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Los indocumentados deportados podrían sufrir severas penas si la Asamblea de Florida aprueba una dura propuesta republicana.

Propuesta de ley castigaría con hasta 30 años de cárcel el regreso de deportados

Propuesta de ley castigaría con hasta 30 años de cárcel el regreso de deportados

Un congresista republicano de Florida propone severos castigos a indocumentados que vuelven al país tras ser deportados

Los indocumentados deportados podrían sufrir severas penas si la Asamble...
Los indocumentados deportados podrían sufrir severas penas si la Asamblea de Florida aprueba una dura propuesta republicana.

Por Jorge Cancino - @cancino_jorge

Una iniciativa de ley propuesta por un congresista estatal republicano de Florida tiene a muchos con los pelos de punta. “Esto está duro. Si mi esposo viene de nuevo para estar con sus hijos, entonces lo van a meter a una cárcel por 20 o 30 años. Eso no está bien”, dijo a Univision Noticias María, una inmigrante de origen guatemalteco que vive en el sur de Florida y cuyo nombre no es María. Pidió mantenerlo en reserva por miedo a ser deportada.


Los temores surgieron tras la presentación de la iniciativa de ley HB 9 del congresista republicano Carlos Trujillo, quien propone convertir en una felonía grave el regreso no autorizado de inmigrantes deportados, y de aquellos con orden de deportación final y cuyos casos judiciales no estén pendientes trámite.

La propuesta también se encuentra en el Senado estatal.

Crece la polémica

“No estamos de acuerdo con este tipo de propuestas”, dijo a Univision Noticias Jonathan Fried, director ejecutivo de We Count en Homestead, una ciudad agrícola al sur de Miami. “Esto forma parte de un pensamiento que ha interrumpido en la política de Estados Unidos, en particular del Partido Republicano. Están usando a los inmigrantes como chivos expiatorios”.

Fried dijo que de conseguir que el regreso indocumentado de inmigrantes deportados se convierta en un delito grave (felonía), bajo la ley del estado de Florida esto tiene una pena de cárcel de hasta 30 años y una multa de $10 mil dólares. Sería un castigo inapropiado”.

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El activista dijo además que en vez de este tipo de iniciativas, la Asamblea estatal debería dedicar tiempo para “aliviar, por ejemplo, las licencias de manejar para los inmigrantes sin importar su estatus”.

“Pensamos que eso no va a pasar en este momento”, dijo. Y agregó que el efecto Trump (el candidato que irrumpió en la contienda republicana con un discurso antiinmigrante y se encuentra en el primer lugar de las encuestas) pesa en el resto del partido que ahora está más preocupado en a pelar al voto de las personas que tienen ese tipo de opiniones pero que son minoría”.

“No se trata de algo personal sino de una estrategia”, agregó.

Protegido por DAPA

El esposo de María llevaba más de 20 años como indocumentado en Estados Unidos. “ Lo agarraron en agosto del año pasado porque tenía una orden de deportación final. Él no se presentó a la corte por miedo a que lo arrestaran y se lo llevaran. Por eso lo vinieron a buscar”, dijo ella.

“Hace tres meses quiso volver. Nos gastamos $9 mil dólares pero lo detuvieron y lo mandaron de vuelta para Guatemala. Ahora está planeando otra vez intentarlo para estar con sus hijas, de ocho y cuatro años, y la bebé de nueve meses”, dijo María. “ Mi esposo califica para DAPA”.

DAPA es un beneficio incluido en la Acción Ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre de 2014 y que frena las deportaciones de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes, y jóvenes protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su siga en inglés) y que se conocen como dreamers.

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El beneficio se encuentra detenido por los tribunales de justicia tras una demanda interpuesta por 26 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos.

Medida "sorprendente"

“Qué cosa”, dijo Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Americana de Miami al enterarse de la propuesta de Trujillo. “Sorprendente que esto pase y que sea un hispano el que lo pide. Pero a veces no debemos de sorprendernos que los peores daños que se hacen a la comunidad muchas veces vienen impulsados por latinos. Eso es frustrante”.

“El discurso antiinmigrante de los republicanos nos está llevando esto. Es como un plan a seguir, todos en la misma dirección. La frustración mayor es cuando este tipo de legislaciones viene de gente con las mismas raíces nuestras. Es una especie de deseo de hacer lo que sea para arruinar la vida de los que vienen después de uno”, agregó.

“La solución a todo esto pasa por una reforma migratoria en el Congreso federal, pero por ahora no hay nada claro”, dijo la activista.

Sin comentarios

El Comité Nacional Republicano (RNC) no opinó sobre el tema argumentando que la iniciativa de Trujillo se trata de un legislación local. “La prioridad del Comité es tratar la política nacional y no la política estatal”, dijo Ruth Guerra, directora de medios hispanos del NRC.

“No podemos estar reaccionando a cada propuesta estatal. Nos enfocamos más en 2016. Creo que todo es importante, todas las iniciativas son importantes, pero la atención está puesta en los temas nacionales”, reiteró.

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Acusan golpe 

Para el abogado Joe García, un cubano americano residente en Miami y ex representante demócrata por el estado de Florida en el Congreso Federal, el plan de Trujillo “traiciona a nuestra propia cultura” y “criminaliza una estadía (la indocumentada” que por ahora sigue siendo una falta de carácter civil”.

“Trujillo vuelve criminales a gente que está a su alrededor, come alimentos cosechados por gente que no tiene papeles, cualquiera de su familia también toca a diario con indocumentados, se cortan el pelo con ellos, los atienden en las tiendas de nuestras ciudades”, dijo.

“No debemos olvidarnos de nuestra comunidad, ellos no tienen que ser criminalizados”, apuntó.

Toman nota

El Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU) dijo que “tomó nota” de la iniciativa HB 9 del representante Trujillo y del proyecto SB 118 entregado en el Senado.

Julio Calderón, un miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) dijo que era menor de edad cuando él y su familia recibieron una orden de deportación final. "No teníamos un abogado. Mi padre envió una carta al juez pidiendo una nueva cita en la corte pero no la aceptaron”.

De aprobarse la iniciativa de Trujillo, la familia Calderón podría enfrentar penas de cárcel de hasta 30 años.

María dice que “ no es justo que castiguen a inmigrantes que no tenemos antecedentes. Mi esposo no tiene delitos. A él lo deportaron porque tenía orden de deportación pero no tenía faltas con la justicia. Ahora solo quiere volver para estar con sus hijas que son americanas. No deberían meterlo tantos años en la cárcel solo por regresar para estar junto a su familia”.

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Univision Noticias trató de hablar con el congresista Trujillo pero al cierre de esta nota fue imposible conocer su opinión respecto a su propuesta de ley.

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