Alguacil del condado de Cobb pone fin al programa de inmigración 287 (g)
Craig Owens, el nuevo alguacil del condado de Cobb puso fin a la colaboración que tenía con autoridades de inmigración a través del Programa 287 (g) como parte del restablecimiento de la confianza entre la oficina de seguridad y la comunidad hispana del condado.
Owens cumplió una de las promesas electorales durante su campaña, eliminar el programa de colaboración con las autoridades de inmigración.
Varios líderes comunitarios, defensores de los derechos de los inmigrantes en Georgia agradecieron la culminación del Programa 287 (g) en el condado de Cobb.
Adelina Nicholls, presidenta de Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR), estuvo presente durante el anuncio del alguacil Owens, al igual que el Padre Jaime Molina quien destacó que durante años ha luchado junto a la comunidad latina por mantener y defender sus derechos.
“Es un día muy especial, en el que le puedo decir a todos que son miles de hermanos que hemos hecho oración caminando, les puedo decir que hoy estamos teniendo el resultado de esa larga espera y de esa oración", dijo Molina quien además agregó que "como inmigrante estoy muy orgulloso de que Dios me haya traído a este lugar, para servir a esta comunidad, un amor a este gran país que no ha dado oportunidades, un gran cariño a este estado que nos ofrece tantas bellezas, un amor a este condado en el que Dios me ha permitido vivir por 22 años y trabajar por esta hermosa comunidad latina que de alguna manera son los responsables de que yo no hable inglés”.
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En 2007, Neil Warren que para ese momento era el alguacil del condado, ingresó a la oficina de seguridad en el programa 287 (g).
El programa es un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, que autoriza a los agentes del alguacil a interrogar a cualquier persona arrestada y detenida sobre su estado migratorio.
Los activistas latinos y los miembros de la comunidad critican el programa por discriminar racial y étnicamente a los latinos y otras personas de color en el condado de Cobb.
Estadísticas oficiales solicitadas al
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por
Noticias 34 revelan que entre 2018 y 2019 el total de personas que fueron entregadas a las autoridades federales por parte de cárceles en el estado se redujo en un 38.7 por ciento.
Crédito: ICE / Archivo
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En total, los oficiales que colaboran con el programa 287(g) al interior de las cárceles de los condados, detectaron y transfirieron la custodia de 4,908 personas en 2019. Una cifra inferior a las 8,011 que habían enviado para su deportación un año antes.
Crédito: ICE / Archivo
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Entre 2014 y 2019, las personas que fueron enviadas a ICE para su deportación debido al programa
sumaron 35,587.
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En 2014, las personas entregadas a ICE mediante el programa
sumaron 7138.
Crédito: ICE / Archivo
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En 2015, las personas entregadas a ICE mediante el programa
sumaron 3748.
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En 2016, las personas entregadas a ICE mediante el programa
sumaron 3000.
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En 2017, las personas entregadas a ICE mediante el programa sumaron
8782.
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En 2018, las personas entregadas a ICE mediante el programa
sumaron 8011.
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Los condados que participaron en el 287(g) en Georgia el año pasado son Bartow, Cobb, Floyd, Gwinnett, Hall y Whitfield. También el sistema penitenciario del estado.
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Como ha ocurrido durante los últimos tres años, Gwinnett fue la jurisdicción con más personas entregadas a ICE, con 2854 en 2019.
Crédito: ICE / Archivo
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Un año antes, transfirió la custodia de 5,026. La reducción total en esa área
fue de un 43.2 por ciento.
Crédito: ICE / Archivo
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La reducción de la cantidad de indocumentados enviados a Inmigración para su deportación se confirma tras meses de controversia por el uso que se hace del programa en las comunidades inmigrantes y la lucha que han librado activistas locales para que los alguaciles ya no renueven su participación.
Crédito: ICE / Archivo
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ICE / Archivo
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El programa 287(g) establece una cooperación entre agencias locales de la ley y el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE. Inmigración capacita a los agentes para que puedan, entre otras cosas, detectar si una persona arrestada por un delito a nivel local y que ha sido fichada, se encuentra de forma indocumentada en el país. Así el oficial puede acelerar el traslado de su custodia al gobierno federal.
