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Ayotzinapa: faltaba lo peor

Ayotzinapa: faltaba lo peor

La violencia y el poder narcoparamilitar sirvieron de base para infiltrar instituciones públicas y privadas

Por Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán*

En 2010 escribimos para la revista Poder de México un extenso artículo titulado “Narco: Falta lo peor”, en el que discutimos la hipótesis de la “Colombianización” de México. En ese momento, en México se mencionaba el riesgo de alcanzar una crisis de violencia similar a la que vivió Colombia cuando Pablo Escobar dirigía el Cartel de Medellín y detonaba bombas explosivas en centros comerciales. También se interpretaba la muerte de Escobar y el colapso del Cartel de Medellín como historias de éxito en la lucha contra el narcotráfico. Entonces quisimos proponer que la violencia de Pablo Escobar era una etapa en un largo proceso de sofisticación criminal que había enfrentado Colombia; por cierto, un proceso que no se detuvo con la captura de capos.

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El mito de que Colombia ganó la guerra al narcotráfico con la muerte de Escobar, llevó a algunos a pensar que lo mismo sucedería en México. Se suponía, entonces, que la captura de algún capo clave representaría un decisivo avance hacia el final del narcotráfico en México. Costoso error que condujo a concentrar toda la estrategia de seguridad pública en capturar capos renombrados, simplificando la complejidad de la estructura y la operación de las redes criminales y omitiendo la importancia de sus decisivas e íntimas relaciones con grupos destacados de la política, las finanzas y la institucionalidad, tanto pública como privada. Esta simplificación ha servido a los gobiernos en América Latina para sobrevalorar sus éxitos.

Sí faltaba lo peor, incluso en Colombia

Las masacres ejecutadas por Los Zetas en Tamaulipas durante 2010 y 2011, la guerra entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios durante el primer semestre de 2014 en Michoacán, los últimos acontecimientos en Iguala y Tlatlaya, y otras muchas situaciones de violencia y deterioro institucional, han demostrado que, en efecto, en México faltaba lo peor; no porque México hubiese alcanzado el deterioro de Colombia, sino porque las situaciones en México y Colombia han sido más graves de lo que comúnmente se cree.

En Colombia, por ejemplo, no se ha ganado la guerra contra el narco, y luego de Pablo Escobar faltaba lo peor. Hay incontables capturas de capos y operaciones exitosas, pero la muerte de Pablo Escobar sólo fue una transición determinante de un extenso proceso criminal, cruel y sofisticado, que aún hoy continúa. Tras el colapso del Cártel de Medellín, el Cártel de Cali y el Cártel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "expresión del narcoparamilitarismo" y la guerrilla de las FARC asumieron el liderazgo del narcotráfico.

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Las AUC surgieron en regiones tradicionalmente castigadas por grupos guerrilleros; por lo tanto, nacieron bajo la justificación de combatirlos, contando con el apoyo financiero de algunos ganaderos, latifundistas y empresarios, así como narcotraficantes interesados en consolidar corredores estratégicos para el trasiego de drogas ilícitas e insumos químicos.

Además, las AUC usaron sus cuantiosos recursos económicos para desplegar poderosos ejércitos en buena parte del país, “limpiar” territorios de la presencia de las guerrillas y victimizar sistemática y masivamente amplios grupos campesinos mediante masacres y desplazamiento forzado. Como resultado, las víctimas abandonaron o fueron despojadas de tierras y propiedades rurales: 34% de los cinco y medio millones de desplazados de manera forzada y de 7,5 millones de hectáreas abandonadas y despojadas en los últimos 25 años, fueron causados por la cruel máquina narcoparamilitar.

El ejercicio de la violencia y el poder narcoparamilitar en el territorio sirvieron de base para infiltrar instituciones públicas y privadas y establecer acuerdos con sus miembros estratégicos, mientras apoyaba campañas y movimientos políticos en elecciones locales y regionales. Así, las AUC consolidaron poder de facto, político y militar, en municipios y departamentos, manejaron la seguridad local y el presupuesto de esas entidades, establecieron y firmaron pactos con empresarios, alcaldes, gobernadores, congresistas y candidatos, operaron junto al director de la agencia de inteligencia del Estado Colombiano y luego hicieron elegir a cerca del 40 por ciento del congreso nacional durante la legislatura 2002-2006.

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Es tentador suponer que en esta situación, líderes políticos y funcionarios públicos eran siempre las víctimas del ya conocido “plata o plomo”; sin embargo, muchas veces fueron esos líderes y funcionarios quienes buscaron a los criminales para ganar elecciones o eliminar rivales, estableciendo una relación ilegal más permanente y durable. Más que con “plata o plomo”, se consolidó un sector criminal con poder político y económico.

Hoy, en Colombia, los herederos de los antiguos carteles y de los grupos de autodefensa dominan el narcotráfico, en medio de terribles actos de violencia. Las “casas de pique” donde los cadáveres “desaparecen”, son comunes en zonas con intensa actividad de narcotráfico y otros negocios ilegales como el tráfico de armas y la minería criminal. Incluso si las FARC firmaran un acuerdo de paz con el Estado Colombiano, seguramente algunos de sus herederos continuarían el legado de narcotráfico, minería criminal, extorsión y violencia.

En Colombia el proceso criminal continúa, ya no a manos de grandes carteles o ejércitos narcoparamilitares con jerarquías relativamente rígidas, sino a manos de “bandas” con estructuras inestables y de tipo horizontal, surgidas de una combinación entre deterioro, captura y cooptación institucional. Esto, sumado a la capacidad para ejercer violencia y poder local, heredada desde hace ya dos décadas.

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“Águilas negras”, “Rastrojos”, “Urabeños” y “La Empresa”, son algunos nombres que han aparecido en la lista de “nuevos carteles” colombianos en la última década, flexibles y con capacidad para operar localmente en la ciudad y en el campo. Lo mismo se vive hoy en México con “Guerreros Unidos” y similares, que sin extenso o sofisticado entrenamiento militar, ejercen violencia masiva a partir de la barbarie.

No son carteles de narcotráfico

Las nuevas generaciones de cárteles en realidad no son cárteles sino redes cambiantes que interactúan estrechamente con la política, la economía y la administración pública local, y se nutren de dinámicas sociales perversas que han surgido en medio de la corrupción, la pobreza y la desigualdad social. Constituyen la dimensión del ejercicio del poder local, logrado por las mismas redes de crimen transnacional que operan a través del Hemisferio Occidental. Y ese poder local les permite también aspirar al poder estatal y federal.

No obstante, en México, se sigue hablando de “cárteles del narcotráfico”, incluso para referirse a las expresiones locales del crimen. Y esta cuestión, que parece teórica o de lenguaje, conduce a graves errores de política pública, con consecuencias nefastas en términos de vidas humanas.

Hablar de cárteles de narcotráfico conduce a suponer, ingenuamente, que hay un capo cuya captura produce el colapso de la estructura criminal, que las actuales organizaciones criminales sólo participan en narcotráfico y que es suficiente concentrar la atención en los agentes estrictamente criminales.

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Estas suposiciones llevan a errores graves. Primero, se concentra casi toda la política de seguridad en capturar capos. Segundo, se omite la importancia de actividades criminales que reportan ganancias y que ilustran el poder operativo de las redes criminales (secuestro, extorsión, y tráfico de personas, minerales e hidrocarburos). Tercero, se omite la importancia de las complejas estructuras institucionales, financieras y políticas que permiten el flujo de recursos entre sectores legales e ilegales.

Estructuras políticas y económicas del crimen

En las estructuras económicas de las redes criminales participan empresarios, banqueros, prestanombres y expertos en operaciones cambiarias que usualmente no aparecen en investigaciones ni condenas. Lo mismo sucede con las estructuras políticas: funcionarios públicos y líderes políticos que establecen acuerdos con agentes de la red criminal para que los recursos del Estado, la seguridad y las decisiones de administración pública sirvan para obtener contratos públicos a favor de empresas aparentemente legales, traficar y realizar otras actividades ilegales, proteger capos y neutralizar rivales políticos.

Sólo en contados casos los medios de comunicación y la opinión pública llaman la atención sobre la complejidad de las redes criminales: Asesinatos masivos de migrantes indocumentados, cientos de miles de toneladas de material ferroso traficados por Los Caballeros Templarios en los puertos de Michoacán, infiltración institucional masiva evidenciada con el Michoacanazo, o lo recientemente sucedido en Iguala y Tlatlaya, ponen en evidencia las estructuras institucionales (económicas y políticas) del crimen organizado. Sin embargo, esta atención no se traduce en nueva jurisprudencia, mecanismos novedosos para investigar la macro-criminalidad, o sanciones a los agentes criminales que operan desde la “legalidad”.

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Esto, que parece una cuestión teórica, también tiene graves implicaciones prácticas: será muy difícil juzgar y sancionar a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por delitos de desaparición forzada, y tampoco se entenderá su rol en la estructura criminal y de violencia que opera en Guerrero.

Macro-criminalidad

Sin la correcta jurisprudencia sobre delitos como la desaparición forzada o “concierto para delinquir” y sin adecuados métodos de análisis sobre el accionar de las redes criminales como un sistema complejo, las investigaciones de lo sucedido en Iguala se conducirán como homicidios tradicionales, sólo en el remoto caso de que la PGR declare y certifique el asesinato de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos. Mientras tanto, estas víctimas seguirán desaparecidas y sus casos en un limbo procesal, sin que se entienda la operación de una estructura macro-criminal compleja, con participación masiva de funcionarios públicos y políticos.

Lamentablemente, la atención seguirá concentrada en capturar capos o agentes estrictamente criminales, mientras los recursos económicos y políticos fluyen sin parar, nutriendo redes de crimen local que consolidan su poder en el territorio. Como resultado, se seguirán fortaleciendo ambas dimensiones del crimen: la transnacional, de redes complejas que atraviesan el hemisferio occidental, y alcanzan África Occidental, Europa y China; y la local, de redes que interactúan estrechamente con la institucionalidad y la política, ejercen violencia, y se infiltran en la administración pública.

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Sólo cuando la real complejidad de las redes criminales se reconozca, se entenderá que en México el problema no es exclusivamente de cárteles de narcotráfico, sino de redes de crimen transnacional que se consolidan localmente mediante violencia, institucionalidad y política, destruyendo la sociedad y la democracia a su paso.

*Autores del libro “Noarcotráfico, corrupción y Estados: Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México“.

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