Por qué esta vez será más difícil para algunos hispanos votar

Un conjunto de normas restrictivas del voto aprobadas por estados donde los hispanos son una fuerza importante podría limitar el impacto de esta comunidad en las elecciones presidenciales de noviembre.

Se espera que la participación de latinos alcance una cifra récord en noviembre.
Se espera que la participación de latinos alcance una cifra récord en noviembre.
Imagen Getty

En esta campaña 2016 predomina el optimismo sobre el papel que tendrán los latinos en la votación de noviembre. Sin embargo, este impacto podría ser menor debido a un conjunto de normas restrictivas del voto aprobadas por estados donde los hispanos son una fuerza, según la Asociación Nacional de Funcionarios Nacionales Elegidos (NALEO).

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Más de 875,000 votantes latinos podrían tener dificultades para votar en 2016 debido a nuevas leyes restrictivas. Así lo dice un informe de NALEO lanzado el miércoles en Washington D.C, a menos de seis meses de las elecciones presidenciales.

Desde 2012, 19 estados con más de ocho millones de votantes hispanos crearon barreras a la participación electoral: Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, New Jersey, Nuevo Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wisconsin, siendo Texas el estado con el mayor número de posibles afectados.

Entre las barreras legislativas de las que advierte NALEO se incluyen restricciones al registro de votantes, mayores requisitos de identificación, reducción del periodo de votación temprana y restricciones en el voto por correo. Los defensores de estas leyes argumentan que son una manera de impedir el fraude y que aumentan la confianza en el proceso electoral.

El informe revela que los estados con mayor crecimiento de población latina son los más propicios a implementar cambios perjudiciales a su participación. De los nueve estados que vieron incrementada su población latina entre 2000 y 2010, seis han implementado nuevas provisiones en los últimos cuatro años: Alabama, Arkansas, Kentucky y Mississippi, North Carolina y Tennessee.

Prácticas discriminatorias

Además de las nuevas leyes, también existen prácticas administrativas discriminatorias que se han estado sintiendo durante las primarias y que, según expertos de NALEO, podrían empeorar de aquí a noviembre.

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Una de las irregularidades más notables fue la reducción en el número de centros de votación en Arizona, lo cual resultó en filas de varias horas y acusaciones de privación al derecho al voto. Los efectos de esta decisión se sintieron en particular en el condado de Maricopa, con una alta población afroamericana y latina. Por ello, el partido Demócrata y las campañas de Bernie Sanders y Hillary Clinton respectivamente han puesto una demanda contra el estado de Arizona, gobernada por el republicano Doug Ducey.

Las campañas demócratas demandaron por supuesta restricción del voto a Arizona, gobernado por Doug Ducey
Las campañas demócratas demandaron por supuesta restricción del voto a Arizona, gobernado por Doug Ducey
Imagen Getty


En Maricopa, el más grande de Arizona con 1.25 millones de votantes, las autoridades solo abilitaron 60 centros de votación, mientras que el condado vecino de Pima, con 4 veces menos votantes, tenían 130 centros. De hecho el número de centros en Maricopa County se redujo en un 85% desde las elecciones de 2008 cuando tenían 400 centros de votación.

Las autoridades locales dijeron en un primer tiempo que se esperaban muchos votos por correo. También culparon la llegada de numerosos votantes independientes pidiendo papeletas provisionales para votar en una primaria limitada al voto de ciudadanos ya registrados ante los partidos republicanos, demócrata o verde.

Más tarde, Helen Purcell, la representante encargada de gestionar las elecciones en ese condado, asumió su responsabilidad ante la prensa, pero insistió en que no anticipaban que participara tanta gente. “Claramente nos equivocamos. Y eso es mi culpa”, dijo.

Decisión de la Corte Suprema

Muchas de estas nuevas leyes y prácticas han surgido en estados y condados republicanos que anteriormente eran sujetos a un monitoreo contra la discriminación bajo la Ley sobre el Derecho al Voto o Voting Rights Act.

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Esta ley, firmada en 1965 por el presidente Lyndon Johnson (1963-1969) buscaba superar barreras legales para el voto afroamericano. Una extensión de esa ley en 1975 bajo el presidente Gerald Ford (1974-1977) protegió además a las “minorías por idioma” lo que incluye a latinos, asiáticos y poblaciones nativas.

Pero a raíz de la decisión del 2013 de la Corte Suprema en el caso Shelby v. Holder que elimina una de las cláusulas clave, “por primera vez en 50 años, los votantes latinos enfrentan la posibilidad de tener que votar sin la plena protección del Voting Rights Act”, denunció la congresista demócrata por California, Lucille Roybal-Allard.

El núcleo de esta ley impedía a los estados y localidades con una historia de discriminación que implementaran cambios sin la aprobación previa del Departamento de Justicia.

Poder del voto hispano

Según estimaciones de NALEO, se espera que una cifra récord de al menos 13.1 millones votantes latinos acudan a las urnas en el 2016.

“Si existen leyes para impedir el voto es porque el voto se está sintiendo, porque tenemos un impacto. Muchos temen la influencia de los latinos, por eso estamos viendo esfuerzos para limitar el voto latino”, le dijo a Univisión Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO.

Buena práctica

Una manera de fomentar el voto en California, con 7 millones de potenciales votantes no registrados, ha sido permitir el registro electoral online desde 2012.

Así según Alex Padilla, Secretario de Estado por California, en los primeros 4 meses de este año, más de 900,000 personas se han registrado o actualizado sus datos electorales en línea. “El acceso electrónico ha tenido un impacto enorme y eso valdrá tanto para las primarias de junio como para noviembre”, dijo este funcionario público.

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California también ha implementado el “registro automático”, que consiste en registrar por defecto a cualquier ciudadano que solicite o actualice su licencia de conducir, a menos que pida lo contrario. Así el estado espera captar a un 90% de los votantes potenciales todavía sin registrar.

Padilla ve lo conseguido por California y otros estados como Oregon y Vermont como una buena práctica que podrían seguir otros estados.

Mientras tanto, NALEO pide que el Congreso modernice urgentemente el Voting Rights Act para proteger el voto hispano de leyes y políticas discriminatorias. Hasta entonces, la organización está alentando el monitoreo de los centros de votación por parte del Departamento de Justicia en los estados donde los latinos podrían ver impedido su voto.

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