Como medida de protesta, cerraron todas las entradas a la sede central de la Procuraduría General de la República en México para reclamar por la falta de avances en las investigaciones a más de dos años de lo sucedido. Además, de acuerdo con un diario de circulación nacional, hay pruebas de que la mayoría de los detenidos por este caso habrían sido torturados y existiría la posibilidad de que queden en libertad.