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Tribunal mexicano protege al Chapo Guzmán de ser abatido

Tribunal mexicano protege al Chapo Guzmán de ser abatido

Si el gobierno mexicano encontrara al líder del cártel de Sinaloa, no lo podrá abatir, torturar, extraditar ni condenar a pena de muerte.

‘El Chapo’ no podría ser extraditado ni abatido de ser capturado Univision

Por Peniley Ramírez @penileyramirez / Univision Investiga

Si el gobierno mexicano encontrara a Joaquín "El Chapo" Guzmán, no lo podrá abatir, torturar, extraditar ni condenar a pena de muerte. Estas prohibiciones están contenidas en una determinación judicial que firmaron tres magistrados mexicanos a principios de agosto, de la cual Univision Investiga obtuvo una copia.

El documento, hasta ahora desconocido, concede al líder del cártel de Sinaloa una "suspensión de oficio y de plano"; esto es, una serie de garantías judiciales sobre sus derechos humanos.

La decisión confirma una primera suspensión, conseguida por el abogado de Guzmán, Juan Pablo Badillo, el 29 de julio, contra la posibilidad de que su cliente fuera extraditado a Estados Unidos.

Aquel documento había sido firmado por el secretario de un juzgado en la Ciudad de México, ya que la jueza titular se encontraba de vacaciones de verano.

Esta nueva resolución toma un cariz aún más serio. Se aprobó por unanimidad de votos de tres magistrados, quienes ordenaron al juzgado archivar la petición de Guzmán como "asunto concluido".

" Si lo encuentran es obvio que lo podrían detener, pero es muy diferente a que lo pudieran abatir", dice Badillo, abogado de Guzmán desde 1993, encargado actualmente de sus juicios de amparo.

Explica que las garantías judiciales aprobadas por el tribunal dejan al gobierno mexicano, en caso de localizar a Guzmán, con la única opción de llevarlo de vuelta a un penal de máxima seguridad, de los que ya se ha fugado en dos ocasiones.

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Badillo contó en una entrevista previa con Univision Investiga que se había reencontrado con su cliente en noviembre pasado, cuando el líder del cártel de Sinaloa llevaba ocho meses recapturado, luego de haber estado prófugo durante 13 años.

A las preocupaciones sobre la posible extradición a Estados Unidos que manifestó en ese momento, ahora se suma como mayor dolor de cabeza un posible "abatimiento", término común en los comunicados de gobierno en México para divulgar cuando un objetivo es asesinado por las fuerzas policíacas.

Recompensa, la puerta a la justicia

Dos días después del escape del Chapo por un túnel que atravesó el subsuelo de todo el penal y llegó exactamente hasta su celda, el gobierno mexicano ofreció 3.8 millones de dólares (60 millones de pesos) de recompensa por cualquier información que ayudara a la recaptura.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) también puso a disposición del público otros cinco millones de dólares por obtener información. Incluso habilitó un correo electrónico para recibir "chapotips" y un teléfono sin cargos de larga distancia para recibir llamadas de posibles informantes desde México, Centro y Sudamérica.

A estas dos campañas se sumó la noticia, difundida desde la prensa colombiana, de que militares de ese país que habían participado en 1993 en la ejecución del líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, se estaban sumando a la búsqueda de Guzmán, en cooperación con el gobierno mexicano.

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Estos tres hechos públicos fueron la base para que el abogado Badillo solicitara a la justicia mexicana proteger a su cliente. En entrevista, el litigante opinó que se trataba de una "cacería infame" protagonizada por "algunos militares extranjeros o americanos (…) motivados, por supuesto, por un incentivo de cinco millones de dólares de recompensa, sobre la cabeza del señor Guzmán".

En la petición de la suspensión Badillo argumentó que si es extraditado, Guzmán sería sometido a una "infamante tortura" para que "se declare culpable de la comisión de ilícitos que ellos dicen cometidos en su país".

El agente del ministerio público escribió a los magistrados que no debían dar ninguna protección judicial a Guzmán, ya que se encuentra prófugo. Estos consideraron que el estatus actual del líder del cártel de Sinaloa no era el motivo por el que le habían otorgado la suspensión, sino una mera circunstancia.

Más aún, le reclamaron al ministerio público que no había explicado suficientemente por qué la condición de prófugo debía ser motivo para negarle la justicia.

La determinación del tribunal, por más polémica que pueda resultar, tiene un fundamento en la Constitución, opina el experto en seguridad Max Morales.

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" El hecho de que una persona se haya evadido de un penal no significa que por el solo hecho de estar en libertad haya perdido sus garantías, sus derechos esenciales como persona", explica.

La evasión le impide tener derechos políticos, como votar o ser votado, pero no sus derechos humanos, como el "temor fundado" a que lo asesinen.

Morales considera que, en el caso específico de Guzmán, esta aprensión tiene sentido: en diciembre de 2004 su hermano, Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, fue asesinado en el área de locutorios del mismo penal del Altiplano.

"El temor fundado que él tenía, a través de los escritos que ha presentado, tiene un peso jurídico que también se debe respetar", abunda. "Todavía no ha sido oído ni vencido en juicio, no significa que por haberse escapado lo tengan que matar".

Resultados nulos

La búsqueda del reo ha sido hasta ahora infructuosa, mientras la investigación oficial sobre los cómplices de la evasión parece empantanarse.

En la semana siguiente a la fuga, la secretaría de Gobernación separó de sus cargos al titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Pequeño García; a Celina Oseguera, coordinadora general de Centros Federales y a Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado de Prevención y Readaptación Social.

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La regla para los servidores públicos en México es que cuando un funcionario es cesado, renuncia o cambia de puesto, debe dar por terminada su labor en un aviso de declaración patrimonial.

Sin embargo, en el caso de estos funcionarios, los únicos de alto nivel que se han visto afectados por el episodio de la fuga, una búsqueda en sus declaraciones patrimoniales hecha por Univision Investiga un mes después de este anuncio, mostró que solo Hernández Mora presentó un aviso de "conclusión" en el portal donde los servidores públicos colocan sus declaraciones patrimoniales. Los otros dos funcionarios mantienen sus declaraciones vigentes con los puestos que tenían antes de la fuga.

De los siete detenidos inicialmente por la evasión, solo continúan en la cárcel dos custodios y el encargado del centro de control de cámaras del penal.

Ningún funcionario de alto nivel ha sido apresado por el caso, mientras Guzmán, dondequiera que se encuentre, sigue ganando batallas legales.

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