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Iguala, símbolo de la impunidad, la violencia y el narcopoder en México

Iguala, símbolo de la impunidad, la violencia y el narcopoder en México

El caso de los estudiantes de Ayotzinapa resume la historia de violencia, corrupción y narcopoder en ese país.

Por Maria Arce, enviada especial a Guerrero

Desaparecidos, violencia, policías y gobernantes corruptos, narcotráfico, fosas clandestinas, cuerpos sin identificar. Horror. Iguala, la ciudad en la que se forjó la independencia de México, cambió su ilustre pasado por un presente macabro en el que se conjugan todas las variables que han sumido al país en la impunidad y la injusticia. En esta ciudad de casi 130,000 habitantes, en la que se yergue el monumento a la bandera tricolor, se acaban de escribir algunas de las horas más oscuras del país. 

No se recuerdan ejemplos más completos y complejos que resuman la historia de violencia, corrupción y narcopoder en México como el caso de Iguala. No hay símbolo mayor.

Jóvenes marginados, de clases bajas, empujados por la pobreza a mendigar dinero para poder estudiar y salir adelante. Jóvenes entre los que la semilla de la igualdad y el deber ha calado hondo y por la que están dispuestos a luchar. Y luchan. Salen a las calles, protestan, alzan la voz y reclaman. Exigen justicia social, que se acabe la corrupción y la pobreza, pero sobre todo la impunidad. Jóvenes que cuando le dicen “basta” al poder tirano de los gobernantes que se aprovechan de los más vulnerables encuentran balas y no palabras como respuesta.

Eso fue lo que pasó en Iguala de la Independencia "ese es el nombre completo de la ciudad- el 26 de septiembre pasado cuando un grupo de unos 80 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa llegaron a hasta allí en busca de dos buses para poder recorrer el Estado de Guerrero haciendo sus prácticas de magisterio. Los alumnos tienen un pacto tácito con las empresas que ceden los buses a cambio de que no haya violencia en las tomas de los vehículos y de que se los devuelvan a los pocos días en buen estado. Los alumnos los utilizan y luego los regresan. Vuelven a los pocos días en busca de más buses, que el estado no provee, como tampoco provee los recursos que necesitan los 570 alumnos de la escuela normal, lo que los obliga a salir a conseguirlos para poder subsistir, estudiar y recibirse de maestros. Para tener una profesión que les permita sacar a sus familias de la pobreza en la que viven.

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Pero los alumnos se toparon con la soberbia del poder. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ordenó detener a los estudiantes. Los policías municipales, que hasta ese entonces custodiaban a los alumnos durante las tomas de buses para que no hubiera desmanes, dispararon a matar. Y mataron. Seis personas fallecieron en el ataque, 25 resultaron heridas y a 43 de los estudiantes se los llevaron detenidos. Los policías de Iguala entregaron a los jóvenes a policías de Cocula, quienes a su vez los entregaron a los jóvenes a Guerreros Unidos, el grupo criminal que controla Iguala. Nunca más se supo de los estudiantes. Desde entonces están desaparecidos.

Manuel Olivares es secretario técnico de la Red de Derechos Humanos en Guerrero y uno de los asesores de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y conoce de memoria cómo opera el narcopoder en México: “El gobierno primero contribuye a la formación, al crecimiento y fortalecimiento de los grupos del narcotráfico para poder utilizarlos en contra del movimiento social. Y eso le brinda la oportunidad  al gobierno de decir pues nosotros no fuimos. Si hay un acto de represión, un asesinato selectivo en contra de luchadores sociales, el gobierno se deslinda y dice: Nosotros no somos, son otros actores”, explica Olivares.

Ya van casi 45 días desde aquella noche en la que los jóvenes fueron perseguidos, emboscados y atacados por policías, algunos de ellos enmascarados. Los sobrevivientes contaron el horror que vivieron a UnivisionNoticias.com.

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El caso que comenzó con la denuncia de los familiares de los desaparecidos recayó en manos de la Fiscalía General de Guerrero. Tras 39 días, Iñaki Blanco, su titular, renunció. También el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el escándalo y la presión social que generó el caso y la aparición, una tras otra, de fosas clandestinas de las que no paraban de sacar cuerpos. Hasta ahora, más de 50 cuerpos. Ninguno pertenece a los estudiantes de Iguala.

El Procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam, tomó el caso en sus manos a comienzos de octubre. Desde entonces, ha investigado diferentes hipótesis. Una de ellas sugiere que el alcalde de Iguala mandó a frenar a los estudiantes a pedido de su esposa, Maria de los Ángeles Pineda Vila, quien esa noche lanzaba su candidatura para poder suceder a su esposo. La mujer temía que los estudiantes llegaran hasta su bunker político a plantarle cara.

“En México y en Guerrero existe un cogobierno entre las autoridades civiles, los grupos de la delincuencia y el narcotráfico. Y ese cogobierno es utilizado como modo de contención en contra del descontento social y para la eliminación física de luchadores sociales. Es un secreto a voces”, explica Olivares.

“Uno de los pilares de esta economía es el narcotráfico. Prácticamente todos los políticos recurren al financiamiento de los grupos del narcotráfico. Y por lógica sabemos que nadie va a invertir si no va a obtener ganancias. El pago es el control de determinada zona”, explica Olivares. Tres hermanos de Maria de los Ángeles Pineda Vila formaron parte del cartel de los Beltrán Leyva, del cual nació Guerreros Unidos.

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“Ellos mismos crean un marco de impunidad donde es muy difícil penetrar. El Estado es el que crea las leyes y no queda ninguna duda de cómo se conducen las autoridades civiles. Prácticamente en todos los municipios, algún gobernante está coludido con los narcotraficantes”, destaca Olivares.

Otra de las hipótesis sostiene que el alcalde dio la orden porque estaba harto de las protestas de los estudiantes y “se la tenía jurada” a los alumnos que el año pasado protestaron y escracharon a Abarca, luego de que el sobreviviente de un secuestro denunciara ante la Justicia que había sido de testigo de cómo el primer edil había matado de un escopetazo al líder de la organización Unidad Popular Arturo Hernández Cardona.

“Es una represión sorda. Es una guerra del gobierno contra los movimientos de baja intensidad cuando lo único que nosotros estamos poniendo son los muertos. Por eso es tan difícil la situación. ¿Cómo que no van a tener responsabilidad los jefes políticos del país cuando ellos son los que permiten que estas cosas se den?”, se pregunta Vicente Estrada Vega, maestro jubilado y egresado de Ayotzinapa y uno de los compañeros del conocido líder guerrillero Lucio Cabañas, formado en la misma escuela.

“Aquí cualquier político con tantito poder se adjudica el derecho de reprimir a la gente”, señala Vicente, quien cree que la violencia de las autoridades no se limita a los movimientos estudiantiles.

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“No es un caso aislado. ¿Quiere que le mencione los chorros de sangre que han corrido por el estado? ¿Quiere que le diga de Aguas Blancas? Acaba de pasar, en el tiempo para nosotros de vida haga de cuenta de que son instantes aunque hayan pasado años. Están frescos todavía los muertos. Todavía no llegan a ser cadáveres, todavía están enteros”, dice Vicente indignado al recordar la masacre en la que murieron 17 campesinos y decenas resultaron heridos por la represión de policías de Guerrero en 1998.

Otra de las líneas de investigación sostiene que los estudiantes fueron atacados y desaparecidos porque se niegan a convertirse en distribuidores de droga de Guerreros Unidos, a quienes les han dicho “no” en varias ocasiones. El estado de Guerrero es uno de los mayores productores de amapola, la flor con la que producen los opiáceos como la heroína, una de las drogas que mantienen el imperio de los narcos.  

“Soy guerrerense y los he visto actuar multitud de veces. Han entrado aquí a nuestra Normal en años anteriores porque no hemos permitido la distribución de enervantes dentro de la institución. Cuando no lo hemos permitido han venido por compañeros y los han golpeado. Han entrado armados”, recuerda Omar Garcia, alumno de la escuela y uno de los líderes del movimiento estudiantil de Ayotzinapa. Se refiere a Guerreros Unidos, el grupo criminal involucrado en la desaparición de sus amigos.

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“En este país, precisamente, si algo queda impune son los actos de la delincuencia organizada”, asegura con firmeza.

Omar García: les está hablando un alumno que ya se considera muerto /Univision

Desde el 26 de septiembre pasado han caído dos alcaldes ( Abarca y su mujer fueron detenidos el 4 de noviembre, y su sucesor solo resistió unas horas en el cargo), el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre pidió licencia y dejó su cargo y el fiscal de Guerrero Iñaki Blanco renunció el 4 de noviembre poco después de la salida del gobernador. Era uno de sus hombres de confianza. 22 policías de Iguala fueron detenidos, 14 agentes de Cocula también fueron capturados y apartados de sus cargos. En total, hay unas 50 personas arrestadas. Las últimas tres detenciones fueron anunciadas por Murillo Karam el 7 de noviembre junto a un relato siniestro sobre el supuesto crimen de los estudiantes.

Según dijo, tres hombres confesaron haber presenciado la ejecución de los 43 estudiantes y participaron en la desaparición de los cuerpos. Los detenidos dicen que tras matar a los estudiantes, quemaron los cuerpos y quebraron los huesos para meterlos en bolsas que arrojaron al río San Juan, cercano a Cocula.

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No es la primera vez que detenidos confiesan haber matado a los estudiantes. Tampoco es la primera en que señalan un lugar como el punto donde arrojaron los cuerpos de los jóvenes. En ningún caso, los hallaron. Ni vivos, ni muertos.

Con cada declaración, descubrimiento o anuncio, la desesperación de los padres aumenta y disminuye la esperanza de que los jóvenes regresen con vida. Algunos papás, incluso, se animan a pedir la renuncia de hasta el mismo Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, que hasta ahora ha hecho tibias declaraciones sobre el caso en las que insiste en que hará caer sobre los culpables todo el peso de la ley. Es lo menos que se espera de un gobernante. Pero en México, la ley y la Justicia parecen haberse tomado vacaciones.

“Ya cualquiera te amenaza, ya no te puedes bajar del carro sin estar mirando, no puedes dejar tu puerta abierta, no puedes estar seguro”, dice Graciela Ledesma Narváez, cuyo hermano fue asesinado en diciembre de 2006. Y aclara: “Es por la impunidad, porque cualquiera puede hacer cualquier cosa en este país y no va a recibir castigo siempre y cuando pueda pagarle a una autoridad”. 

“Nadie está vacunado contra la violencia en México”, dice Graciela “Cualquier persona, haga lo que haga está expuesta a que se lleven, secuestren, desaparezcan o asesinen a un familiar”, advierte Graciela, miembro del Comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero. Un comité que nadie que integrar y que no debería existir si el estado de derecho existiera en México.

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Si en México hubiera transparencia, el alcalde de Iguala no habría podido recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral como se cree que ha ocurrido y denuncian alumnos de Ayotzinapa, entre otros actores sociales.

Si la impunidad no fuese moneda corriente e imperase el orden público, los Guerreros Unidos no habrían podido infiltrarse, como lo hicieron, dentro de las policías municipales.

Si hubiera respeto por el orden, México no figuraría en la lista de los países más violentos del mundo con más de 22,732 homicidios en 2013, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Un promedio de 1,894 al mes, 437 por semana, 62 muertos por día, 2,58 por hora.

Tampoco, Guerrero sería el estado con más muertos cada 100 mil habitantes (63 contra una media nacional de 19) de México. Ni más de 100 mil personas hubieran sido asesinadas desde el 2006. Los alrededores de Iguala no estarían rodeados de cerros a los que los vecinos han bautizado “el cementerio de los Guerreros Unidos”.

Si en México hubiera Justicia, la Procuraduría General de la República no habría confirmado en agosto pasado que hay más de 22,000 desaparecidos y los 43 estudiantes y el caso de Iguala no serían la punta del iceberg.

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