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San Francisco seguirá siendo ciudad santuario

San Francisco seguirá siendo ciudad santuario

La Junta de Supervisores de la ciudad votó por mantener su apoyo a los inmigrantes con y sin papeles

San Francisco
En una resolución aprobada por mayoría, la Junta de Supervisores de la ciudad de San Francisco acordó mantener lo que ha sido una política desde 1989 cuando se le denomino “ciudad de refugio”, al dar la bienvenida y protección a los inmigrantes.



En los últimos meses la ciudad ha enfrentado una fuerte presión por eliminar esa política, luego de que un inmigrante indocumentado aparentemente asesinó a una estadounidense cuando esta se encontraba con su padre en el muelle.


El incidente en el que murió Kate Steinle, de 32 años, generó que grupos conservadores locales y nacionales condenaran políticas migratorias de ciudades santuario.


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“No podemos permitir que un evento cambie una política de más de 25 años”, manifestó la supervisora Malia Cohen durante una sesión de la junta ocurrida hace unos días y en donde se ratificó mantener la ciudad santuario.


“Más importante no podemos permitir que el odio de conservadores y de estaciones de televisión como Fox News dicten como debemos responder a incidentes en nuestra ciudad”, puntualizó Cohen.


El mexicano Juan Francisco López Sánchez, quien había sido deportado en cinco ocasiones, y quien tenía unas semanas de haber salido de prisión por cargos de drogas cuando ocurrió el crimen, ha sido acusado de asesinato de Steinle.


La resolución de la ciudad se dio después del fallido intento en el congreso de Estados Unidos en donde el senador David Vitter, republicano de Lousiana, había propuesto recortar presupuesto a todas las ciudades santuario que no apoyen a autoridades migratorias.


Esa legislación también proponía aumentar las sentencias criminales a inmigrantes que de manera repetida entraron de manera ilegal a territorio estadunidense.


San Francisco integra la lista de “ciudades santuario” donde policía no colabora con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en ingles) en un programa para identificar y detener a inmigrantes con prontuario criminal, quienes son considerados prioridad de deportación aunque hayan cumplido sus condenas.


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A finales de julio la Cámara de Representantes, con 241 votos a favor y 174 en contra, aprobó un  proyecto patrocinado por el congresista Duncan Hunter que, entre otras restricciones, recomendó retener los subsidios federales destinados a la policías y los servicios de inmigración en las ciudades que tomaron la decisión de no otorgar a sus agentes locales poderes extraordinarios para que ejerzan como oficiales  inmigración.


Hunter argumentó que las ciudades que decidieron “ignorar nuestras leyes, no solo está mal sino que es claramente peligroso”.


La postura republicana fue cuestionada por los demócratas. La líder de la minoría, Nancy Pelosi, dijo a Univision Noticias, tras la aprobación, que “los republicanos de la Cámara de Representantes aprovecharon otra oportunidad para demostrar su oposición a la comunidad inmigrante y Latina”.


El proyecto (H.R. 3009) contó con el apoyo del ala ultraconservadora del Partido Republicano. En resumen, exigía a las municipalidades hacer cumplir las leyes de inmigración en consonancia con la policía federal, y que los Estados acceso a los programas federales para identificar a extranjeros inadmisibles y deportables.


También obligaba a los Estados proporcionar al DHS información sobre extranjeros detenidos que se sospecha sean inadmisibles.


Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos Casa de Maryland, consideró que este tipo de medidas “se tratan de un ataque a nuestra comunidad. Se están aprovechando de un suceso tan triste como fue el asesinato en San Francisco de una persona por parte de un individuo que tenía un prontuario criminal y no debía estar libre”, dijo a Univision Noticias Gustavo Torres, director ejecutivo.


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El presidente Barack Obama dijo que este tipo de iniciativas “no ofrece reformas amplias y necesarias que se necesitan para corregir las leyes de inmigración que se encuentran rotas”, y advirtió que utilizaría su poder de veto si la aprobaba el Senado y la enviaban a su escritorio.


El esfuerzo republicano no avanzó en el Senado.

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