estudiantiles y otros temas de interés.

El temor de Espinosa estaba justificado. El gobernador Duarte ostenta un registro deplorable en materia de investigación de los crímenes contra periodistas. La mayoría de los casos no se han resuelto. Los asesinos de periodistas caminan libremente por las calles del estado. En aquellos pocos casos en los que se han anunciado avances —como el de Regina Martínez, quien fuera corresponsal de Proceso—, se denunciaron irregularidades en los procesos judiciales y la búsqueda de chivos expiatorios para elucidar la investigación.

Uno de los rasgos que ya distinguen al gobierno de Veracruz es su tendencia a desestimar vínculos entre los asesinatos y el trabajo informativo de los periodistas locales. Lo que es peor, el gobernador y sus adláteres se empecinan en acusar a los periodistas de colaborar con los grupos criminales, citando fundamentalmente evidencia circunstancial poco comprobable. Esto reviste muchísima gravedad y algunos sostienen que se trata de maniobras con la clara intención de obstaculizar la justicia.

El caso de Anabel Flores Salazar es el más reciente. Un comunicado de la procuraduría del estado de Veracruz, difundido poco después del secuestro de Flores Salazar el lunes, indicó que en agosto de 2014 la periodista había sido vista junto a un supuesto integrante de un grupo criminal cuando éste fue arrestado. Las autoridades anunciaron que estaban analizando posibles vínculos entre Flores Salazar y ese individuo.

Veracruz es el reino de la impunidad. En 2012, más de un año después de la asunción de Duarte, el entonces corresponsal del CPJ en México, el veterano corresponsal estadounidense Mike O’Connor, viajó a Veracruz y escribió lo siguiente: “Es un hermoso, extenso y estrecho estado en la costa del Golfo de México donde muchos periodistas están aterrados no solo por los grupos del crimen organizado que asesinan y ejercen control sino también por el gobierno estatal. El miedo a que funcionarios estatales ordenen asesinarlos por lo que investigan o escriben ha obligado a una decena de periodistas a abandonar el estado, mientras afirman que el terror también paraliza la cobertura periodística a quienes permanecen en Veracruz”.

Nada ha cambiado. En un país con un sistema democrático estable e instituciones creíbles, tales antecedentes ameritarían, cuanto menos, el inicio de un proceso de juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nada de ello ha ocurrido en Veracruz donde Duarte sigue gozando de inmunidad y parece permanecer aislado frente al aluvión de críticas sobre su gestión.

A esta altura está claro que más allá de todos estos serios cuestionamientos el gobernador Duarte se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la impartición de justicia en el estado. Con un poco de sentido común y dignidad, considerando que ha perdido legitimidad como representante de los ciudadanos veracruzanos, Duarte debería presentar su renuncia y garantizar una salida ordenada del poder antes de las elecciones de junio próximo. Tal decisión abriría, tal vez, la posibilidad de que se imparta justicia sobre los periodistas asesinados en Veracruz.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.