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Puerto Rico, dos años en territorio de los bonos "basura"

Puerto Rico, dos años en territorio de los bonos "basura"

Puerto Rico, dos años en territorio de los bonos "basura"

La isla se hunde por crisis financiera Univision

Dos años después del descenso de su deuda soberana al grado especulativo (el terreno de los bonos "basura" o "chatarra"), Puerto Rico está a punto de ceder la gestión a una junta de control fiscal externa impuesta por Washington, que, por el momento, no le deja declararse en quiebra bajo la ley federal.

El 4 de febrero de 2014, Standard & Poor's dio el paso que se venía temiendo desde hacía mucho tiempo y anunció que rebajaba la calificación de las Obligaciones Generales del Gobierno de este Estado Libre Asociado de EE.UU. a BB+, fuera del grado de inversión.

La deuda en el grado especulativo es desaconsejada porque existe un notable riesgo de que el inversor no recupere sus fondos. Quienes aún así deciden invertir, lo hacen a un tipo de interés muy elevado que compense ese riesgo.

El resto de las grandes agencias de calificación no tardaron en imitar a S&P, lo que dejó a Puerto Rico en una situación muy complicada para acudir de nuevo a los mercados a seguir pidiendo dinero prestado, que en gran parte destinaría para pagar los vencimientos de deuda más inmediata.

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De hecho, Puerto Rico necesitaría más de 33.000 millones de dólares en los próximos 10 años sólo para pagar su deuda, una obligación que absorbe el 36 % de los exiguos ingresos fiscales que consigue una Hacienda que tiene que lidiar con una gran evasión y con una población que está emigrando masivamente.

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Con una población de 3,5 millones de personas (el 45 % de ellos viviendo en la pobreza) y una década de crisis acumulada, cada semana se van una media de 3.000 habitantes , en su mayoría a EE.UU.

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Aunque durante el primer año en territorio "basura", Puerto Rico pudo seguir acudiendo a los mercados, el pasado junio el gobernador Alejandro García Padilla aceptó que la deuda es "impagable" y que habría que dejar de pagarla y tratar de renegociarla.

Tras decretar la emergencia fiscal y congelar gastos, salarios, contrataciones, pagos a proveedores y devoluciones de declaraciones de impuestos, y "al borde de una crisis humanitaria" en palabras del gobernador, en agosto la isla incurrió en su primer impago .

Además ha empezado a pagar la deuda de la Administración central con fondos originalmente reservados para pagar deudas de corporaciones públicas, que por ello han incurrido o incurrirán pronto en impagos. Aún así, es previsible que en mayo no se puedan pagar los 400 millones de dólares que vencerán entonces.

Por ello, el Gobierno acaba de presentar una propuesta de reestructuración de la deuda que consiste en reducir en un 30 % su deuda de 72.000 millones, con quitas de entre el 28 % y el 61 %, según el tipo de bonista, y aplazando pagos un mínimo de cinco años.

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El Gobierno asegura que, de ser aceptada, y si se cumplen sus previsiones de reactivación económica, Puerto Rico contaría con recursos suficientes para prestar los servicios públicos esenciales a sus ciudadanos, pagar a sus proveedores y a sus contribuyentes, recuperar su liquidez y financiar sus sistemas de jubilación.

Además, se reduciría al 15 % la carga que supone el reembolso de la deuda respecto de los ingresos fiscales de una economía que, debido a su particular estatus político, está supeditada en gran parte a la voluntad de EE.UU.

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Ante la insistencia de San Juan en reclamar la ayuda federal, Washington finalmente ha decidido imponerle el sometimiento a una junta de control fiscal externa que supervise su política económica y fiscal.

Aunque esta imposición levanta muchas suspicacias en Puerto Rico, porque se ve como una manifestación más del régimen semicolonial que rige entre la isla y EE.UU., al mismo tiempo son muchas las voces que creen que es la única manera de superar la crisis o, al menos, el peaje necesarios para que el Congreso federal permita a la isla acogerse a la protección de la Ley de Quiebras.


Así, en estos días la Cámara de Representantes de EE.UU. está diseñando la composición y alcance de esa junta, y su presidente, el republicano Paul Ryan, se ha comprometido a hacer lo posible para que se apruebe la correspondiente legislación durante este primer trimestre del año. EFE

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