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El Supremo de EE.UU., testigo de la lucha por poder del voto hispano en Texas

El Supremo de EE.UU., testigo de la lucha por poder del voto hispano en Texas

En la batalla podrían ganar influencia los votantes rurales blancos y republicanos frente a los hispanos de zonas urbanas.

Voto hispano

El Tribunal Supremo de EE.UU. se convirtió este martes en testigo de la lucha por el poder del voto hispano en Texas durante una audiencia crucial para el mapa electoral de futuras elecciones, donde podrían ganar influencia los votantes rurales blancos y republicanos frente a los hispanos de zonas urbanas.

Los nueve jueces de la máxima instancia judicial del país escucharon hoy los argumentos de dos texanos, Sue Evenwel y Edward Pfenninger, que creen que la distribución del censo electoral para el Senado estatal es "extremadamente desigual" y, por ello, quieren que se revise el histórico principio de "una persona, un voto".

El Alto Tribunal definió esta idea en 1964, en plena lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y con el objetivo de evitar que las zonas rurales -tradicionalmente blancas- tuvieran más poder a la hora de elegir representantes que las ciudades, donde vivía en mayor proporción la minoría negra.

Durante la audiencia, los jueces del Supremo se mostraron divididos sobre la interpretación del principio de "una persona, un voto" y no dieron demasiadas pistas sobre qué responderán al caso, que trae a colación la pregunta: ¿quién debe votar? ¿todos los residentes de una zona o solo los que tienen derecho al voto?

"Es 'una persona un voto'", defendió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que consideró que la idea "parece formulada para proteger a los votantes".

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Frente a él, en una postura bien diferente, Sonia Sotomayor, la primera jueza latina del Supremo e incluida en el frente progresista, reconoció que en el caso hay "intereses sobre el voto", una declaración que fue leída por analistas como un reconocimiento de los intereses políticos que rodean al caso.

En su intervención, los demandantes defendieron que en el censo solo deben aparecer las personas con derecho a votar, es decir estadounidenses mayores de 18 años, y debe excluirse a los menores de edad, aquellos que no son ciudadanos estadounidenses y antiguos criminales, cuyo derecho al sufragio está restringido en muchos estados.

Frente a los texanos, en representación del Gobierno federal, se situó el abogado Ian H. Gershengorn, que defendió que el sistema actual para contabilizar a la población ha funcionado bien y, por tanto, debe incluirse en el censo a todos los habitantes de una zona, con independencia de si tienen derecho a votar.

"Todo el mundo debería estar representado sin excepción y la población total debería seguir siendo el punto de partida para delinear los distritos electorales en nuestros estados", defendió en un comunicado María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, organización que promueve el voto hispano.

De fallar a favor de los demandantes, en futuras elecciones, el Supremo daría más peso a zonas rurales y tradicionalmente republicanas frente a las concentraciones urbanas y demócratas, donde vive la mayor parte de la comunidad hispana indocumentada y que, a pesar de no tener residencia legal, figura en el censo.

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El caso ha cobrado especial importancia en EE.UU. porque la decisión del Tribunal Supremo se produciría en junio de 2016, a solo unos meses de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que precisamente el voto hispano puede jugar un papel crucial.

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