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Damos total acceso a la base de datos que con el fin de evaluar el rendimiento de la Defensa Pública para que sea revisada por nuestros lectores y, de ser necesario, nos ponga en conocimiento de imprecisiones y errores.

Sobre nuestra base de datos

Sobre nuestra base de datos

Nuestro objetivo es llenar un vacío informativo que una institución como la Defensa Pública de ese país, con un presupuesto anual de $56 millones, no ha querido llenar.

Damos total acceso a la base de datos que con el fin de evaluar el rendi...
Damos total acceso a la base de datos que con el fin de evaluar el rendimiento de la Defensa Pública para que sea revisada por nuestros lectores y, de ser necesario, nos ponga en conocimiento de imprecisiones y errores.

Ante un sistemático desinterés de la Defensa Pública de Costa Rica por comparar el rendimiento de sus abogados –encargados de defender judicialmente a los pobres– con el de los defensores privados, un grupo de periodistas y abogados construimos en cuatro años, voluntariamente, la base de datos a partir de sentencias judiciales sobre la que se realiza este análisis.

Nuestro objetivo es llenar un vacío informativo que una institución como la Defensa Pública de ese país, con un presupuesto anual de $56 millones, no ha querido llenar.

Esta base de datos es la primera en su tipo y es el mayor esfuerzo que se ha hecho en Costa Rica para comparar el rendimiento de un abogado público y privado. Después de sucesivas depuraciones, los resultados de los análisis y otras pruebas aplicadas (detalladas más abajo) no variaron las tendencias centrales obtenidas, por lo que se mantiene como una fuente de información válida.

Por ahora, es posible que se encuentren algunas inconsistencias porque, en primer lugar, la fuente original de toda la información, las sentencias judiciales, muestra ciertas imprecisiones. En segundo lugar, porque pese a los controles aplicados, ninguna base de datos de este tamaño está libre de errores derivados del trabajo humano (se trata de 8,000 sentencias en las que se procesaron 11,000 delitos). Y en tercer lugar porque no existen suficientes datos oficiales, que permitan hacer control cruzado de algunas variables.

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Partiendo de que nuestro trabajo es perfectible, damos total acceso a la base de datos que construimos para que sea revisada por nuestros lectores y, de ser necesario, nos alerten de imprecisiones o errores que hayamos pasado por alto.

Nos comprometemos a considerar todas las correcciones y a evaluar si estas modifican el resultado de nuestro análisis. Creemos que, como sucede cuando se utiliza correctamente el método científico, con nueva información podemos conseguir nuevas y mejores conclusiones.

Acá puede descargar nuestra base de datos: base de datos utilizada en el modelo estadístico.

Acá puede descargar el código utilizado para construir el modelo estadístico: Github Univision.

Las correcciones y comentarios pueden ser enviados a este correo electrónico:

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afernandezsanabria@univision.net

Transparencia y apertura

Hemos decidido publicar nuestro estudio, a sabiendas de que tal base de datos es perfectible, por tres razones:


  1. No tenemos indicios de que los posibles errores existentes sean masivos e impliquen que los resultados centrales del modelo cambien drásticamente.
  2. Por encima del sistemático desinterés mostrado por la Defensa Pública costarricense por generar estadísticas que posibiliten evaluar el rendimiento de sus abogados y compararlo con el de quienes defienden a lo más adinerados, y de la incapacidad del Poder Judicial para redactar sentencias con información completa y precisa, está la necesidad de que los ciudadanos conozcan y discutan sobre un tema de tal relevancia. La desidia en la gestión institucional es tan peligrosa que no solo tiene la capacidad de impedir que los poderes públicos se auto evalúen ante la falta de indicadores estadísticos básicos, sino que, a su vez, esa displicencia puede ser utilizada por esos mismos poderes para su propio favor, con el fin de entorpecer los esfuerzos privados y voluntarios por fiscalizar con buena fe el trabajo estatal, como lo procura Univision Noticias en esta investigación.
  3. El periodismo debe aspirar a un altísimo grado de certeza de lo que publica, y es este caso no es la excepción. Pero, nuestro estudio utiliza métodos de investigación social, y en las ciencias sociales suele ser imposible llegar a niveles de certeza absoluta. Más aún cuando se abordan problemas de investigación de tal complejidad. Muchas veces la generación de conocimiento y debate público en un área comienzan con llegar a conclusiones a partir de lo mejor disponible en un momento concreto.

Detalles sobre el proceso de depuración

Esta base de datos es un esfuerzo de cuatro años. En la última etapa, con el apoyo del Programa Estado de la Nación, se logró concluir la depuración de la base utilizando datos de los expedientes en formato digital que tiene el Poder Judicial.

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En esta fase de depuración se identificaron varios riesgos sobre la consistencia de la base de datos:


  1. La falta de estandarización de los datos que se incluyen en las sentencias producían muchísimas celdas vacías. Una de las variables ausentes en algunas sentencias es el tipo de defensor. Es un dato que, por más importante que resulta, no se acostumbra a registrar en el Poder Judicial.
  2. Las sentencias electrónicas que constituyen la fuente primaria de los datos, han mostrado tener, en algunas ocasiones, información incorrecta.
  3. Construir una base de datos tan extensa, durante un largo período y con un grupo de personas trabajando simultáneamente, origina errores de digitación humanos.

Para minimizar estos riesgos, el equipo recurrió en el último año, cuando era posible, a realizar una serie de controles cruzados, tanto con fuentes internas como externas al Poder Judicial. La depuración se concentró en tratar de completar las filas que sí tenían la variable "tipo de resolución" y "tipo de proceso".

Algunos de estos controles aplicados son:


  1. Se cotejó la clasificación con una lista de defensores públicos.
  2. Se indagó en el Colegio de Abogados el status del abogado.
  3. Se solicitó una base de datos (reporte) generado por el sistema oficial de estadísticas del Poder Judicial, SIGMA, para ese despacho, contra el cual se verificaron algunas sentencias para completar información. Aunque la utilidad es limitada porque también este sistema tiene vacíos y solo está disponible para años recientes, no para toda la década analizada.
  4. Habría sido posible recuperar aún más información consultando los expedientes físicos que se mantienen archivados en el tribunal bajo estudio, pero el acceso a ellos fue denegado, con fundamento en una resolución del Consejo Superior (sesión 76-16, del 11 de agosto del 2016, utilizada como argumento por el juez coordinador de ese Tribunal)
  5. En los casos de duda, en el que el defensor aparecía clasificado como público y privado (tenía ambas situaciones en los diez años analizados), este dato se cotejó llamando por teléfono a muchos de ellos, se revisaron sentencias de otros despachos, en especial de la Sala Tercera para corroborar su condición en fechas cercanas a las que había intervenido en el Tribunal Penal de Goicochea y se realizaron búsquedas en Internet. Como resultado se corrigieron errores en donde la sentencia no coincidía con la base de datos, o la sentencia contenía datos incorrectos (220 casos corregidos, que representan poco más del 3% de la base de datos).
  6. En los casos donde la duda persistió y no se ubicó al abogado en ninguna otra fuente, se optó por eliminar el delito. Después de estas depuraciones la base utilizada para el modelo incluyó 6,584 delitos.
  7. Los modelos de análisis se calcularon antes y después de las depuraciones, manteniéndose las tendencias generales de la investigación en ambos casos. Incluso, el equipo estadístico del Programa Estado de la Nación realizó un estudio de 100 rutinas en las que simuló la eliminación de aproximadamente unos 680 casos (no los tomó en cuenta), y las tendencias centrales del modelo se mantuvieron.
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