El precio de una visa H-2A en Texas

Este proyecto fue realizado con la colaboración de The International Women’s Media Foundation y The Carter Center.

Pablo aguantó casi todo para no perder su visa temporal y su trabajo en una productora de papas en Dalhart, en el Panhandle de Texas. Recuerda claramente un día cuando su jefe, Xavier López Palacios, sin razón, lo golpeó en la pierna tan fuerte que lo dejó cojeando. En otros momentos le lanzó manotones para presionarlo y que trabajara más rápido.

Ese mismo supervisor, a cargo de la bodega, también lo insultó a gritos y lo amenazó con llamar a agentes de inmigración para que lo deportaran; bajo sus órdenes trabajó jornadas de hasta 22 horas continuas y quedaba tan cansado que un día se fracturó la mano con una máquina por accidente. Esa vez, dice Pablo, su jefe —quien negó todas las acusaciones— no le permitió cumplir el reposo que le ordenó el médico.

Pablo no se llama así. Su nombre fue cambiado y algunos detalles personales de su historia fueron obviados para garantizar su seguridad y la de su familia, y para evitar represalias de la empresa en la que trabaja.

Un estudio de la Universidad de Texas, en Austin, calculó que en 2016 hubo en todo el estado aproximadamente 36,970 inmigrantes que trabajaban en el campo en condiciones similares a las de Pablo. A fuerza de descontarles dinero de sus cheques y el cobro de tarifas ilegales, los explotadores quitaron a estos empleados más de 94 millones de dólares de sus salarios.

La cifra de víctimas, analiza el reporte, seguramente es superior pero la mayoría de los afectados, como ocurre con Pablo, no habla del tema. Sufren en silencio, como si nada pasara. Tienen temor de que sus compañeros los delaten y de que aún siendo las víctimas, la policía, el sheriff o un juez revierta la historia en su contra y sin escucharlos los monte en un avión de regreso a la pobreza y el peligro de sus países.

Viven con miedo, como si no tuvieran derechos porque sus visas de trabajo dependen de un empleador abusivo.

“Nunca me dijeron qué iba a tener que aguantar para ganarme ese dinero (...) Tenemos que aguantar todo: el maltrato, los insultos, para el bienestar de nuestras familias y nosotros mismos”, reclama Pablo. “No digo que para vivir súper bien, pero sí para tener un poco mejor a nuestras familias”.

Dalhart es una ciudad pequeña. Tiene poco más de 8,000 habitantes, en su mayoría blancos conservadores seguidos
por hispanos.

Otros trabajadores vienen de zonas dominadas por carteles de la droga y destinan una parte de sus quincenas a pagar cuotas adicionales para proteger a sus allegados en México.

José Ramón Huaracha es hermano de Antonio Huaracha, quien desde diciembre de 2015 es el gerente general de Larsen Farms en Dalhart. Ambos han trabajado en la empresa desde hace más de una década y en 2011, el propio Blaine Larsen los transfirió desde la sede central en Idaho a Texas para que establecieran y operaran la nueva planta.

Además de ellos dos, en la empresa hay más Huarachas contratados: el padre de ambos, que es tractorista; y tres hermanos más, uno encargado de los troques, otro que es operador y en algunas ocasiones trabaja la tierra, y uno más que cumple funciones de soporte y monitoreo en el campo.

Rebecca Guerra, exgerente de Recursos Humanos de Larsen, asegura que en Larsen Farms los Huaracha han instaurado una cultura “corrupta” y de “favoritismo”. Ellos deciden quién puede ser contratado y quién recibe un trato privilegiado. “Tienes que tener el apellido Huaracha para que te acepten o tienes que ser muy conocido de ellos para poder ser alguien”, reclama.

Antonio (el segundo de izquierda a derecha) y José Ramón Huaracha (en el extremo derecho) en una foto familiar. Fuente: anónima.

Ella ejercía un cargo que la mantenía en contacto con los empleados. Conversó con al menos cinco que tenían visas H-2A y fueron aceptados en la empresa bajo los mismos términos que Pablo. En todos los casos, el pago era hecho al mismo supervisor, José Ramón Huaracha. Eran montos entre 1,500 y 4,000 dólares.

Guerra explica que los empleados se reunían con ella fuera de la empresa por miedo a ser descubiertos y sufrir retaliaciones, y ellos le contaban cómo funcionaba el esquema de pago de visas: “Me rogaban que no le dijera a nadie”, asegura. “Quería reportarlo, pero tenía miedo, capaz que él (José Ramón) me metía en problemas o me amenazaba. Por eso nunca dije nada”.

En abril de 2020, Univision informó a la empresa por escrito de las acusaciones contra José Ramón Huaracha recabadas durante ocho meses de investigación y conversaciones con empleados, y solicitó una entrevista. Una semana después de conocer estos señalamientos, el propietario de la empresa viajó a la procesadora de Dalhart y se puso en contacto con Univision.

“Ramón renunció, ya no está en la compañía”, señaló Blaine Larsen durante una entrevista telefónica el 23 de abril de 2020, en la que dijo haber quedado “paralizado” y “molesto” al conocer los detalles de las acusaciones contra uno de sus supervisores en Dalhart.

José Ramón Huaracha explicó en una entrevista con Univision el 24 de abril que desde 2017 era el encargado de elaborar las listas de personas contactadas desde México para trabajar en la empresa bajo el programa de visas H-2A, y además era el supervisor de riego de toda la siembra y del rancho. Anotaba los nombres de los “recomendados” por otros encargados o por el resto de los empleados: “A los que me daban gente les decía: ‘Si esta persona queda mal, no hace buen desempeño, ¿tú estás dispuesto a perder tu trabajo?’. Ellos decían que sí; otros se echaban para atrás”.

Luego, José Ramón Huaracha hablaba por teléfono con los aspirantes. Contó que les decía: “Se ocupa esto y esto, ¿tú cuentas con esas cualidades? Puedes cumplir bien de boca pero no hay como hacer bien el trabajo. Aquí vas a venir a trabajar, yo confío en tu palabra, pero de ahí vas a ganarte un lugar o no”.

Al final, en medio de las acusaciones de empleados y exempleados que lo señalan de estar a la cabeza de la venta de visas en Larsen Farms, José Ramón Huaracha dimitió en una carta escrita a mano que entregó al departamento de Recursos Humanos y de la que, asegura, no guardó copia: “Decía que mi renuncia era porque se estaba hablando injustamente de mí y yo me estaba retirando porque quería estar bien con mi familia”.

Ese mismo día visitó las viviendas de los trabajadores en Larsen Farms acompañado de otros dos supervisores, incluyendo a uno de sus hermanos, para informarles de su renuncia. Según las fuentes consultadas dejó una última amenaza: “Si hablan les va a ir mal”.

José Ramón Huaracha negó haber intimidado a los empleados con aquella frase: “Hablé con la gente y lo que les dije bien claro es: ‘Yo ya voy a dejar de trabajar con Larsen, el por qué me voy de Larsen es porque de mí se están hablando estas razones, so esto no es cierto’”, explicó. “Les dije: ‘Yo yéndome de aquí, ustedes le tienen que echar ganas para que ese puesto siga con ustedes, porque yo ya no voy a estar’”.

El documento explica que los agentes especiales del Departamento del Trabajo a cargo de la investigación entrevistaron entre el 27 de mayo y el 18 de junio a siete empleados y exempleados de la empresa que describieron un esquema de ‘pay to play’ por el que debían pagar a José Ramón Huaracha a modo de “ayuda” entre 1,000 y 1,500 dólares para ser incluidos en la lista de contratados con visas H-2A.

“Se supo que Huaracha, miembros de su familia en México y otras personas de su confianza se acercaban a potenciales trabajadores H-2A en México y a personas que ya trabajaban en Larsen Farms para decirles que debían pagarle a Huaracha para que sus nombres aparecieran en una lista que él controlaba y que era usada por Larsen Farms para patrocinar las visas H-2A de la siguiente temporada”, se lee en la queja, que señala que las víctimas eran escogidas “cuidadosamente” y que los únicos que no debían pagar estas cuotas eran los miembros de su familia.

Un segmento de la primera página de la queja criminal contra José Ramón Huaracha.

La fiscal del Distrito Norte de Texas, Erin Nealey Cox, explicó a Univision que luego Huaracha presionaba a los trabajadores con “mantener los pagos de 1,000 dólares o más en secreto tanto de Larsen Farms como de las autoridades”, lo cual “violó las leyes que rigen el programa
de visas H-2A”.

La exgerente de Recursos Humanos Rebecca Guerra fue una de las entrevistadas por los investigadores del Departamento del Trabajo. Según la queja, les dijo que creía que Huaracha cobraba la mitad de la cuota cuando los potenciales trabajadores aún se encontraban en México y el resto una vez que eran traídos con visas a Estados Unidos.

Otros empleados contaron que ellos y sus familiares pagaron entre 1,000 y 1,200 dólares por ser incluidos en la lista de contratados del supervisor. A uno de ellos, identificado en la demanda como trabajador H-2A número 4, José Ramón Huaracha lo contactó directamente para explicarle en qué consistía el empleo y decirle “que había un acuerdo tácito de que el trabajador H-2A número 4 debía ayudar a José Ramón Huaracha haciéndole un pago de 1,000 dólares”.

“Después se empezaron a quejar la gente (sic): ‘No, pues, nos están cobrando por esto, nos están cobrando por aquello y lo otro’”, recuerda.

“Siempre ha habido ese problema, pero como te digo, no puedo controlar eso. Es algo que tratamos de blindar que no pase, pero I don’t know”, explica Huaracha.

Con aquel precedente y como gerente de la planta en Dalhart desde hace cinco años, aseguró que siempre le pedía a sus empleados de mayor rango —incluyendo a supervisores, como su hermano José Ramón Huaracha— que no cobraran cuotas a los trabajadores. “Porque aparte de que no está bien, nos van a meter en broncas o ustedes se van a terminar yendo al bote, una de dos”, les advertía. “Yo creo que no estamos cobrando, pero como te digo, no estoy seguro”.

Y entonces los contratados vienen desde Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Guanajuato, de donde es Antonio. Él viajó desde allí a Estados Unidos cuando tenía 20 años y como muchos: recomendado por unos primos que ya estaban en la procesadora de papas de Idaho; además vino indocumentado para trabajar y ayudar a su familia en México, igual que José Ramón Huaracha.

Antonio Huaracha reconoció en una entrevista telefónica en abril de 2020 que comenzó a escuchar con más fuerza los rumores directos sobre su hermano seis meses antes de esa llamada. “Hemos traído a gente aquí, a recursos humanos, para preguntarles si han sido partícipes de este tipo de cosas, si les han cobrado por venir a trabajar. Hasta ahorita no hemos tenido suerte con nadie”.

El presidente de la empresa, Blaine Larsen, también había oído este tipo de comentarios “posiblemente desde hace tres a seis años”. Luego resurgieron durante esta primavera. Esa última vez, asegura, intentó confirmar o descartar el rumor entre los empleados: al menos dos personas le hablaron del tema, pero ninguna le presentó evidencias y por eso no les creyó. “Me cuesta mucho determinar quién miente y quién dice la verdad”.

“Me gustaría llegar al fondo de esto (...) He estado investigando. Te puedo dar nombres, como el de una mujer que me dijo que tenía pruebas y nunca me mostró evidencias. Y esto fue hace dos años. Ese rumor ha estado allí”, explicó Larsen. Y aunque no ha logrado acumular pruebas tampoco entiende el temor de los trabajadores para denunciar a José Ramón Huaracha ni la cultura de miedo con la que opera su propia empresa.

“No puedo creer que Ramón le haya tapado los ojos a Antonio de esa manera, creo que Ramón es deshonesto e inmoral, en mi opinión. Para mí, Antonio y Ramón son como la noche y el día”, dijo Larsen al exculpar al gerente general de su empresa.

En distintas ocasiones, Larsen pidió a Univision Noticias que le ayudara a contactar a las fuentes citadas en este reportaje bajo la promesa de que no habría retaliaciones contra quienes le ayudaran explicándole lo que pasa en su empresa.

A José Duarte le hicieron la misma oferta salarial, pero un día uno de sus supervisores se lo llevó al campo, a 30 millas de la planta en Dalhart, y ahí le informó que ya no le pagarían lo que le habían ofrecido, sino menos de 10.50 dólares la hora, una reducción de entre 40 y 50%. Tuvo que renunciar. La empresa nunca reconsideró honrar la oferta inicial. Este caso se resolvió con un acuerdo entre las partes.

Fuera de esta demanda, Univision Noticias conversó con al menos seis personas que aseguran que incluso las idas al baño están limitadas a dos por día. Cuentan también que reciben warnings (amonestaciones) o los mandan a la casa sin pago como castigo por ir a tomar agua durante la jornada, o por querer ir a descansar cuando se acabó el turno pero los supervisores les exigen seguir trabajando; por recibir visitas no autorizadas en la vivienda que les da la empresa o por negarse a cumplir una orden. La mayoría de los entrevistados señaló como responsable de estas denuncias a Xavier López Palacios, encargado de la bodega.

Varios empleados con visas H-2A aseguran que en esas casas en las que viven, son vigilados por personas de confianza de los jefes que sirven de delatores y les cuentan todo lo que hacen los trabajadores cuando no están en las bodegas o en el campo. Por culpa de esa vigilancia es que muchos se ganan amonestaciones.

José Ramón Huaracha negó tener mando sobre esas casas a minutos de la empresa. Dice que a las que están bajo su cuidado iba una vez al mes: “Cada vez que me reportaban que algún empleado no hizo el aseo (...) iba y hablaba con esa persona (para) que se pusiera las pilas, que hiciera lo que tiene que hacer”.

Pablo dice que cuando salen en el autobús de Larsen a hacer la compra en el Walmart más cercano, a más de una hora de las viviendas que están cerca de la empresa, también son castigados si no regresan en el mismo bus tipo escolar.

Ese vehículo es básicamente la única forma que tienen de salir de la vivienda que les da la empresa en un fin de semana cualquiera.

El presidente de la empresa dijo estar “sorprendido” de que existan esa clase de abusos contra los empleados y aseguró que no puede creer que sus supervisores procedan de esa manera.

A mediados de junio, el supervisor Xavier López Palacios fue despedido. Larsen explicó que varios trabajadores lo señalaron de acoso sexual y de obligar a los trabajadores a darle dinero. En una entrevista a finales de abril, el exsupervisor negó estas acusaciones tras ser consultado por Univision: “Eso es totalmente falso”, respondió en su defensa.

El 21 de julio López Palacios fue arrestado y acusado por el gobierno de Estados Unidos de fraude y mal uso de visas, permisos y otros documentos. La acusación criminal explica que tras una auditoría descubrieron que para trabajar usaba una identificación del estado y un número de seguro social falsos. Supieron entonces que su nombre real es Gregorio Fernando López Martínez. Ahora se encuentra en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Amarillo, Texas.

“López Martínez admitió que los había presentado (los documentos falsos) para obtener empleo, que sabía que eran falsificados y que se los había dado un amigo”, se lee en la queja.

En Dalhart no hay activistas contra el tráfico laboral ni organizaciones no gubernamentales que puedan asistir a los migrantes. Tampoco hay oficinas de abogados probono a las que puedan acudir para hacer una simple consulta. La ayuda más cercana de estas organizaciones está en Amarillo, a hora y media de camino en auto hacia el sur. Pero casi nadie sabe a quién llamar o a dónde ir y si lo supieran, no tienen el tiempo para hacer el viaje en medio de tanto trabajo y cansancio.

El Instituto Buffett-McCain para combatir la esclavitud moderna es una de las dos organizaciones que están comenzando a adentrarse en el problema de tráfico laboral en el Panhandle de Texas. Un equipo de unas cuatro personas va directamente a las viviendas y lugares de trabajo de los empleados agrícolas a explicarles sus derechos y escuchar sus preocupaciones. No todos les abren la puerta.

Gonzalo Martínez de Vedia, gerente de programas de la organización, explica que en esta zona las posibilidades de que una denuncia por tráfico laboral acabe con una decisión a favor de la víctima son ínfimas.

En el Panhandle de Texas, dice, las policías locales “no tienen los recursos ni el conocimiento para entender que lo que se está dando cuando alguien denuncia que lo amenazan o fuerzan en el trabajo es un crimen federal”.

En consecuencia, los trabajadores saben que si denuncian, sus explotadores no terminarán encarcelados y ni siquiera acusados.

En la práctica, la falta de confianza de las víctimas en las instituciones se evidencia claramente en las estadísticas de la oficina del sheriff del condado Dallam, donde está Larsen Farms, y en las de la Policía de Dalhart. Ambos aseguran que no tienen ni un solo caso reportado de tráfico laboral.

El sheriff Shane Stevenson, por ejemplo, explica que su oficina solo recibe reportes por robo a casas y negocios o por drogas.

Cuando sus cuatro agentes salen a la calle a patrullar —de noche o de día— atienden una o dos llamadas por esos temas; no por denuncias de trabajo forzado o esclavitud laboral.

“Si alguien es víctima de un crimen queremos estar al tanto. Haremos lo que podamos para ayudarle y si es indocumentado lo trataremos como a cualquier otra persona (...) Nos centraremos en los crímenes que se cometieron en su contra”, asegura Stevenson.

Sin embargo, para ayudarlos necesitarían que al menos uno de sus agentes hablara o entendiera español, pero el único que lo hacía renunció hace unos meses.

Si existiera una acusación contra esa persona por un crimen serio, explica el sheriff, y en el proceso notan que es indocumentado, entonces contactan a ICE y el caso pasa a instancias federales. En este punto el inmigrante podría estar en riesgo de deportación.

“Los trabajadores indocumentados necesitan aprender a confiar en nosotros”, señala Conner, aunque reconoce que existe “una línea muy fina porque no solo estamos encargados de hacer cumplir la ley estatal, sino que también tenemos que cumplir con las leyes federales”.

Eso implica, por ejemplo, que si una persona es víctima de trata laboral y reporta un crimen, la policía le pedirá documentos para verificar su identidad. Si corresponden a otra persona, explicó, pueden solicitar otro papel adicional para constatar la información. Si la víctima no lo entrega, pueden llamar a las autoridades migratorias para que la persona sea procesada por tener documentación falsa. Y así es como el abuso que sufre una víctima queda sin respuesta de parte de las autoridades y el abusado acaba cuestionado por la justicia.

Si la persona no tiene un documento con el que demostrar quién es, entonces también podrían llamar a migración. Cualquiera de las dos opciones son para Conner parte de su trabajo, aunque sabe que con ello hace que sencillamente nadie reporte el abuso que sufre.

Conner asegura que la ley estatal le exige verificar la identidad de la persona y que no hacerlo podría tener consecuencias: “No voy a perder mi trabajo por nadie”.

Melton rebate la postura del jefe de policía al explicar que cuando se trata de víctimas de tráfico, la ley federal e incluso la estatal tiene excepciones para proteger a estas personas y darles un estatus migratorio —una visa para víctimas de crímenes o de tráfico humano— mientras se resuelve el caso, un proceso que puede tomar años.

“El estatus de una persona es irrelevante para mí como fiscal si se está cometiendo un crimen en mi jurisdicción y sé que puedo hacer algo. Mi trabajo es buscar justicia para esa víctima”, dice.

“Considero que están interpretando la ley de forma incorrecta (...) No ven a una víctima de tráfico sino a alguien que entró ilegalmente al país y que por eso deben pasarlo al sistema federal de inmigración”, explica al señalar que este es uno de los retos que se presentaban en su trabajo diario como fiscal en este tipo de casos.

En lugar de señalar a la víctima, dice, deberían tratar de obtener la mayor carga de evidencia posible para determinar si en efecto se cometió un delito, poder iniciar una investigación, formular un caso criminal o civil y así “sacar al traficante de las calles” y evitar que explote a más personas.

Hace meses Pablo estuvo a punto de denunciar los abusos de su supervisor en Larsen Farms, pero el tiempo erosionó sus ganas de hacer justicia. Por encima de todo quiere cuidar su empleo.

Nunca ha hablado de ellos ni con su familia. Y aunque en el consulado de Estados Unidos en México, donde le estamparon la visa, le dieron un papel con sus derechos y le comentaron que podía denunciar, tampoco allí se atrevió a hablar cuando volvió el siguiente año.

Katherine Porterfield, psicóloga clínica del Programa de Sobrevivientes de Tortura de Bellevue/ Universidad de Nueva York, explica que quienes son abusados hasta el límite del trauma “viven en una condición de amenaza de la que sienten que no pueden escapar”, por la que el cuerpo reacciona bloqueando los recuerdos que generan miedo y perdiendo la capacidad de pedir ayuda.

Por eso para ellos es tan difícil contar lo que vivieron —o viven— en medio de una investigación y que en el testimonio no haya fallas o incongruencias: “Esto es lo que hace tan difícil que un sobreviviente hable y que otros entiendan todo lo que a esa víctima le cuesta contar su historia”.

Pablo dice que se siente atrapado en Larsen, sin espacio propio ni libertad de movimiento. Aún así, la oportunidad de tener un salario en dólares le hace pensar que volvería a pagar la ‘cuota’ de su visa para venir a Estados Unidos.

Desde el 19 de abril, cuando renunció José Ramón Huaracha, él y otros empleados dejaron de pagarle la cuota quincenal. Pablo siguió viviendo con temor de perder su trabajo a pesar de la dimisión de Huaracha y de que él y Xavier López Palacios fueron arrestados por agentes federales.

En una audiencia el 29 de julio, un juez ordenó que Huaracha permaneciera detenido a la espera de su juicio.