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Rubén Espinosa desempeñando su trabajo como fotoperiodista. Fotografía cedida por la agencia Cuartoscuro.

México: violencia, muerte e impunidad

México: violencia, muerte e impunidad

Carlos Lauría, Coordinador Sénior del CPJ, comenta sobre el asesinato del periodista mexicano Rubén Espinoza.

Rubén Espinosa desempeñando su trabajo como fotoperiodista. Fotografía c...
Rubén Espinosa desempeñando su trabajo como fotoperiodista. Fotografía cedida por la agencia Cuartoscuro.

Por Carlos Lauría (*)

El fotoperiodista Rubén Espinosa se autoexilió en la Ciudad de México en junio pasado, en busca de un refugio seguro. Proveniente de Veracruz, un estado inhóspito que en pocos años ha superado un record macabro en materia de asesinatos y desapariciones de periodistas, el colaborador de la revista Proceso y las agencias AVC Noticias y Cuartoscuro llegó tras haber sido intimidado, seguido y amenazado en varias oportunidades. Dedicado al cubrimiento de movimientos sociales, Espinosa también había sido el autor de una fotografía del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que fue publicada en 2014 en la portada por la revista Proceso en un artículo fuertemente crítico  titulado: “Veracruz: Estado sin Ley”.

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La imagen, según admiten colegas de Espinosa, molestó al gobierno estatal. Un gobierno que ostenta la marca más deplorable y aciaga en uno de los países más violentos del mundo en términos de libertad de prensa: cuatro periodistas caídos en cumplimento de su labor informativa desde 2011, según la  investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Además de otros siete cronistas asesinados bajo circunstancias aún no esclarecidas y al menos tres reporteros  desaparecidos en el estado en el mismo período, cuyo paradero se desconoce.

El gobernador Duarte, sostienen sus críticos, parece usar un traje de amianto que le permite resistir los peores vendavales políticos. Solo así se entiende que en un estado plagado de denuncias de corrupción, con fuerte presencia de grupos del crimen organizado y que registra un importante volumen de gravísimos abusos de derechos humanos, Duarte siga ejerciendo sus funciones sin mayores sobresaltos. Y por si esto fuera poco, su gobierno también exhibe una calificación lamentable en cuanto a impartición de justicia se refiere: de todos los crímenes contra periodistas ninguno ha sido resuelto. Veracruz es el reino de la impunidad.

Acaso fue la desidia e indiferencia de las autoridades lo que motivó a Rubén Espinosa a ignorar al mecanismo de protección federal que desde hace unos años está vigente en el Distrito Federal, surgido a partir de la cada vez más acuciante crisis de libertad de expresión que atraviesa México. El mecanismo, que supuestamente debería brindar protección a periodistas bajo riesgo inminente, ha sido vilipendiado por periodistas y sociedad civil por su ineficacia, su falta de recursos y por la apatía de quienes lo conducen. Fue diseñado sobre la base de otro mecanismo de protección que, con marcado éxito, funciona desde hace años en Colombia y que ha ayudado (aún con imperfecciones y falencias) a prevenir muertes y ataques contra colegas colombianos.

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El hecho de que Espinosa no haya acudido en ayuda del mecanismo de protección es revelador. Refleja a las claras la falta total de confianza que existe entre periodistas y autoridades. Una desconfianza que tiene su raíz en la impunidad y que se profundiza a medida que transcurre el tiempo sin impartición de justicia y señales desde lo más alto del poder político. Recuperar la confianza perdida no es tarea sencilla: requerirá una respuesta contundente en el sentido de que el tema de la libertad de expresión es realmente prioritario y solo llegará a través de la condena, ejemplar, a los responsables de estos crímenes. Pero a los verdaderos responsables, no accidentales chivos expiatorios.

La dimensión del problema es vasta, tan vasta como el territorio mexicano. Los distintos gobiernos lo han reconocido. Por presión de la opinión pública se han creado los instrumentos: fiscalía especial y mecanismo de protección. Hasta se ha reformado la Constitución para cambiar el marco legal y permitir mayor jurisdicción  de las autoridades federal en la investigación de estos crímenes. Pero estas herramientas solo valdrán como paliativo hasta tanto los máximos gobernantes (cualquiera sea su signo político) entiendan de una buena vez por todas que se requiere una voluntad política inflexible para cambiar esta dinámica "por ahora irreversible- de violencia, muerte e impunidad. Hasta entonces, prensa y derechos humanos seguirán sufriendo, y la promesa de una democracia representativa será solo una utopía.

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*Coordinador Sénior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) Twitter: @CPJAméricas

Nota:

La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución a la discusión pública de temas. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial. 

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