Avanza propuesta en Texas para aumentar castigo por tráfico humano; críticos la consideran antiinmigrante
AUSTIN, Texas.- El proyecto de ley SB 4, que aumenta los años de prisión para casos de tráfico de personas y que críticos acusan que iría contra cualquier persona que transporte a inmigrantes en el estado, avanzó en el Capitolio de Texas.
Las penas llegan a subir hasta los 10 años de prisión, y hay algunas circunstancias en las que contempla que sean al menos 15 años, de acuerdo con el texto propuesto.
La medida está por pasar a que se firme por el gobernador Greg Abbott, de acuerdo con representantes del Caucus Legislativo Mexicano.
Hasta ahora, el gobernador Greg Abbott no se ha pronunciado sobre si firmará la iniciativa o no, pero la seguridad fronteriza ha sido una de sus prioridades para esta Sesión Especial Legislativa.
Otro acto que se incluye en la ley SB 4 es tener operaciones en casas escondite (stash houses, en inglés), donde resguardan inmigrantes de forma clandestina, o hasta armas y drogas.
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¿Por qué acusan a la ley SB 4 de Texas de ser antiinmigrante?
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) criticó a la SB 4, al afirmar que cualquier persona que transporte a algún inmigrante indocumentado ya sea a una cita médica o ayudarle con indicaciones, podría recibir “castigo inflexible y fuerte”, publicaron la semana pasada en la plataforma X.
Además, la ACLU sostiene que estas leyes contra el tráfico de personas “ya sirven como herramientas para el abuso de proceso contra los trabajadores humanitarios”, redactó la unión en un artículo.
En una consulta, un portavoz de la asociación dijo a Univision Austin que, con esta votación, dicha ley entraría en efecto a principios de 2024.
La misma ley menciona algunas provisiones de castigos graves para quienes cometan el tráfico humano, por ejemplo, si es que alguna víctima en la operación resulta abusada sexualmente o recibe fuertes lesiones o hasta la muerte.
A su vez, el Capitolio de Texas también discute la ley HB 6, la cual daría más dinero para la operación, construcción y mantenimiento del muro fronterizo, unos 1,500 millones de dólares, durante esta sesión legislativa especial.