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El destino de los personajes clave, a un año de la desaparición de los 4...

A un año de la desaparición, el dolor de los familiares sigue vivo.

El destino de los personajes clave, a un año de la desaparición de los 43 estudiantes

El destino de los personajes clave, a un año de la desaparición de los 43 estudiantes

Trescientos sesenta y cinco días después, la investigación ha dado giros inesperados mientras la incertidumbre consume a los familiares.

A un año de la desaparición, el dolor de los familiares sigue vivo.
A un año de la desaparición, el dolor de los familiares sigue vivo.

Por Sandra E. Mendoza Ortiz, @smendoza_news

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“Adán tiene 25 años, los cumplió el 2 de enero. Quisiera que supiera que lo estamos buscando, a él y a sus compañeros. Yo le diría que aguante porque los vamos a encontrar. Que aguante, su familia lo está esperando. Él tiene dos hijos, un niño de ocho años y una niña de tres años y ellos saben que él va a regresar. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a regresar”.

Abraham Gaspar mantiene viva la esperanza de volver a ver a su hijo, Adán, uno de los 43 estudiantes que desaparecieron de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, a manos de policías corruptos que los entregaron a un grupo de sicarios.

Un año ha pasado de aquella noche, 365 días en los que la suerte de algunos de los personajes clave en la investigación del caso ha dado giros inesperados, mientras que la de los familiares se mantiene en una incertidumbre que consume.

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Un exprocurador en desgracia

Jesús Murillo Karam se desempeñaba entonces como titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general). Como uno de los funcionarios más cercanos al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, se mantuvo al frente de la investigación del caso Ayotzinapa.

Un día después de que miles de personas marcharan para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes, el 27 de enero de 2015, Murillo Karam reveló “la verdad histórica” de los hechos: “Se puede concluir que los normalistas fueron detenidos, asesinados e incinerados en Cocula”. Una conclusión a la que, afirma, se llegó con 39 confesiones, 487 peritajes, 386 declaraciones y 153 inspecciones ministeriales.

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Un mes después, Murillo fue removido de su cargo y colocado al frente de un ministerio menor, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que tuvo que dejar igualmente un mes más tarde.

Para el 6 de septiembre de este año, fecha en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló el informe que echó abajo “la verdad histórica”, el funcionario que tuvo en sus manos el caso que ha marcado la administración de Peña Nieto ya no tenía ningún cargo en el gobierno.

“Hoy por hoy vemos que cuando Murillo Karam estuvo al frente de la PGR se hizo una investigación deficiente en la que se ocultó la verdad y se obstruyó la justicia”, dijo a Univision Noticias Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, quienes creen que el exprocurador debe ser, a su vez, investigado por su desempeño.

“Que se haga justicia. Nos trataron de engañar diciéndonos que (los estudiantes) fueron quemados y están muertos. Hoy en día sabemos que todo lo que dijo Murillo Karam no es verdad”, señaló por su parte Abraham Gaspar.

Padres de Ayotzinapa siguen en búsqueda tras ayuno /Univision

La falta de respuestas de Peña Nieto

Pero al frente de todas las instituciones de gobierno se encuentra Enrique Peña Nieto, quien devolvió al Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) la presidencia que había dejado por 12 años en manos del conservador Partido Acción Nacional. Ayotzinapa fue "hasta la segunda fuga del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán" el mayor golpe para su administración.

Sin embargo, para Vidulfo Rosales, Ayotzinapa es, más que un golpe a la popularidad de Enrique Peña Nieto, la salida a la luz de una realidad que sacude conciencias dentro y fuera de México.

“Creo que por lo mismo de que nosotros sabemos que fueron elementos del gobierno (los responsables), no quiere estudiar nuestro caso.  Porque sabe que su gente está metida en eso (…), por eso no quieren llegar más a fondo, no aceptan que se le investigue al ejército. Nosotros lo hemos pedido, si no tuvieron nada que ver, pues no pasa nada, pero el gobierno no quiere”, dijo Abraham Gaspar sobre el presidente mexicano.

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Las críticas en contra de Peña Nieto se intensificaron justo después de que se revelase el informe del GIEI, por lo que el mandatario se encontró nuevamente con los familiares de las víctimas el 24 de septiembre pasado. Y mientras del lado oficial se trató de una charla productiva, para los padres se trató de una desilusión más.

Los encuentros entre ambas partes no han sido sutiles. “Ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos, a última instancia, como mexicanos, exigiéndole a usted, como presidente, respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos (…) La agonía es larga y usted ve ya el enojo de cada uno de los padres, la desesperación y no creo que a partir de este día usted también pueda dormir tranquilo”, le advirtió Felipe de la Cruz al mandatario en noviembre del año pasado.

Para de la Cruz, dichas reuniones se han caracterizado por las firmas de acuerdos que no se han materializado en dar con el paradero de los jóvenes.

Tras el más reciente encuentro, el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, matizó la “verdad histórica” de Murillo Karam como apenas una “línea de investigación abierta”.

Una fiscal a prueba

Al frente de la fiscalía fue puesta Arely Gómez, una exsenadora también formada en las filas del PRI y que ha sido llamada a apagar el fuego del que escapó Murillo Karam.

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Poco después de tomar el caso, Gómez afirmó a medios mexicanos estar “convencida que la investigación que se realizó por el exprocurador Murillo Karam fue una investigación profunda, seria y exhaustiva". Dijo: "Es muy temprano para hacer un diagnóstico, pero estoy trabajando intensamente en esto”.

“Entendemos que Arely Gómez pueda tener buena voluntad; sin embargo, responde a una institución y esa institución también responde a una lógica del poder público y eso va más allá de lo que ella como persona pueda determinar. En la primera reunión ella fue una persona muy sensible con los padres de familia, que creyeron que iba a ser distinta la forma de tratarlos como víctimas y ahora se han dado cuenta que no, que todo sigue igual”, destacó Rosales.

La fiscal, aseguran los familiares, no les de ninguna esperanza. En nombre de ellos, Abraham Gaspar le exige: “Haga lo que le corresponde, que trabaje bien, si es que realmente quiere. Hoy en día sabemos que no ha trabajado como debe de ser. Desde que tuvimos una reunión con ella no hemos visto que nos dé información. Cuando informaron de la supuesta identificación de Jhosivani, en lugar de que nos digan la información primero a nosotros, se la dan a toda la sociedad, cuando nosotros le habíamos pedido que primero se nos informara a nosotros".

A la fecha, las autoridades afirman tener indicios de la identificación de los restos de dos alumnos: Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. En diciembre del año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense, llamado para colaborar en la identificación de los restos humanos que le fueron entregados, afirmó que entre ellos se encontraban los del joven Alexander Mora Venancio. En tanto, el 16 de septiembre fueron identificados por expertos de la Universidad de Innsbruck los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, a partir de una prueba de ADN mitocondrial. Los familiares consideran necesario hacer más análisis.

Padres de Ayotzinapa: fracaso reunión con Peña Nieto /Univision

Los hombres de uniforme

La responsabilidad por estos hechos se reparte dependiendo de quién haga los señalamientos. Para Abraham Gaspar, “ fueron ellos, fueron policías municipales, estatales y federales, inclusive el ejército". "Las autoridades se quieren lavar las manos echándole la culpa al crimen organizado y realmente sabemos que los culpables son los policías que actuaron por orden del gobierno”.

Tanto familiares de los desaparecidos como los jóvenes que sobrevivieron al ataque desde un principio señalaron que elementos del Ejército participaron, y que eso fue demostrado por el peritaje del Grupo de Expertos, que añaden que el ataque contra los jóvenes pudo deberse a que tomaron un autobús que iba cargado con drogas o dinero.

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El abogado Vidulfo Rosales va más allá y señala: “Hubo una sincronización, una actuación conjunta de todos los cuerpos de seguridad, desde el ejército hasta las policías, y eso es muy grave porque entonces no fue un accidente o un exceso de un cuerpo policial local que está en connivencia con un grupo delictivo, sino que fue una actuación conjunta, deliberada de todas las autoridades, casi que una actuación de estado. (Queremos) que no se repitan estas cosas y que todas las fuerzas de seguridad que participaron sean castigadas.

“Nosotros no estamos diciendo que la responsabilidad radica en todo el ejército en su conjunto, creo que hay un señalamiento focalizado en el 27 Batallón, entonces lo que deberían hacer los altos mandos militares es estar abiertos a una investigación, a dilucidar cuál es la responsabilidad que ellos habrían tenido en los hechos del 26 y 27 de septiembre. Pero por el contrario, hay una tendencia a negar que sus miembros sean entrevistados, investigados por entes civiles”.

Los detenidos

En total, las autoridades afirman que tienen a 111 personas detenidas por su vinculación con este caso; el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, entre ellos.

Del listado solo ha sido revelada la identidad de 78 personas. A otras 33 no se les ha mencionado debido a que solo presumen su conexión con el cártel narcotraficante Guerreros Unidos, pero no están acusados directamente de la desaparición de los 43 estudiantes. Los uniformados encarcelados son únicamente policías municipales (de Iguala y Cocula); ningún policía estatal, federal o miembro de las fuerzas armadas.

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Sin embargo, primero Amnistía Internacional y después el propio informe del GIEI han desvelado denuncias de tortura interpuestas por detenidos. La situación se vuelve especialmente grave cuando quienes acusan de tortura son los presuntos autores confesos del crimen, en cuyos testimonios se cimentó la “verdad histórica” de la PGR.

“Lo que sabemos es que efectivamente ellos han expresado que sus declaraciones fueron obtenidas bajo coacción, que sufrieron torturas. Eso es por un lado; por otro lado, sus declaraciones tienen grandes inconsistencias y contradicciones. Y ahora con lo que establecen los expertos con respecto a la inexistencia de una quema de cuerpos en el basurero de Cocula, creo que los procesos que se les instruyen quedan totalmente debilitados y tienen una gran perspectiva de obtener su libertad”, señala Rosales.

Familiares de desaparecidos en Ayotzinapa acuden al Papa en Washington /Univision

Los sobrevivientes

"Además de la desaparición de 43 alumnos y la muerte de seis personas en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, 17 más resultaron lesionadas. De ellas, dos estudiantes permanecen a la fecha hospitalizados. Se trata de Aldo Gutiérrez y Édgar Vargas. “Queremos encontrar a los 43 pero también queremos que ellos dos se recuperen de lo que vivieron”, comenta Eric Poblete, alumno de la escuela Normal Rural Isidro Burgos y sobreviviente del ataque del 26 de septiembre.

A Édgar Vargas las balas le destrozaron el rostro, mientras que Aldo Gutiérrez se encuentra en el departamento de neurología con pronóstico reservado.

Abraham Gaspar señala que “sus familiares han andado con nosotros porque ellos piden reparación del daño. Le hemos exigido al gobierno que los apoye para que se recuperen, pero en lugar de que nos apoyen nos abandonan. Nosotros pedimos que se les dé prioridad también a ellos, que los atiendan médicos especializados”.

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"Vidulfo Rosales afirma que ellos están teniendo un apoyo mínimo. "En el caso de Édgar él está requiriendo reconstrucciones faciales y parece que hay una negativa del gobierno a requerir atención de médicos de Estados Unidos, de Cuba o de otro lado, porque quedó totalmente destruido su rostro.

En el caso de Aldo, la situación es mucho más grave. "Él sigue en estado vegetativo, entonces los familiares han estado pidiendo una opinión médica más, ya sea de médicos de EEUU o cubanos y el gobierno mexicano se niega a darla, argumentando que el diagnóstico establecido no va a variar. Sin embargo, creo que para los familiares es importante recibir otra opinión médica”, agrega el abogado.

Los expertos de la CIDH

En este momento, los expertos del GIEI han representado el parteaguas en la investigación. Por ello, los familiares exigen que sigan en el caso hasta encontrar la verdad de lo que pasó con los 43 aquella noche.

Este grupo está compuesto por Carlos Martín Beristain, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, Alejandra Buitrago y Alejandro Valencia Villa. Su formación fue el resultado de un acuerdo firmado entre funcionarios mexicanos y los representantes de los familiares de los 43, en noviembre de 2014. Su encomienda, “realizar las actividades de elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Victimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.

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El español Carlos Beristain trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. La colombiana Ángela Buitrago ha trabajado casos emblemáticos en su país, como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia.

El abogado chileno Francisco Cox Vial ha trabajado antes en casos probono ante la CIDH, en el litigio de casos penales y constitucionales. La abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz, experta en derecho penal, fue jueza durante 18 años y la primera mujer en convertirse en Fiscal General de su país, y ha sido elogiada por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala”. Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes basó sus conclusiones en un peritaje independiente elaborado por el doctor José Torero, experto en incendios. Torero estableció que " la hipótesis de que los quemaron en el basurero de Cocula no es posible. No hay ninguna evidencia de que en ese lugar haya habido un incendio de la magnitud necesaria para incinerar inclusive un solo cuerpo”, según señala su informe.

Para los familiares de las víctimas, la continuación del trabajo del grupo de expertos de la CIDH es imprescindible. “Por supuesto que queremos su colaboración. Esa es la condición de nosotros para que haya garantías de una investigación objetiva, imparcial, pronta y que nos conduzca a encontrar la verdad y la justicia. Para nosotros eso es fundamental. No vislumbramos nosotros un proceso de investigación sin los expertos”, sentencia Rosales.

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“Confiamos en ellos y esperamos que sea tomado en cuenta todo lo que ellos nos han confirmado, lo que ellos han dicho”, añade Eric Poblete.

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