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Loretta Lynch, Secretaria de Justicia de Estados Unidos

Autoridades federales tendrán la prioridad para deportar expresos

Autoridades federales tendrán la prioridad para deportar expresos

Las policías locales deberán entregar al Servicio de Inmigración a los presos que hayan cumplido su condena.

Loretta Lynch, Secretaria de Justicia de Estados Unidos
Loretta Lynch, Secretaria de Justicia de Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses de inmigración tendrán prioridad sobre policías locales para la deportación de exconvictos de las cárceles federales, adelantó este miércoles la secretaria de Justicia, Loretta Lynch.

Ante la Comisión de Asignaciones de la cámara baja, Lynch dijo que la Oficina Penitenciaria dará a la policía del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) la primera opción para hacerse cargo de los presos que enfrentan la deportación.

Las policía locales que quieran procesar a esos presos por otros delitos deberán demostrar a las autoridades federales que entregarán esos reos a la ICE una vez finalizado los procesos penales.

"Esto podría tener como consecuencia que ciertos casos locales no vayan a juicio porque la persona será entregada a la ICE y deportada", dijo Lynch a una subcomisión de asignaciones de la cámara baja. "Y si una jurisdicción plantea una inquietud sobre eso, hablaremos con ellos, pero deberían darnos la seguridad de que ICE recuperaría al individuo".

Lynch hizo estos anuncios poco menos de un año después que una mujer de 32 años fue muerta a tiros en un muelle en San Francisco, presuntamente por un mexicano que fue entregado por una cárcel federal a las autoridades de San Francisco en lugar de ser deportado por sexta vez.

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La muerte de Kate Steinle en julio provocó un debate nacional sobre inmigración cuando se supo que la policía de San Francisco había detenido a Juan Francisco López Sánchez y lo dejó en libertad a pesar de que las autoridades de inmigración querían deportarlo.

El representante republicano John Culberson, de Texas, dijo que el cambio acompaña la presión creciente sobre las ciudades y condados para que cooperen con ICE si quieren recibir fondos federales. "Si esa política hubiera estado vigente el verano pasado, Kate Steinle estaría viva", dijo Culberson, presidente de la subcomisión.

Jessica Vaughan, directora de estudios legales en el Centro de Estudios sobre Inmigración, que aboga por leyes más rígidas, elogió el cambio, pero dijo que es necesario asegurar que un sospechoso no evada el juicio al ser deportado. Los fiscales locales tendrán que hacerse oír, dijo Vaughan.

Jessica Bansal, directora litigante de la Red de Organización de Jornaleros, opinó que el cambio no afectaría muchos casos pero que requiere mejor comunicación entre los sistemas de inmigración y justicia penal.

La ICE no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.

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