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El Congreso de EEUU tiene sus propias reglas para manejar las denuncias de acoso sexual de sus miembros y empleados. Existe una oficina especial que resuelve estos asuntos sin necesidad de ir a la corte.

Las demandas por acoso sexual contra los congresistas de EEUU las pagan los contribuyentes

Las demandas por acoso sexual contra los congresistas de EEUU las pagan los contribuyentes

El Congreso tiene sus propias reglas para atender las agresiones que ocurren en sus pasillos. Una ley que entró en vigor en 1995 establece que las víctimas primero deben acudir a una consejería confidencial antes de que sus casos puedan escalar a una corte.

El Congreso de EEUU tiene sus propias reglas para manejar las denuncias...
El Congreso de EEUU tiene sus propias reglas para manejar las denuncias de acoso sexual de sus miembros y empleados. Existe una oficina especial que resuelve estos asuntos sin necesidad de ir a la corte.

Las compensaciones para las víctimas que denuncian haber sido acosadas sexualmente por los congresistas en Estados Unidos son pagadas por los contribuyentes, confirmó la Oficina de Compliance a Univision Noticias en un correo. Para resolver este tipo de agresiones, el Capitolio ha fijado sus propias reglas y no basta con que una víctima alce la voz para que obtenga una respuesta inmediata a su caso.

Bajo una ley que fue aprobada en 1995 (la Congressional Accountability Act), las personas afectadas podrían demandar ante una corte solo si primero aceptan cumplir con una "consejería confidencial" y una "mediación" de la disputa, y si dan al caso un "periodo de enfriamiento". De este proceso se encarga una oficina especial del Congreso, la de Compliance.

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Y cuando la denuncia no puede resolverse conversando y escalan a lo civil, los acuerdos económicos no son pagados por las oficinas de los congresistas –o sus empleados– implicados. Paula Sumberg, subdirectora ejecutiva de esa oficina, respondió escuetamente a Univision Noticias en un correo que son financiados por el "dinero de los contribuyentes".

Según una nota del diario The Washington Post, las compensaciones que asume el Congreso por el comportamiento de sus empleados son menores a las que pagan figuras públicas. Entre 1997 y 2014, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos dispuso 15.2 millones de dólares para cancelar 235 fallos o acuerdos por violaciones de normas por miembros o empleados de la Cámara.

Para evitar que las agresiones continúen, reseña la oficina de Compliance, tienen programas de entrenamiento mandatorios para nuevos empleados y actualizaciones cada dos años sobre temas como el acoso sexual, la discriminación y las retaliaciones en el trabajo. "La educación impacta directamente en el comportamiento del empleado", se lee en un documento. "Estudios han demostrado que el acoso sexual en cualquier empleado puede no ser reportado por el alto perfil y la naturaleza pública de la acusación y por la respuesta negativa que puede sufrir el denunciante", dice el reporte de la oficina de Compliance. "Puede llevar a un aumento del ausentismo laboral, disminución de la productividad o a una eventual renuncia".

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Sin embargo, abogados y activistas aseguran que esto no es suficiente, que el abuso sexual en el Capitolio pocas veces es denunciado pues los métodos para hacerlo son débiles. Al final, muchas víctimas se quedan en silencio y las agresiones continúan. Temen que el peso político de sus acosadores pueda terminar con sus carreras.

Sin denuncia

El diario The Washington Post cita el caso de Briony Whitehouse, quien en 2003 trabajó como becaria en el Congreso. Apenas tenía 19 años cuando fue abordada por un político republicano en el ascensor del edificio Russell del Senado: la manoseó desde que se montó hasta que se abrieron las puertas en el siguiente piso en que se detuvo el aparato.

Ella nunca contó el incidente a sus jefes, reseña el Post, por temor a que una denuncia pudiera acabar con su carrera. "En ese momento no supe qué hacer, no hice nada", dijo al diario. "Asumí que así eran las cosas".

Si ella hubiese querido hacer algo, denunciar, acusar al senador que la toqueteó, no hubiese podido. Según el diario, su queja hubiese quedado en nada porque los becarios en el Congreso tienen protecciones limitadas según la ley del 95.

"No es un proceso amigable para la víctima", dijo la representante demócrata por California Jackie Speier, quien ha presionado –sin mucho éxito– para establecer nuevos mecanismos para atender los casos de acoso. Ella misma fue víctima. Contó su mala experiencia a propósito del hashtag #MeToo con el que cientos de mujeres han dado a conocer sus malas experiencias de agresiones sexuales tras las denuncias contra el productor de cine Harvey Weinstein. En sus años como empleada del Congreso, uno de sus jefes la tomó por la cara, "me besó y metió su lengua en mi boca", relató Speier.

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El proceso que establece la oficina de Compliance, "protege a la institución", denuncia la representante. "El acoso sexual está desenfrenado en el Congreso, pero nadie quiere asumirlo porque les tocará hacer algo", aseguró la demócrata, que la próxima semana pedirá una revisión de las normas de esta oficina para atender las agresiones sexuales. "Es hora de abrir la cortina sobre el comportamiento repulsivo que ha crecido en la oscuridad y sin consecuencias".

Según una encuesta liderada por el medio del Capitolio, Roll Call, 40% de las trabajadoras de la Cámara consultadas aseguraron que el acoso sexual es un problema en el lugar, mientras que 60% dijo haber sido víctima.

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