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La Corte Suprema de Justicia de EEUU rechazó discutir dos ordenanzas municipales antiinmigrantes.

La Corte Suprema rechazó revisar ordenanzas antiinmigrantes de Hazleton y Farmers Branch

La Corte Suprema rechazó revisar ordenanzas antiinmigrantes de Hazleton y Farmers Branch

La Corte Suprema puso fin a un largo debate jurídico sobre dos ordenanzas municipales antiinmigrantes.

La Corte Suprema de Justicia de EEUU rechazó discutir dos ordenanzas mun...
La Corte Suprema de Justicia de EEUU rechazó discutir dos ordenanzas municipales antiinmigrantes.

Inmigrantes indocumentados se anotan una importante batalla jurídica

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos puso fin a un largo debate jurídico sobre dos ordenanzas municipales, una en Pensilvania y otra en Texas, que prohibían a los indocumentados alquilar viviendas y amenazaba sus permanencias en el país, un acto que sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.

La Corte declinó el lunes escuchar las apelaciones que pretendían presentar ambas municipalidades, luego que cortes federales tenían bloqueadas temporalmente las iniciativas.

El máximo tribunal de justicia sostiene desde 2012 que los asuntos de inmigración son competencia federal y no un asunto que deba ser manejado por los gobiernos locales.

Las municipalidades de Hazleton, en Pensilvania, y Farmers Branch, en Texas, habían solicitado a la Corte Suprema que revisara las medidas.

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Las ordenanzas surgieron en mitad de un clina antiinmigrante que se desató en el país en junio de 2006, cuando el entonces liderazgo republicano del Congreso canceló un Comité de Conferencia que armonizaba una reforma migratoria.

“Creo que las cosas son muy diferentes ahora de cuando comenzamos este caso. Las ciudades ya no desean tomar el camino de Hazleton", dijo el abogado Omar Jadwat, del Proyecto Derechos de Inmigración de la ACLU, la Asociación Estadounidense por los Derechos Civiles, que alegó el caso exitosamente en un tribunal federal de apelaciones y que fue citado por The Associated Press.

"Lo que vemos es que muchas más ciudades y estados buscan formas de integrar los inmigrantes a sus comunidades... no excluirlos o convertirlos en delincuentes", afirmó.

De qué se tratan

Hazleton fue la primera en su tipo en presentar una ordenanza patrocinada por republicanos que prohibía el alquiler de viviendas a inmigrantes indocumentados.

También cancelaba permisos de operaciones a empresas que contrataran a trabajadores sin permiso de permanencia legal en Estados Unidos.

En 2012 un Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia confirmó una decisión adoptada en 2010 y dictaminó que la ley federal de inmigración tiene predominancia sobre la ordenanza de Hazleton.

Un fallo similar afectó a la ley de Farmers Branch, también patrocinada por republicanos. La medida, además de prohibir el alquiler de viviendas a indocumentados, establecía multas a quienes den empleo a un inmigrante indocumentado.

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La ley de Hazleton hizo huir a miles de hispanos de la ciudad y los negocios que les surtían reportaron una caída mayúscula en las ventas.

La ordenanza de Farmers Branch fue frenada en 2008 poco después de ser aprobada. El juez de distrito, Sam A. Lindsay, impidió que la ciudad hiciera valer una norma que obligaba a los caseros a verificar el estatus migratorio de los inquilinos.

Lindsay argumentó que “no es competencia de las autoridades municipales determinar quién puede o no alquilar o rentar una vivienda”.

También dijo ese año que "los asuntos que tienen que ver con la inmigración son responsabilidad única y exclusiva del gobierno federal" de Estados Unidos.

La decisión de la Corte Suprema pudiera afectar la reciente aprobación, en febrero, de una ordenanza similar en Fremont, Nebraska. Los votantes dijeron sí a una ley que enfrenta la inmigración indocumentada.

La medida se inspiró en la ley de Hazleton de 2006 y, como en ese pueblo de Pensilvania, obliga a quienes renten una vivienda a jurar que tienen permiso para vivir en Estados Unidos.

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