Tanto el presidente Donald Trump como el exvicepresidente Joe Biden han prometido trabajar para lograr una cura para el cáncer, entre sus ofertas para el arranque de la campaña electoral para las elecciones de 2020. Pero el asunto no es tan sencillo, como simplemente ponerlo en un programa de gobierno.
El cierre parcial del gobierno puede afectar a importantes operaciones de salud pública como la retirada de alimentos por contaminaciones, la regulación de cosméticos, las inspecciones rutinarias de instalaciones o las de agua y pesticidas.
A medida que el vínculo entre ambas se vuelve cada vez más claro, también se hacen evidentes los retos de intentar abordarlas de forma simultánea y coordinada.
La administración de Trump intenta dejar sin fondos federales a jurisdicciones que no hagan cumplir las leyes de inmigración, lo que podría afectar planes que abarcan desde esfuerzos para combatir la epidemia de opioides, hasta campañas contra el zika.
El gobierno busca devolver el control a los estados y limitar el gasto anual del gobierno federal, lo que podría poner en riesgo a los 75 millones de adultos y niños que se benefician del programa.
Una investigación de la Universidad de Harvard encontró que las doctoras que trabajan en hospitales redujeron la mortalidad de sus pacientes en los siguientes 30 días, así como los índices de readmisión, en comparación con aquellos que fueron tratados por hombres.
El objetivo de algunos estados es que los médicos lo piensen dos veces antes de prescribir medicamentos altamente adictivos, pero ¿es posible encontrar el equilibrio y recetarlos solo a quienes lo necesiten?