Familia hispana acusada de esclavitud Mexicanos y guatemaltecos los afectados
 |  AFP De ser encontrados culpables, Geovanni y Cesar Navarrete afrontan condenas de más de 200 años de prisión cada uno. |
EFE
18 de Enero de 2008
MIAMI - Seis miembros de una familia latina de Immokalee (localidad
agrícola del centro del estado de Florida) fueron acusados de
esclavizar a inmigrantes mexicanos y guatemaltecos para obligarlos a
trabajar en labores agrícolas, informaron las autoridades
estadounidenses. Papeles falsos
Cesar, Geovanni, Jose, Villhina, Ismael y Michael Navarrete y Antonia Zuniga Vargas están acusados de mantener inmigrantes indocumentados para beneficio comercial, fraude de documentos y robo de identidad.
El anuncio lo hizo la fiscal general asistente de la división de Derechos Civiles, Grace Chung Becker, junto a la directora del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Julie L. Myers, y el fiscal federal para el distrito medio de Florida Robert E. O'Neill, según un comunicado del ICE.
Cesar Navarrete y Geovanni Navarrete -de acuerdo con las autoridades- golpeaban, amenazaban y encerraban a los trabajadores en camiones para obligarlos a trabajar en el campo.
Las autoridades no precisaron la nacionalidad de los acusados.
Cobros ilegales
Asimismo, se les acusa de pagar bajos salarios a los trabajadores, imponerles deudas y maltratarlos físicamente si dejaban su trabajo antes de cancelar las deudas contraídas.
Cesar Navarrete también fue acusado de reingresar a Estados Unidos luego de haber sido convicto de un delito grave y deportado.
José Navarrete e Ismael Michael Navarrete también afrentan cargos por haber ingresado al país luego de su deportación.
De ser encontrados culpables, Geovanni y Cesar Navarrete afrontan condenas de más de 200 años de prisión cada uno.
Antonia Zuniga Vargas y Villhina Navarrete afrentan sentencias de 40 años, mientras que Jose y Michael Navarrete pudieran pasar 42 años en la cárcel.
El tráfico humano se ha convertido en una prioridad del Departamento de Justicia y en los últimos siete años la división de Derechos Civiles junto con el fiscal de Estados Unidos han aumentado el número de casos de tráfico humano procesados judicialmente.
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