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Rousseff podría ser apartada de la Presidencia la próxima semana.

Luz verde al juicio político contra Dilma Rousseff en el Senado

Luz verde al juicio político contra Dilma Rousseff en el Senado

Una comisión de la Cámara alta aprobó el informe que recomienda la apertura de un juicio político contra la presidenta. La votación en el pleno será la próxima semana.

Rousseff podría ser apartada de la Presidencia la próxima semana.
Rousseff podría ser apartada de la Presidencia la próxima semana.

Una comisión del Senado dio luz verde este viernes al informe que recomienda la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

La decisión final, que apartaría a la presidenta de poder, la tomará el pleno de la Cámara alta la próxima semana.

El informe favorable a poner fin al mandato de la presidenta fue aprobado en la comisión por 15 votos a favor y 5 en contra. Ahora debe pasar al pleno del Senado donde una mayoría simple definirá si la causa es archivada o si se instaura el juicio político.

Si la mayoría del Senado vota en su contra la próxima semana, Dilma Rousseff seguirá los pasos de Fernando Collor (1990-92) y deberá abandonar el Palacio de Planalto mientras espera una decisión definitiva sobre su destitución, un proceso que puede durar hasta 180 días.

Mientras tanto, Rousseff sería sustituida en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas ya estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno.

Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación definitiva en el pleno de la Cámara alta se realice el miércoles de la semana próxima, que pudiera ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.

Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero, si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso.

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Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de "maquillar" sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras "faltas administrativas".


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