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El hotel de Trump en Washington.

Inquilino y propietario: Donald Trump enfrenta su mayor conflicto de interés con su hotel en DC

Inquilino y propietario: Donald Trump enfrenta su mayor conflicto de interés con su hotel en DC

El presidente electo está a punto de recibir un subsidio de $32 millones para su hotel, que podría ser aprobado por funcionarios de su futura administración una vez que asuma el poder.

El hotel de Trump en Washington.
El hotel de Trump en Washington.

El hotel de lujo que Donald Trump inauguró en Washington DC el pasado octubre como candidato, obtuvo su primer beneficio a una escasa semana de que el magnate hubiera sido elegido como presidente: solo le falta un paso para que le sea otorgado un subsidio tributario por valor de hasta $32 millones.

El 14 de noviembre, el Servicio de Parques Nacionales (NPS por sus siglas en inglés), que supervisa los "Créditos Tributarios de Rehabilitación Históricos" con el IRS (la agencia responsable de recolectar los impuestos), aprobó un nuevo trámite encaminado a conceder el beneficio fiscal. Trump había solicitado en el pasado esta ayuda como compensación por la rehabilitación del edificio histórico llamado Old Post Office Building, que el magnate alquila al gobierno federal, según cuenta Buzzfeed.

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Aunque esta agencia todavía está bajo la supervisión del actual presidente Barack Obama, el NPS pasará a estar bajo la égida de Trump tras su toma de posesión el 20 de enero. El nombre de Sarah Palin viene sonando para la cartera del Interior, departamento que controla la NPS, pero sea quien sea el elegido, tendrá poder de decisión sobre la última fase que le daría a a la compañía que maneja el hotel, la Trump Old Post LLC, un crédito fiscal por valor de 20% del proyecto de rehabilitación, estimado en $160 millones, es decir $32 millones.

La mera existencia del hotel ya representa un evidente conflicto de interés pues cuando sea investido como presidente, Trump será propietario e inquilino. Como advirtieron los expertos Steven L. Schooner y Daniel I. Gordon, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, en un artículo publicado en la revista Excellence in Government , el contrato de arrendamiento del edificio donde funciona el hotel, sería violado el 20 de enero de 2017 una vez Trump asuma el poder.

"El arrendamiento de la oficina de correos difiere de muchos de los otros arreglos de negocios del Sr. Trump", escribieron. "Esto se debe a que al redactar el contrato, el gobierno de Estados Unidos determinó por adelantado, que los funcionarios electos no podrán desempeñar ningún papel en este acuerdo de arrendamiento. El lenguaje del contrato es claro: "Ningún ... funcionario electo del Gobierno de los Estados Unidos ... será admitido en cualquier parte de este Contrato, o en cualquier beneficio que pueda derivarse de él".

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La especificidad de esta cláusula significa que Trump en efecto incumplirá la ley el 20 de enero, cuando, mientras sigue beneficiándose del contrato de arrendamiento, se convertirá en un "funcionario electo del Gobierno de los Estados Unidos". Schooner y Gordon recomiendan que la Administración de Servicios Generales (GSA por sus siglas en inglés) que dirige los bienes raíces del gobierno federal, termine cuanto antes este contrato con Trump.

"GSA planea abordar con el equipo del presidente electo,c ualquier problema que pueda estar relacionado con el edificio de Old Post Office", dijo Renee Kelly, portavoz del GSA en un comunicado.

La ley federal de conflictos de intereses prohíbe a los funcionarios públicos usar su autoridad gubernamental para promover sus intereses financieros, pero esa ley no se aplica al presidente. No obstante otras como la claúsula constitucional de emolumentos extranjeros, leyes anti-soborno, y códigos de ética, hacen que su posible lucro como mandatario de estado sea objeto de escrutinio y castigo penal.

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“Las formas en que el presidente puede quebrantar la ley con el objeto de beneficiar sus negocios son muchas”, dijo la semana pasada a Univision Norman Eisen, quien fue el principal abogado de ética de la Casa Blanca para el presidente Barack Obama entre el 2009 y el 2011, en respuesta a las aseveraciones de Trump de que un presidente no puede tener conflictos de interés.

“Desde que renta una de sus habitaciones en los hoteles Trump a funcionarios de un gobierno extranjero, hasta si recibe regalos o prebendas (como favoritismos en licencias) que puedan significar la espera de algo en retorno, el llamado quid pro quo. Hay una línea muy delgada para leer esos intercambios como sobornos a cambio de influencia política”, dijo Eisen, quien le recomendó a Trump nombrar cuanto antes un consejero de ética para navegar estos conflictos.

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Trump nombró la semana pasada a Donald F. McGahn, un experimentado abogado en derecho político y ética de gobierno como consejero de la Casa Blanca, quien como abogado general de la campaña Trump, recibió más de $ 2,7 millones, según los informes más recientes de la FEC. Entre sus clientes ha trabajado con Freedom Partners Chamber of Commerce, un grupo clave en la red de los hermanos de Koch.

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Este miércoles por la mañana, Trump dijo en una serie de tuits que está preparado para dejar su negocio, asegurando que "se están elaborando documentos legales que me llevan completamente fuera de las operaciones comerciales. ¡La Presidencia es una tarea mucho más importante!"


Así mismo, prometió una rueda de prensa para el 15 de diciembre en la que explicará como piensa dejar todos los negocios de la organización Trump en manos de sus hijos, decisión que según expertos, no resuelve los conflictos de interés dado el inmenso papel que ellos vienen jugando como asesores políticos. Esas preocupaciones se agudizaron cuando, poco después de las elecciones, Ivanka Trump se reunió con su padre y el presidente de Japón y ha estado presente en llamadas telefónicas con otros mandatarios, como Mauricio Macri.

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