Organizaciones proinmigrantes y estudiantes tomaron esto como un ataque directo contra ellos, pues con una votación de 6 a 1,
la Junta Estatal de Educación de Florida prohibió la matrícula de personas sin estatus migratorio legal en los 28 colegios estatales. Quienes respaldan la medida afirman que los recursos de los contribuyentes deben destinarse exclusivamente a residentes con estatus legal. La decisión afecta de forma directa a los programas públicos de educación en todo el estado.
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