Héctor Balderas llegó al cargo de fiscal general de Nuevo México con más votos que cualquier candidato del estado sureño en 2014, incluso fue más votado que la gobernadora republicana reelecta, Susana Martínez. Y desde que se sentó en el escritorio de la céntrica 111 Lomas Boulevard, en Albuquerque, ha ido contra pesos pesados, como la ex secretaria de estado Dianna Duran, hispana como él; un exsenador de su propio partido, el demócrata; y hasta demandó a una importante farmaceútica estadounidense que ingresó 16,600 millones de dólares en el último año.
Héctor Balderas: el fiscal general que encara la corrupción con las botas puestas
Este abogado de profesión dice haber dejado la práctica privada para irse a la política a hacer justicia. Su destino después de 2019 no está claro, aunque hay quienes hablan de sus aspiraciones a la gobernación del estado sureño.

“Estoy enfocado en proteger a todos los nuevo mexicanos, sin importar la raza, el color o el credo, si son pobres o ricos”, dice sentado en su despacho, siempre de saco y cruzando una pierna que desviste su bota vaquera. Casi en tono de campaña política, asegura que sobre todo persigue a quienes cometen crímenes contra menores y ancianos, agresores de mujeres y corruptos.
Nuevo México, fronterizo al suroeste con Chihuahua y Sonora (México), tiene una población de 2,085,109 habitantes, según la Oficina del Censo. Casi la mitad (48%) son hispanos.
Este año, el estado sureño ocupa el tercer lugar entre los que tienen más latinos en puestos de elección pública, con 683 personas –la mayoría en cargos municipales– solo superado por Texas (2,498) y California (1,426), según datos de la National Association of Latino Elected Officials (NALEO) analizados por Univision Noticias. Sin embargo, entre los 10 estados con más funcionarios de origen hispano, Nuevo México es uno en los que menos creció en los últimos 20 años: solo 12%, muy lejos del 300% que aumentó en Nueva York, por ejemplo.
Uno de esos puestos lo ocupa Balderas, estadounidense de origen mexicano, nacido hace 42 años en Denver, Colorado, pero críado en un Wagon Mound, un pueblo al norte de Nuevo México.
“Estoy orgulloso de ser latino (...) Me siento muy bendecido de tener esa diversidad en mi vida”, dice el fiscal general en perfecto inglés, pues el español que aprendió con su familia paterna se ha corroído por la falta de práctica.
Balderas insiste en que saltó de la abogacía privada a la política con un único objetivo: “hacer justicia” en el cuarto estado donde ocurren los crímenes más violentos del país, según reportes realizados con datos del FBI.
Asegura que ha sido fiel a esa meta como legislador y auditor estatal, e incluso cuando buscó un puesto en el senado de Nuevo México hace cuatro años.
Rompiendo el mito del abogado que se excede en las palabras, este fiscal es de poco hablar, de respuestas parcas y cortas, tiene un tono de voz pausado y es muy reservado. Tanto, que parece que disfruta el silencio.
Un demócrata contra una republicana
Desde que Balderas asumió el cargo en enero de 2015, su oficina calcula haber presentado 47 acusaciones, incluidos casos por abuso infantil, explotación de menores, tráfico humano, lavado de dinero y corrupción.
En esas estadísticas se cuenta el polémico caso de la ex secretaria de Estado de Nuevo México (2011-2015), la republicana Dianna Duran, acusada por Balderas de 64 cargos criminales en agosto del año pasado.
La relación entre ambos despachos vivió tensiones previas a la acusación. En junio de 2015, Duran recriminó a Balderas que debía tres reportes financieros de campaña. El fiscal dijo que era solo uno. “Estoy muy preocupado por la integridad de los datos y los registros de la oficina de la secretaria de Estado”, declaró a la prensa en su momento.
Cuando el caso de Duran estaba en la corte, su defensa presentó una moción para descalificar al fiscal y a su oficina, entre otras cosas, por ese pasado de acusaciones mutuas. Según el documento, la funcionaria creía que la investigación en su contra se trataba de una “ vendetta” (venganza). Incluso describió una relación que, en ocasiones, “fue rencorosa” y dijo que la imputación del fiscal respondió a presiones políticas.

“Hago mi trabajo sin importar el partido político”, se defiende Balderas. “Mi trabajo es asegurar que se muestre la evidencia en una corte ante un jurado”. Su asistente interrumpe la conversación y recuerda que su jefe también ha conducido acusaciones contra funcionarios demócratas. Pone el ejemplo del exsenador Phil Griego –también de origen hispano– quien irá a juicio por fraude, soborno, perjurio y cargos éticos, acusado por Balderas.
Fue un equipo conformado por once personas –incluido el fiscal, cuatro acusadores y seis agentes especiales– el que determinó que Dianna Duran tomó fondos de campaña, los usó para jugar en casinos de Nuevo México y pagar deudas privadas, “lo que es ilegal”, sentencia el abogado nuevo mexicano.
Tras el hallazgo, un juez acusó formalmente a la ex secretaria de Estado por malversación, fraude y mal uso de fondos de campaña. En octubre de 2015 la funcionaria renunció a su cargo y se declaró culpable.
Duran, quien se negó a dar declaraciones sobre su caso a Univision Noticias, fue sentenciada a 30 días de prisión más cinco años de libertad condicional. También debía devolver 13,866.80 dólares a los donantes de su campaña y pagar una multa de 14,000 dólares al estado; así como cumplir 2,000 horas de servicio comunitario y dar 144 charlas en las que debe detallar el crimen que cometió y los efectos que sus acciones generaron en los nuevo mexicanos.
Éste es el caso de mayor perfil por el que se ha dado a conocer el novel fiscal, quien asegura que la corrupción no solo está en el Gobierno. De hecho, otro de los casos que llevó su nombre a los diarios ocurrió en un distrito escolar.
Una tragedia
El distrito de escuelas Jemez Mountain, a dos horas al norte de Albuquerque, quedó en shock en mayo de 2010.
Para entonces, Héctor Balderas era el auditor estatal y por insistencia de un amigo relacionado con este grupo de colegios descubrió “actividades sospechosas” en el manejo del dinero por parte de su administradora, Kathy Borrego. “Puse a mi auditor y a mi contador en el caso”, recuerda el fiscal.
“Nos alarmamos al encontrar que esto se estaba convirtiendo en el mayor caso de robo en la historia de Nuevo México”.
Primero, el fraude –que inició en enero de 2002 y terminó en junio de 2009– se calculó en 150,000 dólares, que subieron a 300,000 dólares, escalaron a 700,000 y siguieron sumando miles y miles hasta llegar a 3.3 millones de dólares. La mujer llegó a esa cifra al apropiarse de más de 500 cheques en blanco que utilizó para apostar, cuenta Balderas.
En febrero de 2010, Borrego se declaró culpable de seis cargos, entre ellos fraude, evasión de impuestos y uso de dinero ajeno para fines personales. Pero en mayo de ese año, cuando le tocaba escuchar su sentencia, se suicidó.
Balderas cataloga este caso como “una tragedia”. Aún así, asegura estar “preparado para enfrentar toda clase de dificultades”.
El próximo desafío que posiblemente tomará es el del homicidio de la niña Victoria Martens, de 10 años, que fue drogada, abusada sexualmente, asesinada y quemada en agosto pasado en su casa en Albuquerque. Un senador estatal solicitó al fiscal una investigación independiente para definir si las autoridades del Departamento de Familia fueron negligentes al identificar si la niña corría peligro en su propia casa.
“Me he hecho fuerte en muchas maneras”, explica Balderas y repite –con las mismas palabras que en cada reunión y encuentro– la historia de su difícil niñez en Wagon Mound.
Allí se crió en una casa pagada por el Gobierno con su madre, que bregaba día y noche para mantener sola a tres hijos en un pueblo sin servicios médicos, donde los tiroteos y los altercados se resolvían –y se resuelven– por cuenta propia.

Y aunque habla poco de su familia, asegura que a través de ella también se fortalece. Una de sus hijas, Arianna, nació con síndrome de Down. Él la lleva al colegio cada día y a las clases de flamenco de los viernes. La despide con un beso en los labios. “Estoy muy orgulloso de ella (…) Cuando la ves bailar te das cuenta de que va al ritmo de las bailaoras de flamenco”, dice con una sonrisa. “No se suponía que pudiera hacerlo y es una bailarina fenomenal. Definitivamente es la más apasionada de nuestra familia”.
Pero Balderas, en su rol de hombre de familia, no expone con facilidad a la prensa a sus tres hijos y esposa. Cuando se le pregunta por ellos, casi siempre evade el tema.
Mira a Washington
Con micrófono en mano, Balderas entró en la cancha de la escuela secundaria Atrisco Heritage, que se erige solitaria en medio del desierto y el polvo de Albuquerque. Imposible imaginar que pudiera haber centenares de estudiantes esperándolo en el lugar ese miércoles de agosto. Se oyen los aplausos y la ovación de los adolescentes.
“I love you, guys”, exclama el fiscal. “Ustedes son brillantes”, continúa en inglés y habla algunos minutos sobre los riesgos del cyberbullying. “Queremos hacer equipo para ayudarlos a proteger a sus amigos”, asegura. Y, luego, les cuenta de sus años en Wagon Mound y termina con una anécdota: “Cuando yo era un ‘mocosito’ (en español) como ustedes, que no veía nada en mí, quería tener un Camaro que no podía pagar”.
Al fin del discurso, el polideportivo se vació y afuera, Balderas se retrató con los pocos estudiantes que quedaron en el pasillo. Su asistente le tomó la foto.

No sería la única parada fugaz que hizo el fiscal en el tour de esa semana de verano, durante el que un equipo de Univision lo acompañó.
En la última, en un espacio más privado de la Universidad Estatal de Nuevo México, en Las Cruces, se reunió con seis estudiantes mexicanos que lo escucharon sentados en una pequeña mesa redonda. No se habló en español tampoco en esta reunión.
“Deben seguir estudiando sin importar los límites”, les dijo. “Deben tener la valentía para decir: ‘quiero ser doctor’. Si quieren hacer una práctica en una de mis pequeñas oficinas, pueden pedírmelo”.
Balderas es abogado de profesión. Fue el primero que obtuvo ese título en su pueblo, uno de los más pobres de Nuevo México. Litigó por su cuenta durante tres años hasta que se estrenó en el ruedo político como legislador en la Cámara de Representantes estatal (2005-2006). Para 2007 ya era el auditor del estado. En 2012 aspiró a senador en Nuevo México y perdió. Tres años después ganó con ventaja (58.3% de los votos) el cargo de fiscal general contra la republicana Susan Riedel.
Pero pocos de los que lo escucharon esa semana conocen esta historia o su nombre.
“Sé que es alguien porque lo recuerdo en un comercial”, dijo un estudiante de la Escuela Atrisco. “No sé nada de él, realmente nada”, replica otro.
Entre los universitarios, solo uno admitió haberlo visto en un afiche. “Es la primera vez que oigo su nombre”, confiesa otro. “Supe de él apenas ayer cuando nos dijeron que nos reuniríamos”, reconoce otro.
Balderas sabe que su nombre, sus casos judiciales e incluso sus consignas de campaña son ajenas para muchos. “Desafortunadamente la gente joven y el ciudadano promedio de hoy sabe más de sus equipos de fútbol de la NFL o de los programas de televisión que de las instituciones que están tomando las decisiones más importantes de sus vidas”, lamenta. “Ése es uno de los retos”.
Este estadounidense de origen mexicano es por ahora y hasta 2019 el fiscal general del estado sureño, aunque asegura que no pone límites a su carrera política futura y que incluso mira hacia Washington.
–¿Se lanzará a gobernador de Nuevo México?
–No tengo una buena respuesta todavía para esa pregunta.




