La ‘traición’ policial que ha indignado a una ciudad santuario en California

La policía de Santa Cruz participó en una operación federal contra una pandilla filial de la Mara Salvatrucha, pero en esa intervención se produjeron arrestos a personas sin papeles que nada tenían que ver con el caso.

Agentes de ICE buscan a unos indocumentados en una vivienda (archivo).
Agentes de ICE buscan a unos indocumentados en una vivienda (archivo).
Imagen Bryan Cox/ICE via Getty Images

LOS ÁNGELES, California.- Los residentes de la ciudad santuario de Santa Cruz, en el norte de California, están indignados por la participación de su policía local en una operación liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dirigida a detener a pandilleros y que terminó convirtiéndose en un operativo contra inmigrantes sin papeles.

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El enfado de los habitantes resultó notable en una larga reunión del consejo municipal celebrada este martes por la noche en la que la ciudad dio luz verde al borrador de una ordenanza que regula la no cooperación de los funcionaros públicos locales con autoridades federales en materia de inmigración.

“Si es una ciudad santuario ¿por qué necesitan a ICE?”, preguntó al jefe de Policía de Santa Cruz (SCPD), Kevin Vogel, un inmigrante del El Salvador llamado José Luis Escobar, cuya hija fue detenida y trasladada por oficiales federales hasta San Francisco tras el operativo desarrollado en la localidad el 13 de febrero.

Aquella jornada, SCPD formó parte de una acción de ICE –a través de su unidad de investigación HSI- centrada en capturar a varios individuos sospechosos de integrar la filial local de la Mara Salvatrucha (MS-13) y buscados por extorsión, tráfico de drogas y varios homicidios, entre otros delitos.

En el transcurso del operativo se detuvieron –según ICE- a 10 presuntos pandilleros (12 según SCPD) y adicionalmente 11 personas indocumentadas que estaban en los lugares de rastreo fueron aprehendidas.
Vogel insiste en que ICE actuó a espaldas de su departamento y calificó de “traición” la intervención de los oficiales migratorios contra la comunidad latina, que supone un 33% de los 270,000 residentes en esa ciudad. El jefe policial dio la cara esta noche ante los vecinos y reiteró que nunca habrían cooperado de haber sabido de los planes de ICE, pero para muchos residentes sus comentarios resultaron insuficientes para remediar el daño causado.

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Los relatos de cómo los agentes de ICE entraron en viviendas, forzando puertas y rompiendo ventanas, mientras en el interior familias enteras, con niños, estaban atemorizados, se sucedieron en la junta municipal.

“La comunidad está traumatizada”, reconoció la concejal Cynthia Matthews durante el debate sobre la ordenanza. Los ciudadanos pedían un lenguaje contundente para la ordenanza e invitaban a los políticos locales a ser más creativos con el fin poner todas las trabas posibles a la acción de los federales.

Entre las sugerencias: prohibir el estacionamiento a camionetas de deportaciones en la ciudad, imponer un impuesto a ICE y opciones más radicales como que la policía local intervenga para frenar a los federales para proteger a sus residentes cuando observe que se están cometiendo irregularidades. También se planteó reclamar a ICE que deje de presentarse como 'policía' para no crear confusión entre la gente, una iniciativa iniciada ya en Los Ángeles.

Algunos testimonios indicaban que durante algunos arrestos a indocumentados había agentes locales presentes, y no hicieron nada.

Varias personas que tomaron la palabra reclamaron a Vogel que explicara si había un oficial federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “infiltrado” en sus oficinas. El jefe policial reconoció que desde 2009 un investigador de HSI ocupaba un puesto de trabajo en su departamento, aunque explicó que sus tareas se centran en el caso de las pandillas, ya que las pesquisas que llevaron a los arrestos fueron el resultado de una labor de 5 años.

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Cuando fue cuestionado por el consejo municipal sobre por qué eso no se había sabido antes, Vogel respondió que nadie había preguntado por ello. El responsable de SCPD anunció que tenía previsto notificar al agente federal próximamente de que ya no dispondría de lugar de trabajo en sus oficinas.

Vogel explicó, no obstante, que la única garantía de que SCPD no volviera a verse envuelto en un supuesto engaño de ICE sería negándose a cooperar en cualquier intervención, aunque sea para combatir el crimen de las pandillas.

El jefe policial cerró su participación con una reflexión en forma de pregunta a raíz de la manipulación que atribuye a ICE: “¿Dónde más en Estados Unidos está pasando esto?”.

Video ¿Qué son las ciudades santuario y cuál será su futuro en California?

ICE: las acusaciones son “completamente falsas”

El testimonio de los líderes de Santa Cruz choca con la versión ofrecida por ICE, que niega cualquier teoría sobre conspiraciones para usar los recursos de esa ciudad santuario con el fin de arrestar inmigrantes.

ICE, de hecho, asegura que SCPD estaba al corriente de que “cualquier extranjero que se encontraran durante la intervención en los lugares de las detenciones sería retenido brevemente hasta que se determinara cuáles eran sus identidades y sus historias. El jefe (Vogel) reconoció esa posibilidad y se acordó que ningún extranjero entraría en las instalaciones de SCPD o en sus vehículos policiales”.

La agencia federal calificó las acusaciones de SCPD de “completamente falsas, imprudentes y perturbadoras”. El agente de HSI al frente del operativo, Ryan L. Spradlin, insinuó que la motivación tras los comentarios de los líderes de Santa Cruz es su “preocupación por perder sus empleos” y sugirió a la comunidad de Santa Cruz que “entienda” que gracias a esa operación la ciudad “es más segura”.

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ICE confirmó que además de los 10 supuestos pandilleros el 13 de febrero se detuvo a 11 inmigrantes indocumentados, de los cuales todos menos uno fueron liberados posteriormente. El que permanece bajo custodia tiene “historial criminal y posibles vínculos con la investigación”.

SCPD indicó que los migrantes sin papeles liberados han sido citados ante el juez migratorio o les han puesto un localizador GPS.